El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este jueves que el personal de esa entidad estatal intervino un inmueble en la zona de Bajo Sopocachi de la ciudad de La Paz, en el que se montó de manera ilegal una clínica para la atención de pacientes con COVID-19. 

“Atendiendo a una solicitud de la junta de vecinos de Bajo Sopocachi para inspeccionar este inmueble, hemos realizado este operativo junto al Servicio Departamental de Salud y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, a fin de evidenciar esta denuncia respecto a que esta vivienda, ubicada en el pasaje Aramayo, en la zona de Bajo Sopocachi, estuviera funcionando como una clínica Covid-19”, señaló, citado en un boletín institucional.

Tres personas fueron arrestadas en la intervención para que presten su declaración informativa ante el Ministerio Público.

De acuerdo con Silva, el predio tenía la denominación de “Clínica Especializada COVID-19”, y en éste se atendía sin contar con la infraestructura adecuada.

Acotó que en el interior del inmueble se encontró camillas, medicamentos, inyecciones, recibos, recetas y una serie de documentos, “que serían indicios de que evidentemente estaría funcionando como una clínica clandestina”.

En la inspección se detectó, además, que el propietario del inmueble no contaba con la planimetría respectiva del predio y tampoco con la autorización de funcionamiento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

“El dueño, de forma prepotente gritaba que recién está construyendo, asegurando que se está cometiendo un abuso. Sin embargo, la Alcaldía indica que este inmueble no tiene autorización, y menos planos para su funcionamiento como clínica”, sostuvo Silva.

“En ese contexto, se procederá a la acción penal correspondiente. Es una doble falta la que se ha cometido, por un lado, atentado a la salud pública con sanción de 10 años de cárcel, y por construcción ilegal. Eso, la Alcaldía debe ver, por eso nos vamos a apersonar ante el Ministerio Público para coadyuvar con la investigación”, agregó.

Finalmente, mencionó que los vecinos del lugar detectaron movimiento de gente en ese lugar desde la primera ola de la pandemia por el COVID-19, así como el ingreso y la salida de ambulancias, lo que levantó las sospechas sobre la existencia de una irregularidad en sus actividades.

La representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Bolivia, Alma Morales, destacó este jueves las gestiones de la Cámara de Diputados para viabilizar cirugías gratuitas dirigidas a personas de escasos recursos mediante la campaña “Una vida sin cicatrices, una vida sin estigmas”.

“La Comisión de Salud y Educación de la Cámara Baja estuvo muy pendiente de los problemas de salud pública e identificó que existe un sector de la población que está marginado por tener una marcada cicatriz por accidentes de tránsito, por quemaduras, accidente laboral o accidente en el hogar, y que esto lo acoja el Órgano Legislativo es importante”, dijo Morales.

La meta de la campaña es llegar a operar, con apoyo de la Asociación Internacional de Clínica Estética y Reparadora (AICER) y la Universidad Abierta Interamericana, a más de 50 personas por mes para beneficiar a 1.120 esta gestión.

El proyecto de la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados fue presentado este jueves en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como una alternativa a los altos costos que representa una cirugía estética y reconstructiva en el país.

El presidente de la Comisión de Salud y Educación, Adán Palacios Puma, agradeció el compromiso social de la Asociación Internacional de Clínica Estética y Reparadora para realizar las operaciones en beneficio de personas que, a causa de las cicatrices, son víctimas de discriminación.

“Gracias al apoyo de la clínica, se busca realizar cirugías de forma gratuita porque hay gente que no puede pagar estas operaciones. En ese sentido, Bolivia libre, independiente y humano, porque la salud y la educación están al alcance de las y los bolivianos”, dijo.

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El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, instruyó este jueves la reanudación del proceso de selección y designación de fiscales departamentales del país, en el marco de la convocatoria pública externa 001/2021.

El director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, Roberto Almendras, señaló que la decisión fue tomada por el reporte de descenso de contagiados de COVID-19 a nivel nacional.

“De acuerdo con los últimos reportes y ante el descenso de los contagios por Covid–19, el Fiscal General del Estado ha instruido la reanudación del proceso de selección y designación de fiscales departamentales del país, en el marco de la Convocatoria Pública Externa Nº 001/2021”, aseveró, de acuerdo con un boletín institucional.

Según Almendras, la disposición hará que se continúe con las etapas de selección previstas en el reglamento respectivo.

La autoridad judicial recordó que una vez vencido el plazo de presentación de postulaciones, mediante el comunicado Nº 001/2021, se dispuso la pausa del referido proceso debido al incremento de número de contagios por COVID-19.

“Sin embargo, a partir de la fecha se reanuda el mismo con la verificación de los requisitos mínimos habilitantes, para luego proceder a la calificación de méritos de las y los postulantes habilitados”, acotó.

De acuerdo con el Reglamento específico del proceso de selección y designación de fiscales departamentales del Ministerio Público, luego de la verificación de los requisitos mínimos habilitantes, se realizará la prueba escrita de conocimientos y, finalmente, una entrevista personal.

“Se está llevando adelante este proceso de selección bajo una estricta transparencia institucional, con el objetivo de contar con los mejores profesionales para ocupar los cargos de fiscales departamentales en las nueve fiscalías del país”, concluyó Almendras.

La Defensoría del Pueblo condenó este jueves las agresiones sufridas por la periodista Jeruslava Ojeda, de radio Patria Nueva, por parte de activistas políticos en el departamento de Santa Cruz.

Carlos Lara, delegado de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, entrevistado en el programa 180, de radio Patria Nueva, pidió que las autoridades llamadas por ley, como la Fiscalía o la Policía, asuman su rol en la protección de la sociedad.

“En principio, desde la Defensoría del Pueblo se condena estos hechos de violencia, sobre todo en el marco de las agresiones de Jeruslava Ojeda, que sufrió cuando realizaba su trabajo”, sostuvo el representante.

La periodista recibió golpes de puño, insultos, jalones de su ropa y agresiones físicas por un grupo de partidarios de la agrupación ciudadana “Voces”, del municipio de La Guardia.

La Defensoría instó a la Policía al cumplimiento de su mandato constitucional de protección y defensa de la sociedad, y exigió al Ministerio Público iniciar la investigación para establecer responsabilidades y sanciones que correspondan al caso.

Además, se inició acciones de oficio para llevar adelante labores de seguimiento del caso, que fue denunciado por la víctima ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“La institución defensorial reprocha todo acto de violencia y condena enfáticamente estas acciones que eviten el ejercicio de los derechos humanos, por lo cual, nos solidarizamos con la periodista víctima de agresión, ocurrida esta jornada durante el ejercicio de sus funciones. Asimismo, exhortamos a la Policía cumplir su mandato constitucional de protección a los ciudadanos”, dijo Lara.

Recordó que el Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas, establece que los periodistas se encuentran protegidos por normas internacionales de derechos humanos, también se encuentran amparados por nuestra Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta, entre otras, indica un informe contenido en la página de Facebook de la Defensoría.