Los huérfanos, hermanos y madres de las 36 personas asesinadas en Sacaba y Senkata, fueron quienes solicitaron las aprehensiones de los responsables de esos hechos de violencia para que Jeanine Áñez y sus ministros no fuguen del país, den la cara por sus actos y se defiendan con el debido proceso.

Las afirmaciones corresponden a David Inca, activista por los Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, quien representa a las víctimas y sobrevivientes de esas matanzas ocurridas en 2019, durante el régimen de Áñez.

El representante fue consultado este viernes en el programa 180, de radio Patria Nueva, respecto a las órdenes de aprehensión emitidas por la fiscalía en contra de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y sus exministros Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, Fernando López y Rodrigo Guzmán, en el marco de la investigación por el caso golpe de Estado, de 2019.

Al respecto, el representante de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba indicó que “ahora salen estas imputaciones porque justamente nosotros hemos pedido, formalmente por escrito, en un pliego petitorio, (que) de una vez se hagan este tipo de acciones jurídicas, respetando sus derechos humanos”.

“Lo único que pedimos es justicia, no es venganza. Nosotros estamos viniendo aquí a exigir justicia, de las madres, de los papás que han muerto, de los niños que han quedado huérfanos, de los papás que han dejado heridos y que ya no pueden trabajar”, indicó.

Al respecto, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão indicó, días atrás, que una investigación técnica y científica estableció que en esas masacres fueron asesinadas 36 personas, 804 resultaron heridas, y centenares detenidas, perseguidas y torturadas.

Abrão recordó entonces que el Decreto 4078 dio carta blanca para que policías y militares disparen contra la población civil desarmada.

Ese decreto fue firmado por Jeanine Áñez Chávez, Karen Longaric Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo, Roxana Lizarraga Vega, según consta en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Sobre el tema, David Inca saludó la decisión de la Fiscalía de ordenar algunas aprehensiones para que “estas personas no se fuguen y que den la cara por sus actos. Como decía la señora Áñez ‘no me ha temblado la mano para poner orden en el país’; ahora que no le tiemble la mano para defenderse en justicia. Que asuma que ha ordenado matar y que no se vaya con la chicana”.

El representante de los DDHH de El Alto cuestionó la postura de Carlos Mesa, en sentido de que no se viabilizará ningún juicio de responsabilidades a Áñez. Dijo que esa obstaculización permitirá a las víctimas de las masacres acudir a tribunales internacionales.

Sobre las órdenes de aprehensión contra exjefes militares y policiales, Inca dijo que, en las declaraciones previas de los uniformados, todos coincidieron en “encubrirse” entre sí al sostener que no ordenaron disparar y que solo recibieron instrucciones de ministros y de Áñez.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, entregó este viernes lotes de medicamentos y equipos para la atención de pacientes con COVID-19 en los hospitales Santa Bárbara y San Pedro Claver de la ciudad de Sucre, en Chuquisaca.

“Esto es exclusivo para el hospital Santa Bárbara y exclusivo para el hospital San Pedro Claver, los dos hospitales que están haciendo la atención COVID-19”, dijo en un acto público.

Según detalló Auza, el lote de medicamentos fue adquirido con una inversión de más de Bs 3,5 millones.
Los equipos provistos al hospital Santa Bárbara consisten en una central y 11 monitores, cuyo valor supera el millón de bolivianos.

El hospital Pedro Claver recibió un central y nueve monitores, dotación valuada en Bs 1,6 millones, entre otros insumos.

La autoridad gubernamental recordó que la lucha contra el COVID-19 está enmarcada en una estrategia fundamentada en tres pilares: coordinación “estrecha” con gobiernos subnacionales, provisión de pruebas rápidas y gratuitas, y suministro de vacunas.

La ejecución de las actividades estatales programadas permite que el país esté en el registro de una reducción de casos de contagios, complementó.

“Estamos en una franca desescalada de casos (…). Y, tal vez, dentro de aquí a unas pocas semanas podamos decir que hemos vencido la segunda ola de la pandemia”, relievó.

El titular de Salud expresó, por último, su “más profundo reconocimiento” a la mayoría de los trabajadores en salud que tienen un firme compromiso con el bienestar del pueblo.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata en el que concluye que el Gobierno de Jeaniñe Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”

El informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, describe la vulneración de derechos en los hechos violentos que dejaron 37 muertes, 27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona Sur de La Paz.

El informe señala que las 20 muertes en Sacaba y Senkata se constituyen en masacres “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

Otros siete fallecimientos, dos en el norte integrado de Santa Cruz; uno en el municipio de Betanzos; tres en las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, durante la intervención de las fuerzas policiales y personas particulares con la complicidad de la institución del orden; y otro en Sacaba el 11 de noviembre, también están considerados como delitos de lesa humanidad.

Cuestiona la labor de la Policía porque torturó a las personas aprehendidas el 11 de noviembre de 2019 en las zonas de Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de la ciudad de La Paz; en Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villa Adela en El Alto, y trasladadas a los Distritos Policiales 4 y 3, Comando General de la Policía y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la sede de Gobierno.

“La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos”, señala el informe.

El informe fue puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, encubre a los presuntos actores de la masacre de Senkata, registrada en 2019 en la urbe alteña, con un reciente pedido público de defensa a la Policía y de las Fuerzas Armadas (FFAA), denunció este viernes el activista permanente de esa entidad en El Alto, David Inca.

“El comunicado urgente firmado por la Sra. Carvajal, demuestra que su actitud es dolosa, encubre a los presuntos autores de la MASACRE de SENKATA (sic)”, manifiesta el activista en un pronunciamiento en representación de las oficinas de la APDHB de El Alto y Achacachi.

El pedido público de Carvajal fue emitido ayer, jueves, y menciona que “la Policía y las Fuerzas Armadas salieron a defender al pueblo” en los hechos de violencia de 2019.

“La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), representada legalmente por María Amparo Carvajal, convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos a nivel departamental y nacional y toda la sociedad civil en general a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y de las Fuerzas Armadas, pidiendo se respete nuestra Constitución y todas las leyes a favor de estas instituciones”, reza parte del texto firmado por Carvajal.

Según Inca la solicitud mina las bases fundamentales de la APDHB porque “plantea defender a los violadores de los derechos humanos, a los oficiales y suboficiales que ejecutaron el Decreto Supremo 4078, promoviendo abiertamente la impunidad a favor de militares y policías que utilizaron sus armas de guerra contra el pueblo”.

“¿A qué pueblo se refiere la Sra. Carvajal? Presumo que se refiere a pueblo Racista, Xenófobo, Feminicida, Torturador, a ese pueblo que practica Tratos Inhumanos y Degradantes, a ese pueblo que se considera Racialmente Superior (sic)”, acota en el pronunciamiento.

El activista rechaza y condena la actitud de Carvajal, puesto que -en su juicio- demuestra que ella “ya no defiende y promueve los derechos humanos de las víctimas, más por el contrario defiende y promueve la vulneración de los derechos humanos, defiende al victimario, discrimina a la víctima”.

“Menosprecia racialmente a las viudas, huérfanos, madres y esposas que sufrieron el asesinato de un ser amado por bala militar o policial, como también discrimina a los heridos por bala militar y policial”, añade el texto.

El fundador de la APDHB-Chuquisaca recuerda, además, que el comunicado de Carvajal tiene un contenido unísono de argumentos del régimen de Jeanine Áñez y sus ministros Arturo Murillo, Iván Arias y Luis Fernando López, que mencionaban que: “Gracias a Dios no fue disparada ni una bala por un militar o policía”.

El activista pide, en ese contexto, la aplicación del Estatuto Orgánico de la APDHB contra ella porque con su accionar realiza acciones de apología y encubre las vulneración a los pactos y los convenios regionales e internacionales de derechos humanos.