El reporte N° 386 del Ministerio de Salud señala que este lunes se registraron 458 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que 485 pacientes se recuperaron. Santa Cruz no presentó contagios en la jornada.

De acuerdo al informe de esa cartera de Estado, Cochabamba presentó 96 nuevos casos; La Paz, 88; Beni, 90; Tarija, 80; Pando, 51; Chuquisaca, 15; Oruro, 26; y Potosí, 12.

El reporte añade que hay 879 pacientes sospechosos, 37.565 activos y 654.600 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 275.392 casos de COVID-19, de los cuales 225.483 se recuperaron y hubo 12.344 decesos.

Dirigentes de sectores sociales solicitaron este lunes que la Fiscalía investigue a las exministras de Comunicación del régimen de facto, Roxana Lizárraga e Isabel Fernández, por las agresiones a periodistas, por el cierre de medios de difusión y por la muerte del reportero argentino Sebastián Moro.

"Pedimos a la Fiscalía que cite a las exministras Isabel Fernández y Roxana Lizárraga para declarar qué ha pasado con los periodistas, que ha pasado con el periodista argentino, ¿por qué han muerto?, ¿cuáles son los hechos?, ¿por qué han torturado? Esa aclaración queremos que hagan, pedimos justicia", dijo Gregorio Mamani, representante del Comité Cívico de la ciudad de El Alto, en declaraciones a Bolivia Tv.

Durante el golpe de Estado, decenas de periodistas fueron perseguidos y privados de su derecho al trabajo en medios estatales. Ellos fueron sacados de sus fuentes laborales por la fuerza, gracias a los grupos armados que sustentaron al régimen de facto.

Además, varias Radios de los Pueblos Originarios (RPOs) fueron clausuradas por el régimen de Jeanine Áñez. Las oficinas de esos medios fueron desmanteladas y sus equipos saqueados o inutilizados mientras el personal sufrió despidos.

Por si fuera poco, periodistas independientes que buscaban mostrar al mundo las masacres de Senkata y Sacaba, fueron amedrentados y lastimados por las fuerzas policiales, por los propios periodistas de medios tradicionales y por turbas afines al régimen de facto.

Además de ello, el 11 de noviembre de 2019, durante la implementación del golpe de Estado, murió el periodista argentino Sebastián Moro, con politraumatismo y señales claras de haber sido golpeado.

Gabriel Aguirre, secretario General del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por La Paz, presentó en la ONU, la denuncia por la muerte de Moro. “Llamamos la atención sobre el caso del periodista Sebastián Moro, quien murió en extrañas circunstancias y de acuerdo al informe forense se revela que antes de morir fue golpeado y su cuerpo apareció con claros signos de politraumatismos”, señaló ante Naciones Unidas. También responsabilizó “a la Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia” por el hecho, según informó el periódico Página 12, citado en el portal digital Nodal.

Al respecto, el diputado del MAS-IPSP, Juanito Angulo, sostuvo que "muchos periodistas han sido perseguidos solo por informar ante la comunidad. En provincias, han sido cerradas las radios comunitarias y se han detenido a varios periodistas", por lo que esos hechos deben ser investigados y los responsables, sancionados.

La exdiputada Lidia Patty dijo que su demanda contra algunos de los actores del golpe de Estado de 2019 no solo busca justicia para el pueblo boliviano y para las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba, El Pedregal, Montero, Mairana y otros, sino que pretende sentar un precedente para que nunca más se quiebre el orden democrático, se violen los Derechos Humanos y se humille a los más desposeídos.

Patty, quien fue entrevistada en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, es la exlegisladora que presentó una demanda judicial en contra de Jeanine Áñez, algunos de sus exministros y los exjefes de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA), por su participación y responsabilidad en el golpe de Estado de 2019. Las acusaciones son por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

"Lo que busco es justicia para el pueblo boliviano. Yo he visto lo que ha pasado con mis propios ojos", dijo Patty al recordar que, en el régimen de facto, se implantó un periodo de violación, abusos y restricciones a los derechos y libertades.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el régimen de facto, 36 personas murieron violentamente, 804 fueron heridas, miles detenidas, perseguidas y torturadas por participar en manifestaciones de protesta.

Patty insistió que su denuncia no obedece a ninguna instrucción política, sino a un afán de "no dejar en la impunidad" las masacres, de que se apliquen las leyes y así contribuir a que se siente un precedente para que "nunca más" se vulneren los derechos de los más pobres.

Respecto al juicio que le iniciaron los asambleístas de la agrupación política de Luis Fernando Camacho, dijo que ella no tiene miedo y que el proceso impulsado por Juan Carlos Gutiérrez, busca crear un clima de amenaza y amedrentamiento en contra de una mujer sola e indígena.

El dirigente transportista Aurelio Quispe vivió en carne propia las rutinas de tortura y miedo en el penal de Chonchocoro, donde fue detenido sin pruebas tras los conflictos poselectorales de 2019 en La Paz.

“Cuando me llevaron allá, me enmanillaron como a un delincuente. Me pegaron a modo de bienvenida”, denuncia en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Recuerda que el 10 de noviembre se encontraba en una reunión con los afiliados de su sindicato en la zona de Chasquipampa. Ese día, las calles de la ciudad de La Paz se convirtieron en escenarios de conflicto horas después de que Evo Morales renunció a la Presidencia a causa del denunciado golpe de Estado.

Después de los hechos, fue buscado, aprehendido en su sindicato junto a su compañero y luego enviado a Chonchocoro, acusado de ser cabecilla de la quema de los buses municipales en la zona. 

“La justicia en ese entonces creo que estaba a favor de la expresidenta (Jeanine Áñez), porque parecía que a sus órdenes y al que miraba era detenido directamente. Dos compañeros fuimos detenidos sin prueba alguna. Los fiscales solamente han dicho que había suficientes evidencias”, cuestiona.

Cuando llegó a Chonchocoro, se le acercó un grupo de policías y uno le dijo: “Esta noche, es tu fiesta”. Eran, aproximadamente, las 19.00. Lo llevaron al sector de la cancha de tierra del centro penitenciario. Le pidieron que se desvista; pero, por oponerse, lo torturaron hasta que perdió la conciencia. “Dije: es una tortura en vivo”, comenta.

“No quise, me toletearon. Tuve que desvestirme. Me decían: ‘Ahora sí, grita guerra civil’. Como estaba pelado, comencé a trotar y hacía frío. Me echaron con agua fría y ya no podía trotar, me gasificaban y otra vez con agua me echaban. Aguanté una hora. Era gas y agua, era inhumano. Ya no podía andar y lo único que hacía era caerme y llorar”, recordó.

Sufrió esa rutina por dos semanas, hasta que sus compañeros del sindicato lo ayudaron para que fuera trasladado a una nueva sección. Hoy, a casi dos años de los hechos, las cicatrices en sus pies y rodillas son testimonio de lo vivido. Reclama justicia. Las acusaciones en su contra provocaron que venda su vehículo para pagar su defensa en el proceso judicial y, además, pierda a su familia.

“Me detuvieron sólo por ser dirigente. Era dirigente del sindicato 14 de Septiembre de Chasquipampa (…). Desde esa fecha, me vienen acusando como si yo hubiera incitado a la quema de los PumaKatari”, dice y añade: “No tuvimos la oportunidad de decir la verdad”.