El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Ramiro Narváez, informó la noche de este martes que el departamento de La Paz cuenta con 91.185 vacunas para la lucha contra el COVID-19.

“Hemos recibido las vacunas correspondientes. De las 1.790 que recibimos (en enero) de las Sputnik V, se han utilizado el 100 por ciento, incluso más, porque se optimizó estas vacunas. De 132.633 (recibidas en febrero), estamos al 93 por ciento y tenemos un remanente de 9.116. En esta última semana, nos llegaron 37.619 vacunas Sinopharm y 44.450 de AstraZeneca, lo que hace un total de 82.069 vacunas, más las 9.116 sobrantes, son 91.185 vacunas”, informó en entrevista con el programa Primer Plano de Bolivia TV.

Explicó que el plan es, en una primera fase, la inmunización de 55.650 personas mayores de 80 años, por lo que se requiere, por lo menos, 110.000 vacunas para la primera y segunda vacunación. Indicó que se tiene planificado trabajar en eso esta semana.

Luego, se procederá con la población de 70 a 79 años, proceso que está condicionado por la llegada de inmunizantes, debido a que se estima cubrir a 105.000 personas. Se necesitan 210.000 vacunas.

Para las dos últimas semanas del mes, se prevé vacunar a las personas de 60 a 69 años, que es la población más numerosa con 190.000 habitantes, para lo cual se necesita un lote de 280.000 inmunizantes.

El reporte N° 387 del Ministerio de Salud señala que este martes se registraron 1.072 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que 1.073 pacientes se recuperaron.

De acuerdo al informe de esa cartera de Estado, Santa Cruz es el departamento con mayor número de contagios, con 553 casos. Cochabamba presentó 95; La Paz, 54; Beni, 127; Tarija, 104; Pando, 59; Chuquisaca, 26; Oruro, 32; y Potosí, 22.

El reporte añade que hay 1.336 pacientes sospechosos, 37.737 activos y 666.449 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 276.890 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 226.787 se recuperaron y hubo 12.366 decesos.

Rodrigo Calisaya sobrevivió a la denominada masacre de Senkata en 2019, durante el régimen de Jeanine Áñez. Después de ser herido en el conflicto a sus 19 años, tuvo que evitar la atención médica oportuna por temor a ser confundido y perder su libertad. Hoy, pide justicia y dar con todos los responsables de los hechos.

El 19 de noviembre de 2019, la zona de Senkata en El Alto se convirtió en un escenario de tensión. Ese día, 10 civiles perdieron la vida y 31 quedaron heridos a causa de un operativo conjunto entre policías y militares que ejecutaron una represión contra personas que protestaban y transeúntes que solo pasaban por el lugar.

El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 permitió la participación de las FFAA en apoyo a la Policía Boliviana ante protestas que cuestionaban el régimen de Áñez. La norma establecía que los militares que participen en operativos estarán exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas de guerra.

“Después de que me hirieron, no pude ir al hospital. Fui una semana después, porque tenía miedo. Nos decían que herido que no era tan grave se lo llevaban. Por ese motivo, no fui. Una semana estaba botado en mi cama y fui porque ya no soportaba los dolores”, dijo en entrevista en el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Rodrigo Calisaya es vecino de Senkata y en la jornada de los hechos fue hasta el lugar del conflicto por temor a que uno de sus familiares esté entre los muertos por disparos de bala que alarmaban a la zona. Recibió dos impactos de balín en su rodilla y en su muslo que provocaron heridas profundas sin ser parte de los conflictos.

Hoy, lamenta que a consecuencia de las heridas provocadas por los balines haya destinado ahorros familiares para su curación y generado deudas económicas, pero todo el dinero destinado no fue suficiente. Su rodilla quedó dañada de por vida.

“Que se haga justicia. Todos los que hicieron este daño tienen que pagar. No voy a ser un joven normal. Ya no puedo hacer las cosas que me gustaban”, reclama.

Álvaro Chuquimia, ejecutivo de las juventudes de las 20 provincias del departamento de La Paz, informó que declararon estado de emergencia ante la intención de algunos supuestos activistas que solicitan que se libere al jefe del grupo irregular denominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina.

“Cómo es posible que quieran liberar a un delincuente, eso nosotros, como juventudes, no lo vamos a permitir, porque este señor ha hecho mucho daño a nuestro país, recuerden cómo ha pateado a nuestras hermanas mujeres de pollera, no les permitían circular en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba, eso es discriminación”, recordó.

Chuquimia cuestionó el accionar de algunos operadores de justicia que, en una primera instancia, determinaron liberar a Molina. “Este señor tiene que rendir cuentas a la justicia, parece que a veces la justicia tiene miedo en nuestro país, pero debe de actuar en el marco de la ley”, manifestó.

Asimismo, recordó también los múltiples atentados perpetrados por Molina y su grupo irregular en contra de instituciones del Estado, la portación de armas de fuego y el causar zozobra en la población cochabambina.

“También han instigado a la quema de instituciones, son los primeros responsables del golpe de Estado, por eso nosotros, como juventudes, estamos en estado de emergencia y no vamos a permitir que suelten a Yassir Molina”, ratificó.