El reporte N° 402 del Ministerio de Salud señala que este miércoles se registraron 1.386 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que 1.227 pacientes se recuperaron.

De acuerdo al informe de esa cartera de Estado, Santa Cruz es el departamento con mayor número de contagios, con 664 casos. La Paz presentó 124, Cochabamba, 274; Beni, 53; Tarija, 101; Pando, 26; Chuquisaca, 55; Oruro, 59; y Potosí, 30.

El reporte añade que hay 2.260 pacientes sospechosos, 38.767 activos y 786.867 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 293.061 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 241.563 se recuperaron y hubo 12.731 decesos.

El 1 de mayo de 2020, durante las secuelas del golpe de Estado, fue detenida de manera ilegal la funcionaria municipal Savina Villca Cochi, quien salió a la calle para cumplir una tarea encomendada por la Alcaldía de El Alto, entidad que no la defendió durante su calvario de seis meses de encarcelamiento y maltratos, denunció su esposo, Raúl Quispe.

El cónyuge fue entrevistado este miércoles en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

Relató que Savina Villca, de 56 años, recibió la instrucción de sus jefes para acudir a la Alcaldía de El Alto a entregar productos a los trabajadores. Al retornar a su hogar, en inmediaciones de la carretera a Oruro, fue detenida de forma ilegal por la Policía.

Tras sufrir malos tratos, fue enviada a la cárcel de mujeres de Obrajes donde permaneció seis meses. En varias ocasiones no se permitió que sus familiares le lleven alimentos.

Los familiares recurrieron a su trabajo, es decir a la Alcaldía de El Alto, para que ayude en su liberación y otorgue las certificaciones laborales que coadyuven a conseguir la libertad. Sin embargo, el municipio no colaboró en nada y tampoco brindó apoyo legal, relató Quispe.

Dijo que su esposa perdió su fuente laboral y sufrió el decomiso de su celular. Ahora está arraigada, es decir que no puede salir del país y tiene aún un proceso judicial en su contra, lo que le impide conseguir trabajo.

Por ello, Quispe pide justicia y que se levanten las medidas restrictivas a su esposa, quien fue detenida de forma ilegal e injusta.

Además, la familia quedó "endeudada hasta el cuello" debido a que contrató a abogados, incluso uno de ellos los estafó, dijo el esposo de la afectada.

"Pido que se sentencie a Jeanine Áñez, que se haga justicia (…). Ahora tengo un trauma, veo policías y tengo miedo", manifestó Lidia Mamani este miércoles en contacto con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales, que se difunde por Bolivia Tv.

Entre lágrimas, la entrevistada recordó que el 1 de mayo de 2020 fue detenida y golpeada por cuatro policías a la altura del puente Vela en la ciudad de El Alto, donde había bloqueos. El grupo de efectivos la interceptó sin motivo mientras esperaba a su esposo en la puerta de una farmacia. 

"Me agarraron del cabello, me trataron de lo peor", recordó. Luego de un profundo suspiro, continuó y dijo que luego fue trasladada hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto y posteriormente a la cárcel de Obrajes, donde estuvo encerrada por tres meses, injustamente.

"Antes de encarcelarme. Me quitaron mi cartera, dentro estaba el bono de mi hijo y el dinero que gané vendiendo. Al ver la plata, los policías me gritaban: ‘Vos eres dirigente pagada, delincuente’. Llorando les respondía que no era cierto y les suplicaba que no me quieten", contó.

Para que obtenga su libertad, sus familiares tuvieron que pagar alrededor de $us 3.000 a un abogado. Tras salir del centro penitenciario no sólo se encontró con esta deuda, sino también con el alquiler de la casa donde vive. 

Las agresiones de los policías y la cárcel le generaron un fuerte trauma, tanto que ahora hasta teme salir a las calles; sin embargo, sus tres hijos le llenan de valor para superar el pasado y salir adelante.  Ante esa situación, Lidia imploró justicia y pidió apoyo con víveres para su hogar.

Eliseo Torrez fue a recoger a su esposa que vendía pescado en el sector de puente Vela de la ciudad de El Alto, actividad que ayudaba a solventar en algo de los gastos de la familia en plena pandemia, cuando la policía comenzó a gasificar y todos escaparon. Él fue confundido y detenido, ahí comenzó su calvario de insultos, golpes y torturas.

“Nos llevaron a la FELCC y me encerraron en una celda de dos por dos con quince personas sin tener espacio para dormir ni sentarse, todo el tiempo nos golpeaban, nos decían malas palabras, indios de m.., salvajes, masistas, ¿a qué han salido?, ¿ahora quién les va a sacar?", relató.

Luego de tres días sin recibir alimento ni atención médica, fue a su audiencia donde determinaron su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, sin prueba alguna.

“En la cárcel me cobraban por todo, incluso engañaron a mi esposa con 500 bolivianos y todo el tiempo le pedían plata y cinco bolivianos para recibir una bolsita de comida, monto de dinero que día a día se sumaba”, testimonió Eliseo.

Tras dos meses de detención, obligaron a todos los detenidos a firmar un documento y someterse a un proceso abreviado para lo cual se prestó dinero.

“Yo no pensé pasar eso, la Fiscalía me acusó de masista, ahora estoy arraigado con tres años de sentencia, quiero que se anule, yo iba a Chile a procesar tomates, me ganaba poquito más, ahora no puedo ni salir, no hay recursos económicos para sustentarnos, cinco hijos tengo. Pido que quiten mis antecedentes y resarzan los gastos que hice", solicitó en entrevista en el Programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.