Rubén Fernández estaba a punto de subir a un minibús en La Paz para retornar a su vivienda de El Alto, fue rodeado por motocicletas y camionetas de la Policía y, junto a él, otras personas que también subían al vehículo de transporte público ese 13 de septiembre de 2019 en la avenida Pando.

“De la nada, todos los que estábamos subiendo al minibús fuimos agarrados. A las mujeres, sin compasión las tomaron del cabello y las subieron a la camioneta”, relata Fernández en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Un día antes, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia y aplicó un régimen con hechos de violencia como las masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto.

El 13 de septiembre, cuando Rubén Fernández era interceptado por los policías, el centro de la ciudad de La Paz era escenario de un operativo ejecutado por contingentes antimotines contra movilizaciones de quienes cuestionaban el régimen de Añez y reclamaban respeto a la decisión del pueblo en las urnas.

En noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo público un informe preliminar en el que cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales cuando aún continuaba el conteo de votos. Esa situación provocó, en esa gestión, movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y el 10 de noviembre la salida de Evo Morales del Gobierno, quien denunció el golpe de Estado.

Rubén Fernández y las personas que fueron interceptadas antes de subir al minibús fueron trasladas hasta oficinas de la Policía. Durante el trayecto eran gasificados y puestos boca abajo en la camioneta que los transportaba para que no descubrieran la ruta. Sin prueba alguna, fueron acusados de ser subversivos. Al llegar a la infraestructura de la Policía en la calle Sucre, les revisaron los celulares para saber si había algún elemento que los vincule al Movimiento Al Socialismo, los obligaron a desvestirse y los golpearon constantemente.

“No podía pararme, todo mi cuerpo estába moreteado. Estaba totalmente lastimado. Venían distintos policías, te golpeaban y torturaban sin compasión”, relata.

La tortura duró casi semana y media. Su familia desconocía su paradero, pero la delegada defensorial, Teresa Subieta, lo ayudó a retornar a su hogar. “Quiero justicia, uno sueña, recuerda y duele mucho”, reclama Rubén Fernández.

"Por culpa de Jeanine Áñez me encarcelaron y me separaron de mis wawas. Pido justicia", expresó Lidia Mamani Mamani este jueves, en contacto con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales, que se difunde por Bolivia Tv.

La entrevistada relató que un grupo de policías la detuvo sin motivo, durante el gobierno de facto, en la ciudad de El Alto. Hasta ahora no logra entender por qué los efectivos la interceptaron y la agredieron física y psicológicamente. 

"Salí a darle de comer a mi perrito. De repente, los policías me agarraron y me dijeron '¿por qué estás andando?', '¿por qué estás marchando?'. Me detuvieron, me insultaron", recordó entre lágrimas.   

Tras ser arrestada fue trasladada al Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, en La Paz, donde no tenía hambre ni sueño a causa de la pena que sentía por sus hijos, quienes se habían quedado desamparados. 

Lidia logró salir de la cárcel con la ayuda de sus familiares. Luego de dejar las rejas, sufrió la muerte de su esposo y su madre, quienes tenían un papel fundamental en su hogar. Ahora que ellos fallecieron, solamente ella está a cargo de sus hijos, quienes aún son pequeños.

"Jeanine Áñez, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho son los responsables de que muchas personas hayamos sufrido injustamente en la cárcel", manifestó y pidió justicia no sólo para las víctimas de la masacre en Senkata (El Alto), sino también de Sacaba (Cochabamba).

Francisco Osco fue detenido el 1 de mayo de 2020 por el sector de Puente Vela de la ciudad de El Alto. Ese día pensó en salir a comprar algo aprovechando el número de la terminación de su carnet, lo que le permitía circular. Nunca pensó que se encontraría con un operativo policial de desbloqueo y detenido tras ser acusado de dirigente masista. 

"'Masistas de m… ¿cuánto les ha pagado Evo?, masistas ahora si (Jeanine) Áñez va gobernar ahora así que de aquí van a salir muertos', nos decían”, relató.

Con la nariz rota y todo el rostro ensangrentado, Osco fue trasladado a la FELCC, donde tuvo que pasar la noche junto a otras 19 personas en una celda de dos por dos. Al día siguiente fueron trasladados a su audiencia donde se determinó su traslado al penal de San Pedro.

“En San Pedro los policías nos estaban esperando en la segunda puerta, antes que demos un paso adentro ya nos agarraron a patadas; a mis compañeros los trasladaron a otra parte y solo los escuchaba gritar”, testimonió.

Él fue trasladado en dos oportunidades a El Alto para luego retornar definitivamente a San Pedro, dónde por haber sido confundido con un dirigente de MAS, fue golpeado hasta que lo dieron por muerto.

"Como les decía ¿no sé si le pagaron a alguien, no sé si Áñez les pago o quién? pero me pegaron entre cinco con palos hasta que me dieron por muerto y me botaron en el sector que le llaman la Muralla. De ahí me recuperé, no podía caminar y estuve así varias semanas”, relató entrevistado por el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Lamentó entre lágrimas haber llegado a esa situación que generó daño a su esposa y sus siete hijos, que después de los cinco meses de detención, incluso no lo reconocieron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos) celebraron la entrada en vigor del acuerdo ambiental de Escazú, coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra.

Hoy, entró en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente.

“La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo”, se lee en parte de un comunicado difundido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En América Latina, se produce un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

“La CIDH y ONU Derechos Humanos destacan el rol esencial de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y en el desarrollo sostenible y llaman a los Estados a proteger su labor”, añade el comunicado.

El manejo de la pandemia por COVID-19 derivó en la limitación al derecho a la participación de las personas defensoras de derechos humanos, incluidos activistas ambientales, así como al acceso efectivo a la información y a la justicia.

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscrito por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.