El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, señaló este martes que no se descarta el inicio de procesos penales contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y la empresa de aseo urbano La Paz Limpia (LPL) por el no recojo de basura por cinco días, poniendo en peligro la salud pública.

“No descartamos el inicio de procesos penales contra el alcalde Revilla y la empresa La Paz Limpia por el no recojo de los residuos sólidos en la urbe paceña, tras el paro que llevan adelante los trabajadores a los que se les adeuda, que es de aproximadamente cuatro meses de salarios”, dijo durante una entrevista.

La autoridad indicó que, en el contexto de pandemia por el coronavirus, la acumulación de basura genera focos de infección y se convierte en un atentado contra la salud pública.

Asimismo, recordó que por el pago que hace la ciudadanía mediante la boleta de luz se debería garantizar el servicio.

“No puede haber excusas de que no están pagando impuestos, o que el Gobierno no está transfiriendo los recursos, lo que tiene que hacer el Alcalde, simplemente, es no malversar los fondos de los paceños y pagar a la empresa lo que los paceños estamos pagando por este servicio”, enfatizó.

El Gobierno Municipal de La Paz y la empresa de aseo llegaron a un acuerdo el lunes para reanudar los trabajos de limpieza de la urbe paceña que, por cinco días, quedó sin el servicio por el paro de los trabajadores que demandaban el pago de sus salarios adeudados por cuatro meses.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó este martes que en los ocho centros de vacunación masiva, instalados en La Paz y El Alto, para el plan piloto se tiene prevista la utilización de 800 dosis, es decir 6.400 vacunas diarias, las cuales se incrementarán si es necesario.

“Son 800 dosis por punto que queremos aplicar. Queremos evitar la congestión, queremos evitar que nuestros ancianos estén amaneciendo esperando toda la noche su vacuna, queremos establecer mecanismos que nos permitan ejecutar lo que tenemos planificado, pero llevándolo a la realidad”, dijo Auza a Unitel.

Indicó que durante la prueba piloto se aplicarán 30 mil vacunas y se espera determinar cuáles son las acciones o ajustes que se deben realizar al inicio de la vacunación masiva en el país.

La autoridad indicó que la actividad ya se realizó en los departamentos de Oruro y Chuquisaca, pero se realizará de manera más contundente en la Sede de Gobierno para, posteriormente, replicarlos en todos los demás departamentos a través del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz y las universidades.

Auza agregó que el Gobierno distribuyó poco más de un millón de vacunas y que solo se ha aplicado un poco más del 50%, por lo cual se debe tomar ese tipo de acciones para tomar mecanismos necesarios e ir acelerando la capacidad de vacunación.

La cifra de contagios de COVID-19 en el país ascendió a 1.119 este lunes, 645 más casos de los reportados el domingo. Los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 1.040.

De acuerdo al Reporte N° 407 del Ministerio de Salud y Deportes, Santa Cruz es el departamento con mayor número de contagios, con 551 casos. Cochabamba presentó 184; La Paz, 43; Beni, 76; Tarija, 124; Pando, 26; Chuquisaca, 34; Oruro, 64; y Potosí, 17.

El reporte añade que hay 1.626 pacientes sospechosos, 39.244 activos y 821.050 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 298.778 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 246.673 se recuperaron y hubo 12.861 decesos.

"Los jóvenes nos hemos movilizado porque no queríamos volver a vivir tiempos de Gonzalo Sánchez de Lozada (…)", relató Santos Américo Condori, este lunes, en contacto con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales, que se difunde por Bolivia Tv. 

El entrevistado contó que en noviembre de 2019 se sumó a una vigilia en predios del Aeropuerto Internacional de El Alto, donde se defendía la "verdadera" democracia, se repudiaba la discriminación a la mujer de pollera y se rechazaba la quema de la Wiphala.  

"Estábamos haciendo vigilia para que el señor (Luis Fernando) Camacho no venga a La Paz a provocar más masacre y asesinatos (…). Es muy triste lo que pasó con las personas que nos movilizábamos aquella vez", recordó el joven.  

Luego de un profundo suspiro, añadió que un grupo de policías lo gasificó, lo arrestó y lo golpeó hasta dejarle la chamarra chorreando de sangre; sin embargo, le dejó libre gracias a que una periodista de un medio de comunicación extranjero registró este hecho. 

Inconsciente y herido, Santos retornó caminando a su casa en El Alto, donde su madre lloró y casi se desmaya al verlo desfallecido por los brutales golpes que le propinaron los efectivos del verde olivo. 

"Al día siguiente, fui al hospital para que me curen, pero no me quería entender. Volví a mi casa y fue mi mamá quien sanó mis heridas con fomentos", agregó Santos, quien exclamó justicia para todas las personas amedrentadas física y psicológicamente en las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Sacaba).