"Las Fuerzas Armadas (FFAA) salieron a matar a ciudadanos bolivianos" durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, exclamó Sergio Veizaga Arteaga, este martes, en contacto con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales, que se difunde por Bolivia Tv.   

Entre lágrimas, Sergio recordó que entre octubre y noviembre de 2019, grupos afines al gobierno de facto quemaron las casas de su barrio y amedrentaron a las personas que pedían respeto al trabajo y al voto en el área rural. 

"Los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista fueron a atacar al barrio durante cuatro días, tenían el objetivo de que haya heridos y muertos para victimizarse y obligar a renunciar a Evo Morales", manifestó. 

La Policía y las Fuerzas Armadas también reprimieron a los vecinos de Cofadena, con golpes y armamentos. Entre las centenas de personas heridas estaba Sergio, quien fue baleado en los brazos y en las piernas.

"Me auxilió un amigo médico en su domicilio. Esa vez, los galenos que atendían en clínicas privadas no querían ayudar a las personas que estaba heridas, porque pensaban que eran terroristas", lamentó Veizaga. 

El impacto de la bala le dejó secuelas en una pierna y ahora necesita una intervención quirúrgica. Ante esto, el joven pidió justicia no sólo para él sino también para las víctimas de su barrio, de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

Cofadena es un barrio que está localizado en el municipio de Montero, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, donde hubo muertos y heridos tras las elecciones generales de octubre de 2019.

Carmela Salgueiro, madre de un joven que fue torturado y detenido en la ciudad de El Alto, exigió este martes que se haga justicia por la vulneración de sus derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019.

“Derechos humanos no ha habido”, recalcó en una entrevista en el programa “Somos Democracia” de Bolivia TV.

La entrevistada recordó que su hijo Enzo P.S. fue capturado el 11 de noviembre de 2019 en inmediaciones la avenida del Policía, donde llegó para buscar comida luego de trabajar en una estación de servicio que vendía gasolina.

Mencionó que un grupo de vecinos retuvo al joven bajo la sospecha de que les grababa con su celular y luego lo entregó a policías de civil que lo llevaron al Regimiento Nro. 3.

“Y ahí le han torturado, le han pegado. Lo maltrataron”, aseveró.

La mujer dijo que encontró a su hijo un día después en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la ciudad de La Paz, luego de que lo sacaron de un hospital al que llegó por la golpiza que recibió en celdas policiales.

El joven fue enviado a la cárcel pública cuatro días después por la supuesta comisión de los delitos de sedición y robo agravado, entre otros, añadió.

En ese contexto, Salgueiro mencionó que el joven salió con detención domiciliaria en febrero de 2020 pero, por lo sucedido, quedó con secuelas psicológicas que no le dejan vivir de manera normal.

“Hoy en día, él está traumado, está medio atontado. Él sufre mucho, no puede dormir”, acotó.

La mujer lamentó que su hijo quedó con sus sueños truncados, sin trabajo, un dolor profundo “y un quiebre total” como resultado colateral de lo acontecido durante el golpe de Estado de 2019.

El director técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Ramiro Narváez, dijo este martes que la primera jornada del plan piloto de vacunación masiva contra el COVID-19 en las ciudades de La Paz y El Alto transcurrió a la “altura del trabajo que se ha desarrollado”.

“En esta primera jornada creo que todo ha estado a la altura del trabajo que se ha desarrollado”, manifestó a los periodistas.

La autoridad departamental recordó que se contó con el empleo de la vacuna rusa Sputnik V en ocho puntos de inmunización para personas mayores de 60 años y el apoyo de refrigeradores que garantizaron una cadena de frío de -18 grados centígrados.

Asimismo, destacó el respaldo de personal de las universidades Mayor de San Andrés y Pública de El Alto, así como de la Escuela Militar de Ingeniería.

“Además nuestro Programa Ampliado de Inmunizaciones departamental ha hecho un trabajo magnífico”, agregó.

El titular departamental del SEDES mencionó que el trabajo continuará durante los próximos cinco días con más de 30.000 vacunas disponibles.

“Esto es un camino sin retorno hasta lograr la vacunación del 70 por ciento de la población”, agregó.

Finalmente, Narváez recordó que las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V contarán con la segunda en un plazo de 21 días.

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Pilar Díaz Berríos, informó este martes que el Ministerio Público atendió 14.160 casos de delitos relacionados con la Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y 1.856 reportes de trata y tráfico de personas, entre el 1 de enero y el 25 de abril de 2021.

En cuanto a los casos de violencia, explicó que 11.631 corresponden a agresiones familiares o domésticas.

“Lamentablemente seguimos teniendo un incremento en cuanto a las denuncias de violencia familiar ya que de los 14.160 casos, 11.631 corresponden al delito de Violencia Familiar o Doméstica, 685 Violación, 656 Abuso Sexual, 561 Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, 453 casos de Estupro y 174 casos atendidos por otros delitos inmersos en la Ley Nº 348", manifestó, citada en un boletín institucional.

De acuerdo con los datos registrados en el Sistema Informático JL.1 del Ministerio Público, el departamento con mayor incidencia es Santa Cruz con 5.376 casos, y le siguen La Paz con 2.611, Cochabamba con 2.102, Tarija con 1.273, Potosí con 1.008, Chuquisaca con 744, Beni con 519, Oruro con 399 y Pando con 128 casos.

“Con los nuevos instructivos que ha emitido el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, se está cambiando la forma de investigar estos hechos a efectos de obtener mejores resultados y obtener la resolución de estas causas con prontitud bajo el principio de celeridad”, sostuvo.

Con relación a los delitos de trata y tráfico de personas, Díaz recomendó a los padres de familia velar por la seguridad de sus hijos durante el uso de las redes sociales para que eviten interactuar con extraños que usan esos medios tecnológicos para captar a sus víctimas.

“La Fiscalía especializada de trata y tráfico de Personas investiga estos hechos en permanente coordinación con la Policía. Pedimos a los padres de familia que eviten que sus hijos tengan interacción con extraños, no les envíen fotografías ni datos personales por medio de las redes sociales”, subrayó.