El Ministerio de Salud y Deportes y la Fundación Ciudad Humana, en una alianza estratégica, pusieron en marcha este miércoles la campaña “Salud a un paso”, que tiene el objetivo de brindar atención integral y gratuita a la población en ferias barriales. Se iniciará el próximo sábado en el municipio de Mecapaca. 

“Como Ministerio de Salud es vital este tipo de alianzas estratégicas para que toda nuestra población del área urbana y rural esté presente en estas campañas, que no solo serán en el departamento de La Paz, sino a nivel nacional”, dijo la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud (SUS), Alejandra Hidalgo, citada en un boletín de esa Cartera de Estado.
La autoridad realizó un contacto vía Zoom desde el Hospital EL Alto Sur, donde se recupera de COVID-19; pero continúa realizando su trabajo.

Hidalgo expresó que, con el trabajo junto a la Fundación que realizó gestiones para contar con el apoyo de la Iglesia de los Santos de los Últimos días e instituciones como el Instituto de Oftalmología, se llegará a un mayor número de la población con atenciones en diferentes especialidades médicas. 

Por su parte el presidente de la Fundación Ciudad Humana, César Dockweiler, explicó que el programa “Salud a un paso” tiene tres proyectos enfocados en ferias en los municipios y distritos, consultorios en los barrios y salud virtual o telesalud, y es parte de una iniciativa que busca atender las necesidades que tiene la población que no cuenta con una atención médica oportuna. 

“El primer proyecto es el que estamos arrancando este sábado con la Feria de Salud en Mecapaca desde las 08.30 a las 14.30, donde vamos a tener diferentes servicios de salud, Pediatría, Odontología, Oftalmología, Alergología y otros servicios más para que las familias puedan acercarse y hacer su chequeo integral”, detalló.

Dockweiler indicó que se incorporaron médicos voluntarios que se sumarán a los del Ministerio de Salud y los del Instituto de Oftalmología.

Por su parte, el alcalde de Mecapaca, Enrique de la Cruz, aseguró la participación de su población y comprometió el apoyo en la parte logística de su municipio.

“Vamos a estar alertas, ya estamos organizados a nivel nacional para poder hacer la defensa de nuestro proceso de cambio y nuestra democracia”, anunció este miércoles el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, ante anuncios de sectores radicales de derecha de generar desestabilización en el país.

Huarachi advirtió que, tras los nuevos resultados de la pericia internacional que reafirman que no hubo golpe de Estado, políticos que posesionaron el discurso del fraude electoral pretenderán generar movilizaciones y desestabilización en el país.

“Como siempre, hay grupos grandes en Santa Cruz, en Cochabamba, acá en la sede de Gobierno y creo que es importante declararnos en estado de emergencia para poder hacer una vigilia permanente y así defender nuestro Gobierno”, sostuvo.     

Dijo que era previsible que los opositores rechacen y descalifiquen el informe de la Universidad de Salamanca, debido a que fueron cómplices del golpe de Estado.

“Van a rechazar porque finalmente ellos son los actores y los conocemos, quienes hasta la fecha no han sido citados a declarar en el tema del golpe de Estado, entonces ya debería de citarles”, sostuvo.

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, dijo este miércoles que tras los resultados de la nueva pericia internacional sobre las elecciones de octubre de 2019 que ratificaron que no hubo fraude, la justicia debe convocar a todos los políticos que estuvieron involucrados en el golpe de Estado.

“No queda duda de que hubo golpe y no hubo fraude, y este golpe ha traído muertes, ha traído sangre, ha traído persecución, quemas de viviendas, ha traído un saqueo a la economía del país. Entonces está claro que fue golpe y una victoria (electoral) de nuestro compañero Evo Morales” afirmó.

Recordó que los principales políticos de oposición alimentaron el discurso de un supuesto fraude electoral, para patrocinar a Jeanine Áñez y tomar el poder de forma inconstitucional y, posteriormente, atentar contra los derechos humanos de los bolivianos.

“El Ministerio Público debe convocar a todos los actores y promotores golpistas a la cabeza del señor (Fernando) Camacho, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, el señor (Waldo) Albarracín, entre otros. Realmente hay muchas familias que esperan justicia, ha habido muertos y el golpe finalmente no se puede tapar, hay actores también desde la comunidad internacional como el señor (Luis) Almagro”, mencionó.

Ante las amenazas de algunos políticos radicales que anuncian un segundo golpe de Estado, el dirigente cruceño aclaró que las condiciones no son las mismas que en 2019, porque ahora el pueblo está unido y alerta.

“Debemos asumir como una autocrítica de autorreflexión, nosotros los trabajadores, los obreros, los proletarios, los jóvenes y nuestras organizaciones sociales, nos han pillado no más en calzoncillos y eso es lo que han aprovechado, pero en esta ocasión estamos unidos”, subrayó.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, indicó que los trabajadores representados por esta organización se declaran en estado de emergencia ante anuncios de sectores de desconocer la decisión judicial del cierre del caso “fraude electoral”.

“Hoy, nos volvemos a ratificar en estado de emergencia para poder defender cualquier intento de desestabilización al país, al Gobierno”, informó Huarachi en contacto con Telesur.

El Ejecutivo explicó que las organizaciones estarán en alerta ante cualquier intento de toma de instituciones o actos que pretendan desestabilizar Gobierno democrático.

“Estamos organizándonos a nivel nacional, estamos firmes para defender nuestro proceso, la democracia y nuestro Gobierno”, remarcó.

El martes 27 de julio, el Ministerio Público determinó cerrar el caso denominado “fraude electoral” con base en una pericia de investigadores de la Universidad de Salamanca, que informó que en los comicios sólo hubo “negligencia” y no dolo, como denunció la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, opositores rechazaron el informe y anunciaron movilizaciones para el 6 de agosto.