El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de la Ciudad de El Alto, David Inca, informó este viernes que la Fiscalía determinó el sobreseimiento en la investigación de la quema de unidades policiales en la ciudad de El Alto en 2019. Con esta resolución las 24 personas que fueron detenidas y procesadas quedan “libres de culpa”.

“Son 24 personas que, en diferentes distritos de la ciudad de El Alto, han sido detenidos y después han sido cautelados y llevados a San Pedro sin derecho a la defensa, hemos esperado un año y ocho meses y el fiscal (William) Alave el día de hoy (viernes) nos ha entregado esta resolución de confirmación de sobreseimiento de estos hermanos que han sido acusados injustamente”, informó Inca.

De acuerdo con Inca, los 24 procesados fueron investigados bajo los delitos de asociación delictuosa, asociación criminal, sedición y terrorismo; sin embargo, durante la investigación que duró un año y ocho meses, no encontraron grados de indicio de autoría de ninguno de los inculpados.

Inca resaltó esta decisión de la Fiscalía porque considera que es un gran logro para las personas que desde el 11 de noviembre de 2019 fueron acusadas de manera injusta y detenidas en centros penitenciarios. “Para la persona pobre es muy difícil, nos ha costado”, explicó a la ABI.

Ahora, con esta resolución, los procesados “son inocentes de toda acusación”, informó el representante de APDH de El Alto. Asimismo, explicó que se buscará identificar a los policías que fueron autores de los delitos de tortura contra estos ciudadanos.

Esta investigación que realizaba la Fiscalía data del 11 de noviembre de 2019, cuando varias unidades policiales de El Alto fueron quemadas por manifestantes.

Inca explicó que esta resolución de sobreseimiento será presentada ante representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el 18 de agosto. “Ellos también han tomado testimonio de todos los hermanos que están aquí”, indicó.

El Ministerio de Salud y Deportes con el apoyo de la República de Francia entregó este viernes, equipamiento y medicamentos para terapia intensiva al Hospital del Norte de la ciudad de El Alto con el objetivo de fortalecer el diagnóstico laboratorial y de tratamiento del COVID-19.

“Yo debo agradecer la colaboración que estamos recibiendo de nuestro hermano país de Francia, agradecer al hermano Patrick Riba, consejero de la Embajada de ese país, porque ha coadyuvado en gran medida para poder contar ahora con este equipamiento que entregamos ahora al Hospital del Norte”, dijo el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, citado en un boletín institucional.

El equipamiento consiste en: aspiradores quirúrgicos, monitores multiparamétricos de signos vitales, estufas eléctricas, medicamentos para atención en Terapia Intensiva como Heparina de bajo peso molecular, Propofol, Noradrenalina y Midazolam, detalló.

También se hizo entrega de circuitos corrugados para ventiladores; filtros antibacterianos humidificadores filtros hidrófobos para ASP, entre otros. 

“Tenemos que seguir esforzándonos, yo estoy convencido que, si seguimos aplicando nuestra ciencia con conciencia, vamos a obtener los resultados que queremos”, reflexionó Auza.

Por su parte, el director de ese nosocomio, Valentín Apaza, afirmó que el Hospital del Norte se convirtió en un centro de referencia, centinela en la atención de pacientes COVID-19, y que con ese equipamiento de alta tecnología y medicamentos apoyarán la labor de salvar vidas que realizan los profesionales en salud.

“Agradecer el apoyo el fortalecimiento que nos van realizando día tras día en esta ocasión desde el Ministerio de Salud a través de la cooperación francesa con este equipamiento médico, de insumos, es muy valioso”, remarcó.

El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y la Dirección Plurinacional de la Juventud, impulsaron el jueves la primera sesión ordinaria del Consejo Plurinacional de la Juventud de la presente gestión, en la que delegadas y delegados juveniles acreditados por diversas organizaciones del país, eligieron a su nueva directiva que ejercerá un mandato por el lapso de dos años.

Durante toda la jornada, los delegados acreditados por las distintas entidades y organizaciones de representación juvenil deliberaron, eligieron por voto secreto y posesionaron a su nueva directiva, según señala un boletín institucional.

De esa manera, Jhosep Cristhian Fonseca Loayza de la Confederación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia fue elegido Presidente del Consejo Plurinacional de la Juventud; Jackeline Jhoana Mamani Choque de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Vicepresidenta; y Jorge Miguel Chipana Chambi de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, fue elegido como Secretario General.

El Presídium recayó en Kevin Vásquez Cáceres de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes, Minoristas, Vivanderos y Trabajadores por Cuenta Propia; Lizbeth Ximena Machaca Condori de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia; y Yolanda Baltazar Guzmán de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia.

El Consejo Plurinacional de la Juventud es la máxima instancia de participación, deliberación y representación plurinacional de los jóvenes; su rol es proponer y evaluar las políticas, programas y proyectos que impulsa el Comité Interministerial de Políticas Públicas de la Juventud.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, durante el Día Internacional de la Juventud que se recordó el 12 de agosto, calificó a los jóvenes como un “sector valiente” que ofrendó su vida en la recuperación de la democracia tras el golpe de Estado ejecutado en noviembre de 2019 y destacó el ejemplo que los jóvenes dieron en relación al cuidado de la vida y la salud.

“El país reconoce el aporte de los jóvenes que sacrificaron la vida para recuperar la democracia y dieron ejemplo para cuidar la vida con su asistencia a la vacunación masiva”, remarcó el titular de Justicia.

La autoridad de Estado adelantó que una vez conformada la directiva y establecida la agenda pública en beneficio de los jóvenes del país, el próximo 21 de septiembre se prevé realizar un encuentro nacional, con la presencia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

Carla Achá, psicóloga del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), que atiende a las personas detenidas y torturadas durante el régimen de Jeanine Áñez, señaló este viernes que, a casi dos años de los hechos violentos suscitados en Bolivia, las víctimas continúan con secuelas irreparables.  

“Estamos hablando de casi dos años que han pasado y todavía muchos de ellos continúan con dolores que no se pueden explicar, pese a que se hacen análisis y pruebas, estos dolores existen, aunque se haya sanado el tejido o se haya curado esas heridas, pero los dolores siguen”, mencionó.

A la fecha, el ITEI atiende a 92 casos de personas que sufrieron torturas en celdas judiciales y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), además de aquellas que fueron heridas en Sacaba, Senkata y Ovejuyo, quienes quedaron con secuelas médicas y psicológicas.

“Las secuelas son bastante grandes en las personas que han sido víctimas de tortura. Nosotros, en el momento inicial, hemos encontrado lesiones muy duras, han sido personas que han sido sometidas a estar en posiciones sumamente incómodas por varias horas, o han sido golpeadas por horas de manera sistemática durante las detenciones”, relató.

“Las secuelas que pueden dejar este tipo de torturas pueden durar años y no recuperarse, eso a nivel físico. Las secuelas psicológicas son mayores todavía, porque las personas son afectadas en su confianza hacia la vida, la seguridad que tenían se ve afectada por las torturas sufridas”, complementó.

Señaló que el informe del ITEI, sobre los casos de tortura masiva suscitados entre el 11 y 19 de noviembre de 2019, durante el golpe de Estado, fue presentado en la audiencia de la Corte Interamericana en Honduras y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

Expresó la necesidad de que las víctimas y sus familiares cuenten con una reparación integral, que no solo tiene que ver con una indemnización económica.

“La reparación implica, significa una restitución, ¿qué quiere decir?, que se tiene que garantizar que estas personas puedan volver a la situación que tenían antes de los hechos vividos, es algo difícil, pero eso es lo que corresponde”, apuntó.