El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, dijo que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demuestra que en Bolivia se produjo un golpe de Estado en 2019, que entonces se dieron ejecuciones sumarias y que ahora falta identificar a los responsables intelectuales de las masacres ocurridas entonces.

El diplomático, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, indicó que este martes debería ser considerado un día histórico ya que por fin se conocen los pormenores de lo ocurrido en 2019 de voz propia de especialistas internacionales independientes.

Explicó que el documento del GIEI indica de manera clara que la sesión en la que Jeanine Áñez asumió la presidencia del Senado, se realizó sin el quorum reglamentario, requisito fundamental, junto al respeto del Reglamento de la Cámara Alta, para acceder a la sucesión constitucional.

Sin cumplir ese requisito legal, Áñez se proclamó presidenta del Senado y luego se autoproclamó presidenta de Bolivia, indicó.

El informe del Grupo de Expertos, señaló Arce, también indica que Áñez recibió los símbolos presidenciales de parte del Jefe de la Casa Militar, quien le entregó el bastón de mando del país.

“Añez no juró ante nadie” para ser Presidenta y los militares le entregaron la medalla presidencial, indicó Arce.

Por todo ello, el Embajador destacó que el “GIEI ha establecido que en Bolivia ha habido un golpe de Estado” y una autoproclamación de Áñez como Presidenta.

Arce dijo que otro de los elementos fundamentales del documento de los expertos, es la constatación de que en 2019 se produjeron masacres de personas y ejecuciones sumarias extrajudiciales, es decir asesinatos de personas desarmadas por parte de uniformados que inclusive dispararon cuando los marchistas intentaban huir.

El Embajador dijo que esta violencia y la violación a los Derechos Humanos, tuvo como inicio el informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien emitió un reporte que impulsó el golpe de Estado el cual se tradujo en las masacres y violaciones a los Derechos Humanos.

Indicó que el camino que resta adelante es cumplir las recomendaciones del GIEI y que la justicia, en el marco de sus competencias, determine las autorías mediatas e intelectuales de las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en 2019.

El diplomático anticipó que se hará conocer el informe del GIEI en el Consejo Permanente de la OEA y en la ONU.

El Reporte N° 520 del Ministerio de Salud y Deportes señala que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 706 casos este martes; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 813. Los decesos llegaron a 24 y los casos descartados a 7.417 durante esta jornada.

Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 234 y 121 casos, respectivamente. La Paz registró 113 casos; Potosí 90; Tarija 70; Oruro 31; Chuquisaca 30; Pando 9; y Beni 8.

El reporte añade que hay 42.105 casos activos y 1.715.051 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 483.731 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 423.404 se recuperaron y hubo 18.222 decesos.

Patricia Tappatá, experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), destacó este martes el cuidado y la revisión rigurosa de fuentes que se realizó para elaborar el informe sobre lo ocurrido en Bolivia en 2019.

En su comentario sobre el capítulo 2 del documento, dijo que "es una presentación cuidadosa de eventos que precedieron a la crisis y que se inician con la elección de Evo Morales Ayma como primer presidente indígena el 2005. Describe la sucesión de reformas, Constitución, cambios institucionales que se orientaban en línea para favorecer una elección presidencial y provocan efectos adversos tal como se relata".

Remarcó que se realizó una revisión rigurosa de fuentes que permitió explicar y encadenar la descripción de cada antecedente respecto al tema electoral, actuación del Tribunal Constitucional y los eventos en los Tribunales Departamentales, entre otros aspectos.

En ese capítulo se presentó la evolución del crecimiento de manifestaciones de oposición, el descontento que convocó a paros cívicos de algunos sectores y otros eventos. 

"Se mencionan a los actores que participan en regiones de crisis en el acto mismo electoral, el desarrollo de comunicación, de resultados, motín policial, pedidos de renuncia por parte de jefes de Policía y Ejército, posterior aparición de Jeanine Áñez, llegada a la presidencia. En la parte final se hace referencia al Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidades a Fuerzas Armadas", señaló.

En referencia al capítulo tres, indicó que contiene una secuencia del marco de explicación del desarrollo del informe del GIEI, con eventos y apartados donde se señalan los materiales de soporte, como videos, informes o testimonios de víctimas o personas que participaron en los hechos, además de una sección analítica.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras detectar graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Bolivia en 2019, recomendó encarar el juzgamiento de todos los responsables, según indicó Juan Méndez, uno de los especialistas de esa entidad internacional.

“Principalmente, el derecho internacional de los Derechos Humanos exige que en presencia de graves violaciones a los Derechos Humanos y de actos de violencia, Bolivia encare el juzgamiento de todos los responsables, en todos los niveles, y la aplicación de las sanciones que correspondan en el marco de las normas del debido proceso y del juicio justo”, manifestó.

El perito recordó que el informe recomienda al Estado boliviano que esos hechos no queden en la impunidad.

“Hemos detectado graves violaciones a los Derechos Humanos para las cuales esperamos que se haga justicia y no queden en la impunidad”, indicó durante la conferencia de prensa realizada junto a otros integrantes de esa organización que es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Expresó que esas sanciones deberían aplicarse “sin revanchismos y exentas de consideraciones políticas” ya que así “Bolivia puede encarar un proceso de superación de los odios, de inclusión social pluriétnica y desarrollo progresivo de los Derechos Humanos”.