El ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Héctor Aguilar, afirmó este miércoles que ese sector iniciará acciones judiciales en contra de quienes perpetraron agresiones a periodistas, nacionales y extranjeros; y medios de comunicación, tras conocer el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de violencia de 2019.

“Conocido este informe del GIEI, nos va a permitir tomar una serie de acciones judiciales en contra de aquellas personas que, en su momento, ostentando el poder, pretendieron acallar y no solo a las autoridades, también hubo gente de los cívicos que incluso llegó hasta las viviendas de los trabajadores de la prensa cuando no compartían la misma posición, eminentemente política, porque el trabajador de la prensa solo tiene la misión de informar”, dijo a la ABI.

Explicó que el tema será analizado en un ampliado nacional de dirigentes. Sin embargo, dijo que en su momento realizaron las denuncias de agresión al trabajo periodístico y que reciben con beneplácito las recomendaciones de la GIEI respecto a la libertad de expresión, información y de prensa en el país, porque son los pilares fundamentales de la vida democrática. 

“Hubo muchas restricciones durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez y una persecución a nuestros colegas, quienes de manera diaria informaban sobre los sucesos que ocurrían durante el gobierno de facto”, aseveró.

El GIEI en su informe, refiere la agresión a 58 periodistas y que la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) registró 76 periodistas y 14 medios sufrieron agresiones durante octubre y noviembre de 2019.

“La investigación del GIEI confirma la opinión unánime que expresaron profesionales con extensa trayectoria, nunca antes había sido tan difícil ejercer el periodismo en Bolivia. El clima social y la aguda polarización política dieron lugar a todo tipo de acusaciones hacia la prensa, que fue señalada de ‘mentirosa’, ‘vendida’, ‘golpista’ o ‘masista’, según se la tildara de obediente a una u otra de las facciones principales en pugna”, señala el informe del GIEI.

En las recomendaciones del informe del GIEI, en el numeral 25 indica que: “Reforzar las garantías institucionales, administrativas y judiciales para proteger la libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística, para prevenir atentados contra la libertad de prensa sobre las personas o sobre los bienes y edificaciones de los medios, y, en caso de concretarse violaciones y daños, para garantizar la investigación y el juzgamiento de los responsables, y la reparación de las víctimas”.

El sacerdote Guechi Revelin, quien ayudó a las víctimas de la masacre de Senkata, El Alto, ocurrida en noviembre de 2019 durante el régimen de Jeanine Áñez, dijo que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es una “luz de esperanza” para lograr justicia y verdad.

El párroco que dirige la iglesia ubicada en el sector 25 de julio, en la zona de Senkata, decidió abrir las puertas del templo a los caídos en la matanza ocurrida en 2019, además de convertir a ese recinto en sitio de atención a los heridos, en reposo para los perseguidos y, luego, en una morgue para los fallecidos.

“No podía quedarme mirando desde el campanario como un simple espectador o de rodillas ante el Santísimo mientras mi pueblo estaba en graves conflictos. Salí (en noviembre de 2019) agarrando mi bandera blanca y me arrebataron en el camino pensando que era de (Luis Fernando) Camacho y seguí entre los gases y todo el lío. Tomé a los heridos, a los fallecidos, hicimos llegar a la plaza, no dudé ni dos veces en abrir la iglesia sin autorización, no había ni espacio ni tiempo para esto. Yo he jurado, he decidido esta opción de acompañar a mi pueblo, lo haré hasta el último día de mi vida”, indicó a radio Deseo.  

En el templo de Senkata se armó un altar de homenaje a los caídos en la masacre de 2019. Allí el GIEI presentó su informe, este miércoles, sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos, ejecuciones sumarias, torturas y detenciones ilegales ocurridas durante la gestión de Jeanine Áñez.

Para el sacerdote, “el informe nos da una luz de esperanza para un camino de justicia, de verdad”.

Más de 50 obreros que trabajan en la Subalcaldía de Max Paredes (La Paz) denunciaron este miércoles “masacre blanca” por parte de la Alcaldía de La Paz, por lo que se declararon en emergencia e ingresaron en huelga de brazos caídos.

“Nos dijeron que no hay presupuesto, pero es mentira, hay presupuesto para los administrativos nuevos. El subalcalde se niega a hablar, nos vino a gritar. ¿Cómo dijo el alcalde, el Negro (Iván) Arias que no se va tocar a los obreros? Lamentablemente lo están haciendo, yo pensé que era un señor de palabra, miente, está mintiendo haciéndonos daño, a la gente humilde, a la gente”, denunció una de las obreras quien pidió no ser identificada por temor a represalias.

La trabajadora aseguró que antes del cambio del gobierno municipal, les habrían informado que el presupuesto para que ese sector estaba asegurado hasta fin de año; sin embargo, esta jornada les informaron que ya no había presupuesto para una recontratación.

“Estamos mal porque somos padres y madres, son solo cuatro meses que nos queda, hasta fin de año. Solo pedimos nuestra fuente de trabajo, que se pongan la mano al pecho”, indicó la trabajadora municipal.

Los obreros se declararon en estado de emergencia e iniciaron la huelga hasta que se garantice su estabilidad laboral.

Advirtieron que en caso de no dar solución a ese problema, los obreros se declararán en huelga de hambre.

En noviembre de 2019, se presentaron al menos 92 casos de torturas y tratos degradantes, sin contar los acontecimientos de la masacre de Sacaba, Cochabamba, informó el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado (ITEI) que hizo saber que ese reporte está incluido en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El informe fue brindado, en declaraciones separadas, por Emma Bolshia Bravo Cladera, directora ejecutiva del ITEI y por Andrés Gautier, responsable del área socio-terapéutica de esa entidad, quienes fueron entrevistados este miércoles en radio Patria Nueva.

Bravo dijo que los 92 casos de torturas y tratos degradantes fueron identificados tras lograr testimonios de personas detenidas en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Entre los casos encontrados, se encuentran hechos de torturas físicas, psicológicas (amenazas de violación, muerte, etc.), sexuales y biológicas (uso de artefactos eléctricos, bolsas con gas, etc.).

Dijo que esos reportes fueron entregados al GIEI y forman parte del informe final que presentaron los expertos.

A su turno, Gautier indicó que, para investigar estos casos, se requieren fiscales y jueces especializados por lo que sugirió conformar una comisión compuesta por peritos nacionales e internacionales que contribuya a la indagación de esos hechos de violencia.