El dirigente del sector lechero de Tarija, Jaime Luján, rechazó este martes la convocatoria al paro nacional del Comité Cívico de Santa Cruz, porque advirtió una pérdida en la comercialización de 50.000 litros de leche por día.

“A nosotros nos afecta como sector lechero, no podemos paralizar nuestra producción (…) un día de paro es un día de pérdida (…) nosotros no podemos parar, no vamos a parar, tenemos que seguir trabajando”, aseveró Luján en red Patria Nueva.

Lamentó que se haya tomado esta determinación, porque pone en riesgo el sustento del sistema productivo al evitar el transporte de 50.000 litros de leche por día.

“Cada día de paro, sería 50 mil litros que no se podrían movilizar; por lo menos, son 150 mil bolivianos en un solo día que nos afectaría, pero las cuentas para nosotros siguen corriendo”, reprochó.

El director Departamental de Educación, Carmelo López, informó este martes que las actividades educativas presenciales y semipresenciales alcanzan al 75% en el departamento de La Paz.

“De acuerdo al reporte que tenemos en la Dirección Departamental de Educación en La Paz, las clases presenciales y semipresenciales es del 75 por ciento en el departamento de La Paz”, dijo en declaraciones a radio Éxito.

Explicó que en El Alto y La Paz se incrementaron unidades educativas que están pasando clases presenciales, el resto aún se mantiene con la modalidad de clases a distancia, principalmente en el casco urbano de ambas ciudades.

Explicó que en el caso de aquellos estudiantes que pasan clases en aula, deben cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar un posible contagio del COVID-19.

“En las unidades educativas se exige que se cumplan las medidas de bioseguridad y también los padres de familia deben concienciar a que los estudiantes puedan asumir todos los cuidados”, recomendó.

Ratificó la disposición del Ministerio de Educación de que las labores educativas concluirán el próximo 7 de diciembre.

“Las clases, los fines de semana, sábados han sido descartados; (para) quienes están relegados en el aprendizaje se habilitarán hora extras”, apuntó.

Recomendó a los padres de familia que cuiden a sus hijos cuando los envíen a clases en aula y pidió que hagan seguimiento a sus estudios.

La representante de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Beni “Bartolina Sisa”, María Quispe, reprochó este martes la actitud de los marchistas indígenas y los calificó de “caprichosos” por rechazar el diálogo con viceministros de Gobierno.

“Nosotras nos pronunciamos en rechazo (…) No puede ser que ellos, como unos niños caprichosos, no quieran reunirse con los ministros”, expresó en declaraciones difundidas por Bolivia TV.

El lunes, los marchistas indígenas afines al gobernador cruceño Fernando Camacho, que se encuentran en Santa Cruz, rechazaron dialogar con los viceministros de Autonomía y Seguridad Ciudadana, Álvaro Ruiz y Roberto Ríos, respectivamente.

Las autoridades gubernamentales plantearon instalar mesas de diálogo para dar solución a sus demandas; sin embargo, fueron rechazados.

“Nosotras, como Federación Departamental de Bartolinas Sisa del Beni, rechazamos esta movilización, porque son manejadas por el Comité Cívico (de Santa Cruz)”, indicó Quispe.

Aseveran que la dirigencia orgánica de Marcial Fabricano feneció hace años, por lo que no representa a los indígenas de las tierras bajas.

La representante regional de Vaca Diez de la federación campesina, Rosario Tamo, pidió a los indígenas no dejarse influenciar por intereses políticos que solo pretenden desestabilizar al Gobierno nacional.

 “No se dejen manejar por cuatro personas que lo están haciendo políticamente”, señaló.

El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Magín Herrera López, informó que como entidad estatal se impulsan los procesos legales contra quienes provocan los incendios forestales y analizan endurecer las sanciones.

“Tenemos 15 casos en proceso penal, los cuales esperamos puedan concluir de manera sancionatoria, obviamente en el debido proceso que corresponde a derecho”, dijo a los periodistas.

Explicó que según señala el Código Penal, la sanción para quienes fueran encontrados culpables por provocar los incendios forestales es entre los tres a cinco años de cárcel.

“Nosotros estamos trabajando para que esta sanción sea modificada, nos parecer bastante corto el tiempo de la sanción, ello no va a escarmentar a la gente, se requiere una sanción más fuerte, porque el proceso penal está muy suave, no tenemos la tipificación de los delitos ambientales”, aseveró.

Agregó que esa cartera de Estado continúa con el control de los incendios forestales, porque en esta época se tiene picos muy elevados en cuanto a la sequía, motivo por el cual el fuego puede propagarse en cualquier momento.

“Se tuvo un reporte de un incendio de consideración, en Oruro, en la zona occidental de Norcarangas, esa eventualidad es porque la época es completamente seca, eso hace de que el fuego pueda propagarse”, comentó.