El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó este viernes Miguel Ángel Ch. P., autor del asesinato de Richard Vargas Cruz, joven que fue apuñalado el 24 de junio en inmediaciones de las cabañas del Piraí, en Santa Cruz. El imputado fue sentenciado a 20 años de cárcel en Palmasola.

“Se ha tenido un proceso abreviado y se ha sentenciado al señor Miguel Ángel Ch. P. con 20 años de detención en un centro de rehabilitación de nuestro departamento (Santa Cruz)”, indicó la autoridad en conferencia de prensa.

De acuerdo con el reporte preliminar, el 24 de junio, Richard Vargas de 29 años, en compañía de su enamorada, estaban paseando por inmediaciones de las cabañas del rio Piraí, en Santa Cruz, donde fueron interceptados por dos antisociales.

Los sujetos quisieron sustraer las partencias personales de la pareja; sin embargo, Richard puso resistencia y lo atacaron con una botella en la cabeza y lo apuñalaron en el pecho. El joven herido fue trasladado de urgencia a una clínica, pero no resistió y perdió la vida.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz realizó las investigaciones y mediante el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), el 8 de septiembre lograron capturar en Cochabamba a Miguel, acusado de participar en el asesinato del joven cruceño.

“Esta persona, Miguel A. Ch. P., va a estar 20 años recluido en el penal de Palmasola por haber quitado la vida a un joven cruceño”, indicó Del Castillo.

El imputado se sometió a un proceso abreviado, por lo que la justicia determinó enviarlo a prisión por 20 años por el delito de homicidio.

Del Castillo señaló que serán “implacables” con su trabajo para brindar seguridad a la población boliviana. Asimismo, exhortó a las autoridades judiciales a que sigan “cumpliendo con sus labores”.

“Ahora, se están realizando las investigaciones correspondientes para dar con la verdad completa de lo que sucedió aquel fatídico día (…), les digo a todas aquellas personas quienes se dedican a este tipo de prácticas ilícitas que vamos a ser implacables con nuestro trabajo y vamos a dar seguridad a todo el pueblo boliviano en cualquier rincón de nuestra patria”, señaló.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, confirmó este viernes que su despacho instruyó prestar colaboración jurídica y humanitaria a la familia de Mayerly, la joven que perdió la vida víctima de un feminicidio que conmocionó a la sociedad por el grado de brutalidad.

“A través del Sijplu (Servicios Integrales de Justicia Plurinacional), prestamos asistencia jurídica y humanitaria a la familia de la joven Mayerly”, dijo la autoridad, citando en una nota de prensa de esa cartera de Estado.

Lima confirmó que esta cartera de Estado solicitará a las autoridades judiciales que se aplique la pena máxima.

“He instruido a nuestro equipo jurídico extremar recursos legales y lograr la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para el autor de ese crimen”, agregó.

El Juez 2º de Instrucción Anticorrupción de Materia Contra Violencia Hacia la Mujer, Andrés Zabaleta, determinó por medio de la Resolución Nro. 113/2021 de medidas cautelares, la detención preventiva por seis meses para Matusalen M. en la cárcel de Chonchocoro y el mismo tiempo de reclusión para Roberto H. en la penitenciaría de San Pedro.

Ambos fueron imputados como presuntos autores del delito de feminicidio de Mayerly.

Lourdes Doria Medina Auza, hermana del líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, fue liberada la noche de este jueves luego de prestar su declaración informativa ante la Fiscalía Departamental de La Paz.

Horacio Acosta, su abogado, dijo que la mujer no pretendía abandonar el país y que su viaje a era por motivos de salud.

Respecto a la denuncia que la vincula con la empresa Akapana, asociada al caso Papeles de Panamá, Acosta dijo que "no se puede emitir ningún comentario porque están en el inicio de las investigaciones".

Doria Medina es investigada por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas, señala un reporte de la red ATB.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó este jueves la Ley que Modifica la Ley Nro. 870 de 13 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo, para que esa institución se haga cargo del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) que dependía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

“De este modo se cumple la recomendación 16.2 del Informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) que investigó y constató las masacres, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto de Jeanine Añez”, señala una nota de prensa.

La recomendación señala textualmente: “Garantizar la independencia del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) de tal modo que se convierta en un mecanismo nacional de prevención en plena conformidad con el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, o crear un mecanismo que cumpla lo establecido en este instrumento internacional”.

El informe del GIEI estableció casos de tortura de agentes policiales en contra de personas que fueron aprehendidas sin orden judicial y acusadas sin pruebas de promover hechos de violencia durante la represión del gobierno de facto.

La norma establece que activos, pasivos y documentación del Sepret serán asumidos por la Defensoría del Pueblo que ahora incorpora en sus funciones nuevas tareas como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Estado Plurinacional de Bolivia.