La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) realizó este lunes el levantamiento de dos cadáveres de sexo femenino identificados como Florentina C., de 36 años, y Adelaida C., de 18 años (madre e hija). Se presume que ambas mujeres fueron victimadas por Fernando M. A. con una picota, al interior de su domicilio ubicado en la urbanización Las Palmeras 2 del municipio de Cotoca, en Santa Cruz.

“Nosotros llamamos a la Policía, llamamos a la ambulancia, pensando que las señoras estaban vivas, pero la ambulancia no llegó, llegó la Policía y nos dijeron que ya no podían hacer nada porque ya habían fallecido”, indicó una vecina de las víctimas a la red Unitel.

Según el reporte preliminar de la Policía, el presunto responsable del doble feminicidio sería la pareja de la madre, identificado como Fernando M. de 42 años.

Se presume que el sujeto consumió bebidas alcohólicas durante el fin de semana y tras una discusión con ambas mujeres las habría atacado con una picota, por lo que se dio a la fuga y ahora es buscado por la Policía.

Efectivos de la Policía revisaron el lugar del crimen y recolectaron la picota que fue utilizada en este doble feminicidio.

Este crimen fue presenciado por los hijos de las víctimas, tres niñas y un niño que ahora fueron trasladados a la Defensoría de la Niñez para realizar una valoración psicológica, y estarán bajo la custodia de esta institución hasta encontrar a sus familiares.

La subalcaldesa del macrodistrito Mallasa, Sheyla Dávalos, informó este lunes que presentarán ante el Ministerio Público su denuncia formal sobre los hechos de corrupción que evidenciaron en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), además de los “atropellos” de los que fueron víctimas.

“Aún fungimos como funcionarias públicas y es nuestra obligación, primordialmente, presentar las denuncias acá en el Ministerio Público”, expresó Dávalos en el ingreso de la Fiscalía, en entrevista con Bolivia Tv.

Explicó que, hasta la fecha, no recibió ningún documento o memorándum de destitución, por lo cual seguirá trabajando e indicó que es su obligación presentar la denuncia formal sobre las irregularidades que lograron identificar con su par del macrodistrito Centro.

“Hasta que no tengamos nuestro memorándum de destitución, nosotras estaríamos fungiendo la función pública y es la obligación, se tiene que denunciar todas estas situaciones de irregularidades y atropellos que se han cometido en contra de nuestra dignidad”, aseveró.

El 9 de septiembre, las subalcaldesas de los macrodistritos Centro y Mallasa denunciaron hechos de corrupción al interior de la Alcaldía paceña; además, cuestionaron que el alcalde paceño, Iván Arias, no haya ordenado la investigación, por lo que lo acusaron de “encubrir” estos ilícitos.

Estas denuncias develaron una presunta red de corrupción que estaría operando al interior del GAMLP. Asimismo, las subalcaldesas apoyaron la acusación de 15 mujeres en contra del subalcalde de Max Paredes, Reynaldo Olorio, quien fue denunciado por acoso sexual.

Las subalcaldesas reclamaron que, tras presentar sus denuncias a la Unidad de Trasparencia, fueron víctimas de acoso político y laboral para que desistan de las mismas.

Por su parte, la Alcaldía paceña emitió un comunicado contrariando la situación y aseveró que solicitaron la renuncia de las autoridades acusándolas por hechos de corrupción. Esta situación fue desmentida por las subalcaldesas que indicaron que es parte del acoso político y laboral del que son víctimas y que ellas tienen “todo en orden”, además de pruebas de sus denuncias.

El Ministerio de Defensa, mediante un comunicado, ratificó su respaldo inquebrantable a los tres militares bolivianos detenidos en Chile cuando realizaban tareas de lucha contra el contrabando y anunció que, junto a la Cancillería, “brindarán el apoyo legal y la asistencia consular correspondiente a los tres efectivos y sus familias”.

El documento, difundido a través de sus cuentas en Facebook y Twitter y fechado el 11 de septiembre de 2021, indica:

“El Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, en atención a los resultados de la audiencia de formalización celebrada ante las autoridades jurisdiccionales de la república de Chile, en día de hoy, 11 de septiembre de 2021, frente al país y a la comunidad internacional se expresa su respaldo inquebrantable a los tres compatriotas que fueron detenidos por Carabineros de Chile, cuando realizaban operaciones militares de alto riesgo, en cumplimiento a la Ley N° 1053 de lucha contra el delito transnacional de contrabando, que afecta a la economía de nuestro país, lo cual fue expuesto y debidamente fundamentado por la defensa”.

“Los tres militares, como miembros del Ejército de Bolivia, son profesionales formados con los más altos valores, quienes cumplían su misión Constitucional de defender y conservar la seguridad, el honor y la dignidad del Estado”, agrega el documento.

“El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, brindarán el apoyo legal y la asistencia consular correspondiente a los tres efectivos y sus familias”, indica el comunicado del Ministerio de Defensa.

“La reforma de la justicia va por buen camino”, dijo Canela Crespo, abogada y analista, tras sugerir que ese proceso que lleva adelante el Ministerio de Justicia, incluya la mayor participación posible e incorpore el tema de la desburocratización.

Crespo, quien participó este domingo en el programa “A todas luces”, por Bolivia Tv, cuestionó la postura de sectores de oposición que pretenden un pacto de silencio e impunidad como condicionante para viabilizar juicios de responsabilidades.

“La reforma judicial nos trae mucha ilusión, mucha esperanza porque es una cuestión necesaria, una cuestión urgente (…) Tiene que ser una reforma judicial con la participación de los administradores de justicia, con los operadores, una reforma que desburocratice, que se evalúe permanentemente, que permita la evaluación de los operadores, de los administradores, de los jueces, que institucionalice”, manifestó.

“La reforma de justicia va por buen camino, pero sí tiene que ser integral, tiene que ser con todas y todos, no solamente los que administran justicia sino también las y los que viven las injusticias”, indicó.

La abogada consideró como “preocupante y peligroso que sectores opositores estén “condicionando la reforma judicial a si hay o no hay juicios de responsabilidades o peor aún si es que el Fiscal renuncia”.

Dijo que esos condicionamientos de los opositores muestran no solamente su poca ética, sino que ellos ponen en “la balanza su impunidad, un pacto de silencio, su protección personal con un tema que nos afecta a todos y que es urgente y necesario, como es la reforma de justicia”.

Sobre los feminicidios y casos de violencia contra la mujer, Crespo dijo que varios sectores participan en las modificaciones a la Ley 348, norma para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, con el fin de mejorar su eficiencia.