El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, mediante la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores, se reunió este martes con organizaciones de las personas adultas mayores para presentarles los avances de la “Agenda Prioritaria para el Cumplimiento de Derechos Humanos” de este sector, además de recibir sus demandas y aportes para dicha agenda.

“La reunión tuvo como objetivo informar sobre los avances, a seis meses de la presentación de la ‘Agenda Prioritaria para el Cumplimiento de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores’, así como recabar demandas y aportes de las organizaciones de personas adultas mayores”, informó la Dirección General de Niñez y Personas Adultas Mayores en sus redes sociales.

Según un reporte institucional, la agenda pretende garantizar el derecho a una vejez digna y está compuesta por cinco pilares: fortalecimiento al trato preferente y la atención digna; protección a personas adultas mayores que residen en centros de acogida de larga estadía; desarrollo normativo para el cumplimiento de la Convención Interamericana Sobre la Protección a los Derechos de las Personas Mayores; implementación de la Agenda Subnacional para la atención y protección de los derechos de las personas adultas mayores; y promoción de mecanismos de acceso al derecho a la identidad de las personas adultas mayores.

La reunión se dio en cumplimiento a la Convención Interamericana sobre la Protección a los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Ley Nº 369 “General de las Personas Adultas Mayores”, que promueve el derecho a la participación de la población por medio de sus opiniones, aportes y demandas.

Participó del encuentro la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anmbo), la Asociación de Personas Adultas Mayores de La Paz (Apampaz), Asociación de Adultos Mayores “Takenitake” (Aamta), Federación de Adultos Mayores de la ciudad de El Alto (Fedam), la Asociación Nacional de Adultos Mayores LGTBI Bolivia, la Asociación de Adultos Mayores Indígena Originario Campesinos del Departamento de La Paz (Asamio); Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones (Conaljusip), la Comunidad Awichas de Pampahasi; Taypi Warminaka Huatajata; Centro de Orientación Socio Legal al Adulto Mayor (COSLAM), entre otras,

(Ministerio de Justicia)

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, y el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, durante esta jornada realizaron controles a la entrega de paquetes alimentarios a personas con discapacidad en el Coliseo Cerrado “Julio Borelli Viterito”, de la ciudad de La Paz, para controlar el buen trato y que se cumpla el cupo por día. 

"Está garantizada la entrega de 500 paquetes alimentarios por día (en este punto); además se entregaron fichas para que las personas no necesiten hacer filas. Está normal, las personas recogen sus quintales de arroz, azúcar, aceite y lácteos”, señaló Huacani.  

Silva indicó que la información en un inicio fue insuficiente, por lo que se registró desorden, pero tras el verificativo de la organización para la entrega del beneficio se normalizó la misma, según un reporte institucional. 

"Realizamos este verificativo para controlar la organización, a fin de que los consumidores que van a recibir este paquete, entregado por el Gobierno, lo reciban de manera organizada, además de todos los alimentos comprometidos; y que todos quienes tengan ficha reciban su paquete alimentario”, señaló Silva.  

El Gobierno nacional dispuso la entrega de un paquete alimentario para las personas con discapacidad. El mismo está valorado en Bs 500 y consiste en un quintal de arroz, otro de azúcar, una arroba de harina, 4,5 litros de aceite, yogurt y leche. 

En las primeras jornadas de entrega del paquete se vieron largas filas y problemas en la entrega, por lo que las autoridades del Ministerio de Justicia se constituirán en diversos puntos de entrega para verificar la organización y el buen trato.

La fiscal de Trata y Tráfico, Sarina Guardia, informó este martes que tras la audiencia de medidas cautelares la autoridad jurisdiccional decidió que Adrián F.A.S., de 27 años, profesor de Educación Física, implicado en delitos de proxenetismo, trata y pornografía, cumpla la detención preventiva de seis meses en el Centro Penitenciario de San Pedro, de La Paz.

“Al varón (Adrián) se le ha dado seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, a la dama (Yenny) se le ha dado medidas sustitutivas, porque el juez habría valorado que tiene tres bebés pequeños”, aseveró la fiscal en declaraciones difundidas por radio Éxito. 

El sujeto, quien además tenía una escuela de volibol, fue identificado como el reclutador de jovencitas que les ofrecía ayuda económica a cambio de relaciones sexuales, llegado el momento no les pagaba y les ofrecía otro monto a cambio de dejarse grabar. 

La fiscal explicó que la mujer Yenny E. Q. F., de 35 años, quien dirigía la empresa “Ágata” con la que se hacían los contratos con las menores, obtuvo medidas sustitutivas por ser madre de tres menores de edad.

El 13 de diciembre, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el patrullaje cibernético logró detectar que una empresa denominada “Ágata” se dedicaba a captar menores de edad a través de las redes sociales, WhatsApp y la escuela de voleibol para trata, proxenetismo y pornografía. 

“Una red de trata, pornografía y proxenetismo denominada la empresa Ágata, que funcionaba aquí en el departamento de La Paz (…). Ha sido descubierta por la Unidad de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen”, aseveró.

Los bloqueos campesinos en Betanzos, Potosí, son una protesta por la falta de justicia ante la muerte de un agricultor y por la existencia de heridos en el marco del golpe de Estado de 2019, indicó el dirigente Juan Carlos Fajardo, quien señaló a Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y otros, por convulsionar el país en ese año.

El dirigente, entrevistado en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, indicó que esas acciones de protesta fueron autoconvocadas en Betanzos, no responden a ningún lineamiento partidario y menos son producto de pagos económicos.

El representante dijo que Betanzos no olvida que el año 2019 se produjo una represión de fuerzas policiales y militares contra los campesinos con el saldo de una persona baleada, varios heridos y perseguidos.

“Nosotros aquí, en el municipio de Betanzos, hemos tenido una represión aquella vez cuando ha sido el golpe de Estado, entonces ha fallecido un compañero que era agricultor, que era el compañero (Marcelino) Jarata, más que todo sentimos por ese compañero”, indicó.  

Hubo “represión, queremos nosotros que se haga justicia legal. Lamentablemente hay personas como Luis Fernando Camacho y los del comité cívico de allá, Santa Cruz, querían pasar a Potosí”, indicó.

Agregó que Camacho y Carlos Mesa, fueron quienes “llamaron a la convulsión” en 2019 y ahora deberían ser investigados por la justicia por su rol en el golpe de Estado.

Indicó que ellos “manipularon” a la población en ese año y “ahora siguen manipulando”.

Respecto a los hechos de sangre ocurridos en 2019, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), indica que “Del 24 de octubre (de 2019) en adelante, grupos de personas que defendían el resultado electoral realizaron bloqueos en la carretera de Sucre a Potosí, a la altura de Betanzos, entre el 24 de octubre y 20 de noviembre de 2019. El 10 de noviembre, los bloqueos se incrementaron con la participación de comunarios y campesinos quienes usaron palos y neumáticos y para bloquear”.

El Comando General de la Policía Boliviana dispuso la implementación del Plan de Operaciones 25/2019. El 12 de noviembre, personal policial y militar fue desplegado en la carretera de Betanzos.

“Marcelino Jarata Estrada fue uno de los campesinos que participó en la protesta. Durante el operativo, él se posicionó o escapó al cerro. Allí el señor Jarata recibió un impacto de bala de arma de fuego y falleció. Testigos refieren que el disparo que recibió el señor Jarata provino de los militares. Según relataron su viuda e hijas a la Fiscalía, el señor Jarata regresó del campo esa mañana y salió para sumarse a las protestas para ‘defender la democracia’”, indica el informe del GIEI.

“La autopsia estableció que su muerte fue ocasionada por un impacto de proyectil de arma de fuego disparada a larga distancia, que lesionó su rostro. El informe pericial de química forense determinó ‘la presencia de bario, plomo y antimonio, resultado que revela la presencia de residuos de fulminante como residuos de disparo de un arma de fuego’ en su cabeza, y el dictamen pericial del ITTCUP en materia de balística afirmó que la munición fue de calibre 7,62 x 51”, agrega el documento.

Un número indeterminado de personas resultó herido en el operativo. Por temor a represalias y persecución, muchas víctimas no buscaron atención médica y no denunciaron los hechos a las autoridades, indica el reporte internacional.

Debido a los bloqueos campesinos de esta jornada, tanto Camacho como Mesa no podían llegar a la ciudad de Potosí a una reunión política convocada por dirigentes cívicos.