(Foto: GAMSC)

El fiscal Javier Cordero informó este miércoles que, tras una revisión exhaustiva del cuaderno de investigaciones, la comisión de fiscales, decidió ampliar las indagaciones en el caso de ítems fantasmas en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz en contra del exalcalde Percy Fernández; ahora, en calidad de denunciado.

“La comisión de fiscales, después de realizar una revisión exhaustiva del cuaderno de investigaciones, los antecedentes, las declaraciones, ha podido establecer la necesidad de ampliar las investigaciones en contra del señor Percy Fernández Áñez”, explicó el fiscal a Bolivia TV.

Explicó que será investigado como denunciado de manera inicial, por incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, presuntos delitos que se establecerán durante las investigaciones.

Fernández será citado a declarar al Ministerio Público en los próximos días para que aporte en las investigaciones del caso.

“Según los antecedentes, los hechos habrían tenido mucha redundancia entre los años de las gestiones 2014 (a) 2018, (…) es necesario escuchar al exalcalde, en cuanto a una defensa, una explicación a la comisión de fiscales”, acotó.

La Fiscalía inició las investigaciones del caso de los ítems fantasmas el 1 de diciembre. El principal sindicado es el exdirector de Recursos Humanos de la alcaldía cruceña, Antonio Parada Vaca, quien está en la clandestinidad.

El exfuncionario del área de contrataciones, Julio Cesar Herbas, implicado en este hecho fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Palmasola. En tanto, esta denuncia se amplió en contra de Fernández y la exalcaldesa interina Angélica Sosa.

Susana Chacón, representante del sector profesional del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció este miércoles que Julio Cesar Herbas, investigado en el caso de los 800 ítems fantasmas del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, trabajó también en la terminal terrestre cruceña, por lo que exigió a la Fiscalía amplié las investigaciones porque presumen que la “red de corrupción” también operó en esta entidad.

“Queremos hacer la denuncia pública sobre este ciudadano Julio Cesar Herbas, quien trabajó en la gestión del Gobierno de facto de la señora (Jeanine) Áñez. Él trabajó con un sueldo de 5.383 bolivianos (…) pedimos a las autoridades hacer una investigación profunda, porque creo que este clan de megacorrupción se ha proliferado en diferentes gestiones e instituciones del Estado, con esto se concretiza que han masificado su red de corrupción”, denunció en entrevista a la estatal Bolivia TV.

Chacón presentó una planilla, donde se evidencia que Herbas trabajó en la terminal con un ítem desde el 19 de marzo hasta el 19 de noviembre de 2020.

Según la denunciante, el exfuncionario fue guardaespaldas del director general ejecutivo de la Administradora de la Terminal Terrestre de Santa Cruz, Luis Peredo Saucedo, por lo que pidió al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio Público investigar de manera minuciosa.

“Pedimos una investigación profunda porque creemos que también debe ser un ítem fantasma, con esto se concretiza que ellos han masificado su red de corrupción  en diferentes instituciones (…) Ellos generan su fuente de financiamiento a través de las instituciones públicas para tomar el poder por la fuerza para pagar a grupos de choque”, demandó. 

Julio Cesar Herbas es exfuncionario del municipio cruceño. Trabajó con el exdirector de Recursos Humanos, Antonio Parada Vaca, principal acusado en el caso ítems fantasmas y quien se encuentra en la clandestinidad.

Los testigos señalaron que Herbas era el encargado de “reclutar” gente para que ingrese al municipio cruceño, sin cumplir funciones y recibiendo un porcentaje del salario.

La Fiscalía argumentó en su imputación formal, y en la audiencia de medidas cautelares, que el exfuncionario dependiente de la Dirección de Contrataciones es probable autor y partícipe de los delitos por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por lo que ahora está con detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, suscribió este martes un convenio marco de cooperación interinstitucional con el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), Enrique Leaño, para la implementación de espacios de capacitación y especialización a servidores públicos de esa institución en la defensa legal de los intereses del Estado.

“La importancia de este convenio reside en la importancia que tiene el consejo legal de un abogado, dentro de la toma de decisiones que tiene que asumir una autoridad”, señaló Chávez en un acto desarrollado en instalaciones de esta entidad, según una nota de prensa.

Chávez expresó su deseo en que los abogados que están al servicio de las diversas instituciones públicas ofrezcan un buen consejo legal a las autoridades, para evitar una afectación a los intereses del Estado.

“El primer gran error de una autoridad pública es poner a un servidor público incompetente”, lamentó el procurador y aseguró que, con el convenio, los funcionarios de la FAM – Bolivia podrán especializarse y aportar a la reducción de la cantidad de juicios que tiene el Estado.

Por su parte, el presidente de la FAM – Bolivia, expresó su deseo en que el convenio se replique con todos los municipios del país, para brindarles una adecuada capacitación a los abogados que se desempeñan laboralmente.

“Muchas veces por falta de criterios jurídicos adecuados se frustran procesos, se retardan y se dilatan, lo que afecta a la gestión. En otros casos (los abogados de los municipios) nos dan vía libre (en determinados procesos) y (las autoridades municipales) estamos metidas en problemas por omisión”, manifestó.

El acuerdo tendrá una duración de cinco años y establece compromisos para capacitar a los servidores públicos pertenecientes a la FAM-Bolivia en áreas como el Derecho Público, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Patrocinio Legal del Estado y otros temas vinculados a la defensa de los intereses del Estado, en diferentes áreas de la gestión pública y la deontología jurídica estatal. Los cursos serán dictados en la Escuela de Abogados del Estado (EAE).

También incluye programas académicos de postgrado en áreas como la Gestión Jurídica Pública y Defensa Legal del Estado.

Asimismo, se suscribió otro convenio marco de cooperación interinstitucional con el Colegio de Abogados de La Paz (ICALP), cuyo objetivo es implementar actividades académicas dirigidas a los profesionales abogados, para que se especialicen en la defensa legal del Estado.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este martes que el Ministerio Público investiga dos hechos de presuntos contratos fantasmas registrados en la Caja Nacional de Salud (CNS), filial La Paz. 

En el primer caso, se emitió órdenes de aprehensión en contra de Antonio T.P., Alexander H.E., Cristian E.A., Amilcar F.V. y Valeria M.S.P., ex y actuales trabajadores de la entidad aseguradora de corto plazo, por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito. 

Los dos últimos sospechosos se encuentran en celdas policiales en calidad de aprehendidos.

“El Ministerio Público inició la investigación a denuncia de la Unidad de Transparencia de la CNS, por la presunta existencia de dos contratos fantasmas en la ciudad de La Paz”, anunció, citado en un boletín institucional.

Según Alave, el 10 de diciembre se registró el lugar, donde se evidenció que no existen los contratos ni los expedientes de los supuestos trabajadores.

Además, mencionó que se constató la existencia del registro de planillas para el pago de sueldos de al menos dos personas que nunca firmaron contrato de trabajo en la CNS. 

“El presunto daño económico al Estado asciende a Bs 137.000 aproximadamente”, agregó.

Por su parte, la fiscal anticorrupción, Lupe Zabala, explicó que el primer hecho fue denunciado por una técnico en enfermería que presentó su currículum vitae el 6 de enero de 2020 al entonces gerente nacional de Recursos Humanos de la CNS, Alexander H.E., pero nunca recibió una respuesta. 

“Cuando esta persona fue a cobrar el bono contra el hambre le dijeron que ella aportaba a las AFP's de la CNS, por lo que no correspondía su pago. De este modo se enteró del hecho y presentó su denuncia a la Unidad de Transparencia de la institución para que se investigue”, acotó.

Detalló que en el segundo caso se tuvo a un médico que trabajó con la realización de prácticas sin sueldo en 2019 y se enteró que tenía doble aporte a las AFP's, uno en la CNS y otro en la institución donde trabaja actualmente.

Dijo que el galeno solicitó a la entidad aseguradora que dé de baja su aporte y que la Unidad de Transparencia detecte si el contrato por el que le descontaban para la CNS estaba activo y vigente. 

“El médico trabajó sin salario el 2019, nunca lo contrataron. Sin embargo, ese contrato estaba activo para atender en el hospital en la gestión 2020”, señaló.