El presidente Luis Arce celebró este martes el 14 aniversario de la nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto, Oruro, realizada en el primer gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y destacó su aporte económico al país.

En conmemoración del aniversario de esa empresa estatal, el mandatario participó junto con el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, además de autoridades regionales, en un acto matizado por música y danza de la región.

“Estamos contentos de celebrar los 50 años de nuestra Empresa Metalúrgica Vinto”, afirmó Arce, al iniciar su intervención en la que repasó la historia de esa empresa nacionalizada el 9 de febrero de 2007.

“Esta recapitulación de la privatización de esta importante empresa debe permanentemente estar en la cabeza de todos los trabajadores de la empresa Vinto (…) para mantener una dirección que defienda los recursos naturales y la industrialización de los recursos naturales”, dijo.

Recordó que en el primer gobierno del MAS, el 2007, se revirtió al Estado la empresa Vinto. “Mejoramos, modernizamos e invertimos en la empresa para mejorar su tecnología en beneficio del pueblo boliviano”, resaltó.

“Esta empresa debe sentirse orgullosa de estar perfectamente enmarcada en nuestro modelo económico social y productivo, porque es un paso a la industrialización que soñamos los bolivianos, pero también contribuye en el proceso redistributivo de los ingresos, particularmente, con el Bono Juancito Pinto”, enfatizó.

Indicó que durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez se registró malos manejos y la paralización de esa empresa estatal. “No se pretendía otra cosa que debilitar a nuestras empresas estatales, destruirlas para justificar su privatización a precio de gallina muerta”, afirmó.

A su turno, el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, calificó como histórica la nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto, hace 14 años. “Las fundiciones son factor de generación económica”, remarcó.

“El 2019 dejamos una empresa bien posicionada internacionalmente. Hemos sido la sexta empresa a nivel mundial, pero el 2020, la gestión del golpismo prácticamente redujo a la Empresa Metalúrgica Vinto”, manifestó.

La autoridad ministerial recordó que el régimen de Áñez pretendía cerrar esa empresa y entregarla a privados; sin embargo, con el retorno de la democracia al país se avanza para que vuelva a ser “una de las más grandes del mundo”.

Por su parte, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, calificó el aniversario de esa empresa del Estado como “importante”. “Es importante recordar la historia de hace 14 años cuando estaba en manos privadas y hoy está en manos del Estado”, dijo.

“Hoy, la Empresa Metalúrgica Vinto, más allá de su producción y aportes que hace al Estado, también hace aportes sociales como el Bono Juancito Pinto”, sostuvo.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, dijo este lunes que la Ley de Emergencia Sanitaria, que aguarda su promulgación, busca garantizar la atención médica para el pueblo y regular los costos de los servicios sanitarios, por lo que lamentó la oposición de algunos galenos a la norma pese a que la misma fue consensuada con ellos.

“El objetivo de esta Ley es proteger la salud, proteger la integridad, proteger el bienestar de la población ante una emergencia”, sostuvo la autoridad entrevistada en el programa Primer Plano, de Bolivia TV.

Auza dijo que la norma establece un rango de precios para los medicamentos con el fin de combatir la especulación y evita el pago de garantías económicas previas a un servicio de salud, como ocurrió en la primera ola del coronavirus.

El Ministro recordó que se pactó con los dirigentes nacionales de los médicos los ajustes a la propuesta original de Ley de Emergencia Sanitaria y se incorporó todas sus observaciones con el compromiso de que no se efectúen paros de ninguna naturaleza.

Fruto de ese pacto, se firmó un convenio entre el Gobierno y los médicos. Sin embargo, en los últimos días esos mismos sectores amenazaron con un paro si se promulga la citada Ley.

Por ello, el Ministro dijo que, al oponerse a esa norma, “a la ley que precautela la salud del pueblo boliviano, que garantiza o intenta garantizar su bienestar, entonces si nos oponemos al espíritu de esa Ley, definitivamente estamos asumiendo una posición político partidaria”.

La Embajada de Rusia en Bolivia informó el 20 de diciembre de 2019 al entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, y a la Cancillería, presidida por Karen Longaric, que se recurriría a un arbitraje y que se aplicaría un interés diario por el impago de los gastos operativos del avión Ilyushin que ayudó a mitigar el fuego en la Chiquitania.

La información fue brindada por el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, quien fue entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia TV, junto al encargado de Negocios de la embajada rusa en el país, Iakov Fedorov.

Blanco informó que el 20 de diciembre de 2019, la Embajada Rusa envió una nota verbal a la Cancillería donde señaló el monto adeudado y advirtió que “en el caso de que no suceda (el pago), según lo que dice el propio acuerdo, se va a cobrar una multa de 0,05% diario y además que se va a apelar a un arbitraje”.

Pese a esta advertencia, las autoridades de entonces no realizaron ningún pago y tampoco avisaron a la Procuraduría, generando que, hasta la fecha, la deuda vaya en incremento. 

Por su parte, el diplomático ruso dijo que se mantuvo al menos una reunión con el entonces ministro de Defensa y luego se le enviaron varias misivas. De manera similar, se mandaron notas verbales a la Cancillería con el fin de que se proceda al pago por los gastos operativos del avión bombero.

Blanco agregó que este caso será derivado al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría General del Estado para que asuman las acciones legales que correspondan.

El viernes, el Viceministro responsabilizó al régimen de Jeanine Áñez por el no pago de la deuda estimada ahora en 957.042 euros, correspondiente a los gastos operativos y administrativos de la aeronave.

Explicó que el entonces Gobierno del presidente Evo Morales hizo el primer pago, pero luego vino Áñez, quien cortó las relaciones con Rusia, dejó de pagar la deuda y motivó que el caso llegue a un arbitraje.

El Ministerio de Salud y Deportes informó este lunes que hasta este lunes ya fueron vacunados 8.905 profesionales de la salud que combaten en primera línea contra la pandemia del COVID19.

Según el reporte, el departamento de La Paz registra la mayor cantidad de inmunizados, con 1.938 dosis. Luego se sitúa Santa Cruz, con 1.879 personas vacunadas. Después se coloca Cochabamba, con 1.525.

Chuquisaca registra 690 inmunizados; Tarija, 783; Potosí, 432; Oruro, 700; Pando, 550; y Beni, 408 profesionales en salud vacunados.

Semanas atrás, llegó a Bolivia el primer lote con 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V que fue distribuida en todo el país para combatir el coronavirus.

El Gobierno logró comprometer la llegada gradual de más de 15 millones de vacunas para inmunizar al 100% de la población vacunable.