La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que se sistematiza más de 1.000 propuestas recogidas de la sociedad civil, víctimas de violencia, organizaciones sociales, colectivos feministas, instituciones defensoras de los derechos de las mujeres, gremios profesionales, operadores de justicia, entre otros sectores, para encarar la modificación de la Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Citada en un boletín institucional, la autoridad estatal explicó que aún no existe un anteproyecto de ley para el cambio normativo, pero mencionó que cuando se tenga el documento que recoja las propuestas recibidas se realizará una socialización “igualmente amplia”, en la línea de avanzar de manera colectiva en la defensa de los derechos de las mujeres.

Asimismo, Prada hizo énfasis en manifestar que el tema de la violencia es un problema estructural que tiene que ver con un sistema patriarcal que afecta a todas las mujeres y que reproduce lógicas machistas que se naturalizan, por lo que las soluciones deben ser también estructurales y para ello se necesita de toda la sociedad.

Finalmente, recordó que el Gobierno nacional, a la cabeza del presidente Luis Arce, definió en noviembre de 2020 modificar la Ley 348, para identificar las fallas en el cumplimiento de esa norma y proteger de mejor manera el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó que Bolivia registra mejoría en sus exportaciones por la subida de los precios internacionales en algunos casos y trabaja en el impulso de la diversificación de los productos no tradicionales y su comercio en mercados del exterior.

"Afortunadamente algunos de los precios internacionales están empezando a subir nuevamente, especialmente en el tema de minerales, pero vamos a trabajar muy intensamente para los sectores no tradicionales (…) En el caso de China, por ejemplo, las exportaciones se han incrementado de manera significativa”, dijo, en una entrevista con Bolivia Tv.

La autoridad gubernamental explicó que en el caso de los productos no tradicionales se busca la apertura de mercados del exterior para los casos de la chía, el amaranto y la quinua.

El Gobierno nacional tiene contactos con países como México y Turquía, que están interesados en los productos nacionales, agregó.

“Requerimos productos que tengan un mayor valor agregado, que puedan encontrar mercado en el exterior, además de las nuevas formas que la pandemia nos demanda para poder hacer comercio", complementó.

Por otro lado, Blanco mencionó que se seguirá con la promoción del café y se prevé lanzar una nueva subasta del denominado “Café presidencial”.

“Estamos trabajando también con el sector del cacao para poder encontrar mercados, sobre todo en el mercado europeo", concluyó.

El vocero Presidencial, Jorge Richter, informó este miércoles que el contexto en el que se enfrenta la pandemia por el coronavirus no permite aceptar el paro de actividades de los servicios de salud porque es contraria necesidad del pueblo boliviano.

“No es un momento en el que se pueda aceptar que haya un paro de actividades poniendo en riesgo a la ciudadanía”, dijo en entrevista con la red televisiva Unitel.

Richter hizo esa declaración al ser consultado sobre el caso de Santa Cruz, donde médicos se encuentran en un paro de 48 horas y se limitan a la atención de emergencias en el servicio público.

Los médicos exigen a las autoridades municipales y departamentales acciones para evitar contagios en esta segunda ola del COVID-19. Sugieren la cuarentena rígida.

“La amenaza de un paro del Colegio Médico Nacional, como el paro que se está realizando en Santa Cruz, guarda una distancia muy profunda con la necesaria empatía que se requiere entre la ciudadanía, los gobiernos y entre los sectores médicos”, cuestionó.

Indicó que las medidas de presión no corresponden, sobre todo, porque los galenos no optan por el diálogo para encaminar acciones conjuntas con las autoridades. 

“Antes de establecer una lógica de restricción plena y absoluta, lo que tiene que hacer es trabajar en esta secuencia. Ahí, sin lugar a dudas, el trabajo de la Gobernación y la Alcaldía tienen que ser mucho más eficientes, hay que diagnosticar a una mayor cantidad de gente”, sostuvo.

Aseguró que entre las demandas de los médicos se encuentra la contratación de recursos humanos y respondió que las nuevas contrataciones ya están a disposición de la Gobernación y del municipio de Santa Cruz.

Asimismo, indicó: “El tema electoral, las candidaturas, la cuestión política, las miradas y diferencias entre los liderazgos en una ciudad está afectando notablemente al tema de salud y exponen a la población en una disputa que termina siendo local e interna, exponen a la población con mucho riesgo”.

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, consideró que existen premisas políticas en la amenaza de un sector de los galenos de convocar a un paro contra la Ley de Emergencia Sanitaria.

"Estamos en época electoral, y pareciera que nuevamente las premisas políticas están por encima de las premisas académico científicas y de los justos derechos que también tenemos que defender de los trabajadores en salud", señaló.

Terrazas explicó que la Ley de Emergencia Sanitaria permitirá la protección de la población boliviana facilitando mecanismos administrativos, económicos y de gestión política para desburocratizar y tomar medidas de acciones inmediatas, eficientes y oportunas.

Asimismo, facilitará la adquisición de vacunas y medicamentos, abreviando procesos de registro sanitario, además de agilizar los recursos en las diferentes regiones tanto para el uso como para la contratación de personal, compra de equipamientos, reactivos e insumos, entre otros.

En cuanto al tema de contratación de personal del extranjero, Terrazas aclaró que lo que establece la ley es la contratación de especialistas bolivianos formados dentro del país o fuera.

Sobre la cláusula de confidencialidad del precio en el contrato de la compra de las vacunas Sputnik V, el Viceministro señaló que esa determinación se estableció para todos los países y que no se trataría de una disposición del Gobierno nacional.