La ministra de Trabajo, Verónica Navia, y el presidente de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad (Cobopdi), Mario Nacho, suscribieron un documento para retomar acciones referentes a la inserción laboral de esa población, tanto en el sector público como privado.

“Después de varios meses, se restituirá el derecho laboral a las personas con discapacidad. El derecho al trabajo está consagrado en la Constitución Política del Estado y las personas con discapacidad no están exentas de ésta; así lo entiende el gobierno del presidente Luis Arce”, afirmó Navia, citada en un boletín informativo institucional.

El documento fue suscrito tras un encuentro que tuvo lugar en Santa Cruz. Éste establece que se coordinará y verificará el cumplimiento de la inserción laboral en el sector público para personas con discapacidad que debe alcanzar el 4%.

Asimismo, determina que las distintas federaciones del sector apoyarán y realizarán un control social de aquellos funcionarios que ejerzan un cargo público, ya que las personas con discapacidad gozan de inamovilidad laboral.

“También se coordinará y verificará el cumplimiento de inserción laboral del 2 por ciento en el sector privado, es decir, el dos por ciento del total de trabajadoras y trabajadores en el sector privado deben ser personas con discapacidad”, explicó.

Según detalla el boletín, en el plazo de 10 días laborales se deberá conocer un informe estadístico previo de las instituciones a nivel nacional, referente a la inserción laboral de personas con discapacidad en cumplimiento de la Ley N° 997 (Inserción Laboral y Ayuda Económica para Personas con Discapacidad) del 26 de septiembre de 2017.

El presidente Luis Arce inauguró este viernes la Casa Social del Maestro Rural en Villa Montes, Tarija, que demandó una inversión de Bs 2 millones provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), en atención a las demandas de ese municipio ubicado al sur del país.

En su intervención, el mandatario sostuvo que gracias al voto mayoritario del pueblo boliviano se recuperó la democracia tras el “cruento golpe que saqueó las arcas del Estado”.

“Muchas alcaldías se vieron rebasadas en la multiplicación de necesidades que no podían cumplir. Hoy tenemos muchos requerimientos de obras para la población”, dijo.

En ese marco, aseguró que en los primeros cien días de su Gobierno se inició la reconstrucción de la economía y se restableció la inversión pública “que fue congelada y proscrita por el gobierno de facto”.

“Esta es una obra que estaba haciendo el hermano Evo y vamos a cumplir con todas las obras que estaba ejecutando”, afirmó.

“La entrega de esta sede, que tiene su particularidad, es una muestra más de que estamos avanzando en tan poco tiempo de Gobierno que tenemos”, afirmó.

Apuntó que la construcción de la Casa Social tiene por objeto atender la demanda de infraestructura propia, mediante esa edificación de dos niveles, que tiene una sala de reuniones para 80 personas en la primera planta y otra para 400 personas en la segunda planta.

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, afirmó este viernes que el gobierno de facto de Jeanine Áñez, a través del crédito gestionado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pretendía pagar cuatro veces más de lo que realmente cuestan las vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a la población. Destacó las negociaciones bilaterales y la gestión directa con las fábricas que se traduce en un ahorro para el Estado boliviano.

“A través de una negociación bilateral hemos logrado precios realmente accesibles, hemos negociado directamente con las fábricas y, haciendo un cálculo de lo que es el préstamo del FMI, en realidad las vacunas para toda la población boliviana no son ni la cuarta parte de ese dinero”, señaló en entrevista con radio Patria Nueva.

“No sé si ese gobierno de facto estaba pensando en utilizar casi 350 millones de dólares en vacunas, hay que preguntarse realmente para qué, a qué intermediario iba a parar eso”, acotó.

Blanco resaltó que, en estos nueve meses, la gestión de ese crédito que hizo el régimen de Áñez con el FMI representó para el Estado una deuda de casi $us 25 millones en intereses. “Imagínense realmente el costo que iba a ser para el pueblo pagar este crédito al FMI para comprar vacunas con sobreprecio. Si esa es la argumentación de la señora Áñez, entonces quiere decir que tenía el interés de comprar a cuatro veces lo que cuestan las vacunas”, remarcó.

El Viceministro sostuvo que gobierno de facto “no gestionó ni una vacuna a nivel bilateral, no adelantó absolutamente ninguna gestión a nivel bilateral y a nivel del COVAX simplemente envió una solicitud, una expresión de interés de ser parte. No han avanzado absolutamente nada en tema vacunas”.

También destacó la adquisición de medicamentos que llegaron de la India para combatir la pandemia. Señaló que para ello se tomó contacto con más de 120 empresas farmacéuticas de todo el mundo y, a través de esa gestión, se pudo advertir que hay un “monopolio” a nivel de Latinoamérica que hace que los precios de los fármacos suban entre seis o siete veces con relación al costo que tienen en la fábrica.

“Se está enriqueciendo ahí un grupo de personas, de familias, de empresas que se dedican a importar y como son los únicos que importan, pueden manejar el precio a gusto. Nosotros, para poder calcular el ahorro que hemos tenido, hemos utilizado los precios referenciales que tenemos en Bolivia, los precios que están en la lista de precios de medicamentos esenciales y bueno, como bien mencionaba el Canciller ayer, nos hemos ahorrado más de 9,5 millones de dólares al haber hecho directamente la transacción o el contrato con este proveedor”, indicó.

La autoridad dijo que también se tomó contacto con otros laboratorios del mundo y se están cerrando las negociaciones para garantizar que sigan llegando más vuelos cargados de medicamentos a fin de que no haya escasez de fármacos para combatir el coronavirus.

A tiempo de ratificar que la Ley de Emergencia Sanitaria tiene por esencia el precautelar la salud del pueblo boliviano ante la pandemia del COVID-19, cuidando su economía y evitando abusos similares a los cometidos durante la primera ola de la enfermedad, el ministro de Salud, Jeyson Auza, convocó a los sectores médicos movilizados a trabajar en la reglamentación de la norma y deponer medidas.

“Nosotros hemos demostrado nuestra vocación de diálogo y por supuesto que nos abrimos a la posibilidad de esclarecer o subsanar las observaciones que se pueda tener a los artículos de la Ley, y establecerlos claramente en la reglamentación”, afirmó, según indica un boletín informativo institucional.

Auza dijo que se dejó en claro que “el colegio médico podrá, y todas las instancias involucradas podrán participar del proceso de reglamentación de los artículos observados”.

Indicó que, para operativizar el trabajo de reglamentación de la norma, se emitirán invitaciones a las instancias pertinentes para que se realicen acciones conjuntas, con el objetivo de cuidar la salud de la población, prioritariamente. Señaló que la Central Obrera Boliviana (COB) anunció su participación.

“Si nosotros tenemos que abrir la puerta del diálogo para garantizar el acceso de la población a la salud, lo vamos a hacer. Nuestra vocación de diálogo es inagotable, lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo”, recalcó el Ministro.

Respecto a las movilizaciones y medidas que anunció el sector de salud, Auza hizo un llamado a la reflexión y a la razonabilidad ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país debido a la pandemia, resaltando que la población no puede ser privada de atención médica.