El vocero presidencial Jorge Richter consideró este lunes que la realización de un paro médico para proteger intereses corporativos o de grupo en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 “no es correcto”.

“Hay momentos en que no se puede utilizar una emergencia para tratar de lograr beneficios que protegen algunos intereses corporativos o de grupo. Eso no es correcto”, dijo, en una entrevista con RTP.

El denominado Consejo Nacional de Salud instruyó al sector médico realizar un paro general hasta el 28 de febrero en demanda de que se abrogue la Ley de Emergencia Sanitaria.

Según Richter, la población precisa ahora certidumbre respecto a la garantía de que contará con la atención necesaria cuando llega a un centro médico en este tiempo de “profunda emergencia” por el COVID-19.

“No necesita que sólo la emergencia esté atendiendo”, sentenció.

El Vocero Presidencial recordó que la población precisa en este momento la continuidad del trabajo de los médicos, porque la llegada de millones de vacunas contra el COVID-19 comenzará en los próximos días.

“La gente necesita que así como ellos, los bolivianos les han conferido sus vacunas, pues que ellos también les devuelvan atención médica”, concluyó.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, pidió este lunes a los productores de soya que reconsideren sus movilizaciones anunciadas a partir de esta jornada y ratificó que a ese sector “no le afecta en nada” la banda de precios para los subproductos de la soya.

“A la harina de soya el Gobierno aplica una banda de precios, eso vamos a seguir manteniendo y hemos propuesto mantener solo al 20% de la harina de soya solvente que procesa la industria nacional. Ese debería ser el motivo por el cual los que están queriendo movilizarse puedan reconsiderar porque prácticamente no estaríamos afectando en nada los precios de los productos de soya”, señaló en una entrevista con el canal RTP.

En pasados días, técnicos de la repartición gubernamental se reunieron con representantes productores para explicarles que la banda de precios no influye en el precio final del sector primario, pues solo garantiza la provisión de harina solvente de soya al sector pecuario a precio justo.

“Nosotros hemos manifestado al sector productor primario de que declinen cualquier medida porque lo único que van a hacer es perjudicar a los mismos productores soyeros de Santa Cruz”, remarcó Huanca.

Asimismo, recordó que el Gobierno propuso medidas alternativas para apoyar al sector primario, como el acopio de los granos de soya en los silos de Emapa, entre otras facilidades.

La autoridad gubernamental explicó que estas propuestas resuelven las demandas planteadas por los productores como mejorar el precio, pero fueron rechazadas con argumentos que no tienen sustento técnico.

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, reiteró este domingo el fundamento humanitario de la Ley de Emergencia Sanitaria que fue promulgada por el Gobierno días atrás. Señaló que esa norma no atenta contra los médicos, sino que reivindica los derechos de pacientes con COVID-19.

“Es una ley que es solidaria, no está en contra de los médicos, de hecho, no es así; está más bien a favor de los enfermos de coronavirus, de los familiares de los pacientes de coronavirus, es una ley que es sumamente estratégica”, afirmó en entrevista para Bolivia Tv.

Según explicó, la Ley “ayuda a tener un sostén legal” para el Mecanismo Covax, lo cual era un requisito para acceder a la dotación de vacunas gratuitas brindadas por esa plataforma mundial que garantiza el acceso equitativo a los inmunizantes.

Asimismo, detalló que permite establecer la creación de un Consejo Nacional Estratégico que estará conformado por 11 ministerios, inicialmente, lo que determina que el nivel central de gobierno asuma acciones para proteger a la población.

También dijo que la norma aprueba un tarifario básico para tratamientos médicos, en el marco de una resolución ministerial que regula los servicios de internación para evitar cobros excesivos en establecimientos de salud.

“Esta Ley de Emergencia Sanitaria es, sobre todo, una ley que es humanitaria y que está liberando en este momento a todas las familias que estén sufriendo, que tengan familiares, por ejemplo, que necesiten acudir a establecimientos privados. Se está liberando de esta obligación de pagar garantías, garantías que eran sumamente altas”, sostuvo.

Castro recalcó que “no hay nada más importante que proteger a nuestra población, que ninguna familia se vea en la necesidad de estar vendiendo un terreno, de estar vendiendo una casa para poder pagar, no la atención médica, para pagar una garantía. He visto desaparecer negocios, he visto desaparecer casas, realmente los vecinos han empezado a vender todo lo que tenían y a veces, en muchos de los casos, ni así han logrado salvar a uno de sus familiares”.

A su vez, recordó que el sector médico, que actualmente se encuentra en paro de actividades, sostuvo una reunión previa con el Ministerio de Salud y expresó sus observaciones a los artículos 17, 19 y 28 de la norma. Tras un debate con representantes de los Colegios Médicos del país, se determinó realizar las modificaciones sugeridas por los galenos y éstos firmaron un documento en el que asumen su conformidad con los cambios.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, indicó que la venta de medicamentos, oxígeno y otros insumos de salud para enfermos con COVID-19 se realiza con normalidad, sin especulaciones y con límites públicos a los precios.

La autoridad, entrevistada este domingo en el canal televisivo Bolivia Tv, indicó que el trabajo conjunto entre el Servicio Departamental de Salud, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) y su Viceministerio, permitió mejorar el control en farmacias.

“A la fecha, está garantizado el acceso a los medicamentos, se pueden encontrar en cualquier farmacia los medicamentos que demanda la población que ha sido contagiada con el COVID. Lo propio ocurre con el oxígeno”, informó.

Silva añadió que “la población tiene que estar tranquila respecto a poder abastecerse de los medicamentos, en el marco de una lista de precios que ha definido la Agemed en función a una estructura de costos que permite al sector farmacéutico tener una utilidad entre el 20 y 25 por ciento”.

Respecto a las denuncias de cobros excesivos en clínicas privadas y retenciones ilegales en centros particulares de salud, tal como ocurrió recientemente con un ciudadano venezolano, el Viceministro lamentó los abusos, atropellos y maltratos.

Dijo que es ilegal retener a una persona como garantía de una deuda de salud.

Silva también cuestionó el maltrato frecuente a los asegurados en las Cajas de Salud, situación que se manifiesta en las largas filas para la atención, rechazo de pacientes y diferimiento de hasta tres meses para recibirlos.

Lamentó que varios galenos y centros sanitarios actúen con criterios mercantiles por encima de la salud y la vida, extremo que se manifiesta en el paro de algunos sectores de profesionales en salud.