El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este sábado que se amplió el plazo de vigencia de los certificados de vivencia para los rentistas bolivianos que residen en otros países hasta el 31 de diciembre próximo, debido a las medidas y acciones de bioseguridad y vigilancia epidemiológica que realiza el Gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19.

“Se amplía la vigencia de las vivencias tramitadas a nivel nacional o en el extranjero en los pagos de Pensiones presentados por Asegurados o Derechohabientes, cuyo vencimiento se produzca desde el periodo enero 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 (sic)”, señala un comunicado oficial.

El documento expone que la medida fue aprobada por el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, en el marco de la política de Estado de proteger la vida y seguridad de todos los bolivianos.

Por ello, fue promulgado el Decreto Supremo N°4577, de 26 de agosto del año en curso, disponiendo ampliar la vigencia de las medidas y acciones de bioseguridad hasta fin de año.

El procurador general, Wilfredo Chávez, informó este sábado que un pronunciamiento técnico remitido por la Contraloría General del Estado (CGE) a la Procuraduría General del Estado (PGE) determinó que la Organización de Estados Americanos (OEA) no cumplió ningún parámetro ni norma internacional, por lo que no hizo ninguna auditoría para emitir su informe preliminar sobre las elecciones generales de 2019.

“Un informe oficial de la Contraloría ha destapado que no ha habido jamás una auditoría. Nosotros vamos a iniciar lo que corresponda, con relación a este informe, para que se sepa la verdad en el foro que sea necesario, para que este tema no quede en la impunidad (…). La Contraloría General del Estado ha demostrado con carácter objetivo que jamás ha habido un informe de auditoría, jamás el pueblo boliviano ha conocido una auditoría de la OEA”, denunció en conferencia de prensa.

La autoridad detalló que el informe presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no verificó ninguna de las 35.000 actas del cómputo oficial de manera objetiva.

“Ellos no han estado en los departamentos, no han verificado las 35.000 actas; en resumen, no ha hecho auditoría”, señaló.

Chávez condenó que ese informe preliminar de la OEA se haya presentado de forma anticipada, incumpliendo el acuerdo con el Estado boliviano y difundiendo sus resultados el 10 de noviembre en la madrugada, sin hacer la entrega oficial al Gobierno como correspondía, por lo que calificó esa acción como una “labor política golpista”.

Asimismo, el informe de la Contraloría advierte que la Secretaría General de la OEA no cumplió con el acuerdo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Cancillería, toda vez que no consta un pronunciamiento sobre el total del cómputo oficial de votos de acuerdo a lo comprometido.

"Se pudo advertir que la Secretaría General de la OEA no habría cumplido con el acuerdo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Cancillería, toda vez que no consta un pronunciamiento sobre el total del cómputo oficial de votos de acuerdo a lo comprometido, sin que tampoco se advierta en el indicado documento el empleo de las Normas Especiales de Auditoría Gubernamental del Estado boliviano y tampoco Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (...) emitiendo un pronunciamiento sin evidencia suficiente", señala el análisis realizado por la CGE.

El procurador afirmó que, como refiere el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), el documento presentado por Almagro solo provocó el golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019.

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, se reunió este sábado con el sector de los mototaxistas de la ciudad de Riberalta, del departamento de Beni, para atender sus demandas y conocer sus propuestas para la reactivación económica del sector y de la región.

“Nuestra lucha es contra la pobreza social, nuestra lucha es contra la pobreza espiritual hermanos. Cuando nosotros llegamos, cuando nuestro proceso de cambio llega al Gobierno el 2006, de cada 100 bolivianos 40 vivían en la extrema pobreza y muchos de nosotros sabemos qué es vivir en la extrema pobreza, y muchos de nosotros no sabemos, ni nos imaginamos cómo es vivir en la extrema pobreza”, reflexionó la autoridad al inicio de la reunión.

El vicepresidente recordó que entre el grupo de personas que vivía en extrema pobreza, se encontraban quienes no contaban con una vivienda y no tenían acceso a los servicios básicos, por lo que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) comenzó a trabajar para que en Bolivia nadie viva en esas condiciones.

“Tenemos tanta riqueza, pero ¿por qué tenemos que estar en la extrema pobreza? Es que no se ha administrado responsablemente nuestra riqueza en este país, no se han administrado responsablemente los recursos naturales, no se ha redistribuido, ha habido mucha corrupción, hubo robo, no pensaron en Bolivia”, rememoró.

Sostuvo que la aplicación de los programas y proyectos comenzaron en 2006 para la reducción de la pobreza extrema y ya en 2018 de 40 que vivían en esas condiciones, solo 17 de cada 100 pasaron a ese estrato.

“Hemos trabajado de manera conjunta con el pueblo, con ustedes, con las organizaciones para que el 2025 ya nadie viva en la extrema pobreza y estábamos avanzando, pero llega el golpe de Estado, donde no hubo solamente persecución, los han metido presos hermanos, por defender sus derechos, por decir lo que piensan, por defender la democracia”, señaló.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este sábado que un reporte remitido por la Contraloría General del Estado (CGE) determina que la Organización de Estados Americanos (OEA) no cumplió ningún parámetro ni norma internacional para emitir su informe preliminar sobre las elecciones generales de 2019.

"Se pudo advertir que la Secretaría General de la OEA no habría cumplido con el acuerdo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Cancillería, toda vez que no consta un pronunciamiento sobre el total del cómputo oficial de votos de acuerdo a lo comprometido, sin que tampoco se advierta en el indicado documento el empleo de las Normas Especiales de Auditoría Gubernamental del Estado boliviano y tampoco Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (...) emitiendo un pronunciamiento sin evidencia suficiente", señala el análisis realizado por la CGE.

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