El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, presentó este miércoles el diagnóstico y seis ejes para aplicar una reforma judicial en el Estado Plurinacional de Bolivia.
El plan se basa en el trabajo de los siguientes ejes: Balanceo del conflicto, sistema de acceso a la justicia, la independencia judicial, desarrollo normativo, las soluciones TIC y la transparencia institucional.
Balanceo del conflicto
Consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo a la cantidad de población y materia judicial, basada en criterios de equidad y con el propósito de alcanzar estándares internacionales en cuanto a calidad del servicio judicial.
Actualmente, el 24% de los juzgados corresponde a la materia Civil y Comercial, y el 1% a la materia Administrativa y Coactiva Fiscal. El 82% de los casos se resuelven en los juzgados de las capitales y el 18% en las provincias.
“A nivel nacional, hay, en promedio, un juzgado por cada 8.361 habitantes; de esa cifra, en ciudades capitales se cuenta con uno por cada 12.671 y, en provincias, uno por cada 6.098”, informó el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en un boletín de prensa.
Respecto a la cantidad de vocales por departamento (casos extremos), en Santa Cruz hay una sala por cada 179.846 habitantes, con un total de 18 vocales; mientras que en Pando hay una sala por cada 24.769, con un total de seis vocales.
En el caso de la cantidad de juzgados por departamento (casos extremos), en Chuquisaca se cuenta con un vocal por cada 8.531 habitantes en capitales y uno por cada 2.623 en provincias; en Santa Cruz, uno por cada 18.892 en capitales y uno por cada 10.087 en provincias.
Sistema de acceso a la justicia
Este eje busca promover que toda la población, especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos, acceda a la justicia en igualdad de condiciones. La constitución de este sistema de acceso se basará en la demanda real de justicia, estableciendo una red de trabajo integral entre los distintos niveles del Estado y sociedad civil.
“Es necesario asegurar la eficiencia en la administración de justicia, el desarrollo de normas, estrategias y mecanismos para su acceso oportuno e igualitario, y el fomento de los medios alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación y arbitraje”, informó el ministerio.
En ese ámbito, el Gobierno detectó deficiencias en la cobertura de juzgados, de acuerdo a datos del Consejo de la Magistratura, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Ministerio de Justicia, existen 175 municipios sin juzgados, lo que significa que 1.294.312 habitantes no cuentan con la cobertura directa.
Actualmente, cada juicio ordinario le cuesta al Estado Bs 3.568 y cada juicio en la jurisdicción agroambiental significa Bs 5.915.
Respecto al nivel de confianza en el Órgano Judicial devela que, del 1 al 5, se llega a un promedio de 2,7 de confianza.
La dificultad para acceder a la justicia por los costos judiciales, del 1 al 5 es de 4,3, según datos proporcionados por la Comisión Andina de Juristas (CAJ).
Independencia judicial
El plan busca consolidar la independencia judicial, a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público.
“Es necesario garantizar la carrera judicial institucionalizada, a través del desarrollo de procesos participativos con actores nacionales e internacionales”, indica el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Según el Consejo de la Magistratura, de un total de 1.098 jueces ordinarios (100%), 541 son de carrera (49%), 524 (48%) son transitorios y 33 (3%) son acéfalos.
Soluciones TIC
El plan estratégico del Gobierno busca impulsar la transformación digital del modelo de gestión judicial con el uso intensivo de plataformas informáticas interoperables, sistemas expertos e inteligencia artificial.
La implementación del sistema informático integral de acceso a la justicia para los servicios que brinda el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y sus entidades descentralizadas, se reforzará con la construcción de una red interinstitucional en distintos niveles del Estado.
Desarrollo normativo
En este eje, se tiene previsto desarrollar e implementar políticas públicas y normativa específica para la reforma del sistema de justicia. Así, se garantiza el acceso a la justicia, métodos alternativos de solución de conflictos, derechos fundamentales, entre otras medidas, en coordinación con todos los niveles del Estado y sociedad civil.
La normativa priorizada será la ley de modificaciones a la Ley Nº 004 contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz; el proyecto de ley de modificaciones de la Ley Nº 044 de juicios de responsabilidades; el proyecto de ley de modificaciones de la ley Nº 1104 de creación de salas constitucionales; el proyecto de ley de modificaciones de la ley N° 025, de 24 de junio de 2010 del Órgano Judicial; el proyecto de ley del servicio de Derechos Reales; modificaciones a la Ley N° 348 Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y la ley de jurisdicción agroambiental.
Transparencia institucional
Busca promocionar la ética y transparencia en la administración pública e intensificar la lucha contra la corrupción, a través del acceso a la información, control y participación social y el uso de tecnologías de información enfocadas al gobierno electrónico.
