El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, destacó este lunes que al menos 25 médicos se sumaron de manera voluntaria, sin ser convocados, a la toma de muestras de antígeno nasal para la detección de contagiados con el COVID-19 realizadas el fin de semana en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) de la ciudad de La Paz.

"Estamos hablando de que existen médicos, los cuales sin ser convocados están acudiendo a ponerle el hombro en esta situación donde nuestra población más requiere servicios de salud", ponderó, en una entrevista con la Red Uno.

De acuerdo con Auza, los galenos voluntarios se sumaron a 150 de sus colegas que trabajaron en la realización de los test que benefició a más de 2.000 personas de la ciudad de La Paz.

Por otro lado, el titular de Salud recordó que la primera fase de la vacunación contra el COVID-19 sigue en curso en su primera fase, de manera paralela, con más de 10.000 trabajadores en salud que recibieron la primera dosis y que comenzaron a recibir la segunda desde el fin de semana.

"El hecho de que la inmunización ya empiece a ser masiva no significa que la enfermedad ha desaparecido en su totalidad, sino es la respuesta estructural a la pandemia. Es la solución para evitar que la gente se vaya muriendo. Esta enfermedad se va a constituir en una enfermedad endémica, vamos a empezar a convivir con esta enfermedad", aclaró.

El Ministro de Salud mencionó, por otro lado, que se espera la confirmación de la cantidad y las fechas de arribo de las vacunas comprometidas por el Mecanismo Covax, que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las dos instituciones internacionales determinaron que el 23 de febrero emitirán una carta con fechas y cantidades, acotó.

"A más de eso que depende de la OPS y OMS, nosotros, como Gobierno nacional, hemos realizado la firma de un convenio días atrás a las cinco de la madrugada con China, en la que hemos garantizado 500.000 dosis. Medio millón de dosis llegarán a Bolivia, lo que va a permitir inmunizar a todo el universo de personal de salud y grupos de riesgo para luego iniciar la vacunación masiva", finalizó.

La Ley de Emergencia Sanitaria prohíbe que los servicios básicos sean suspendidos durante su vigencia. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aseguró que esa medida busca beneficiar al pueblo boliviano.

“Lo que establece esta ley es que ningún servicio básico puede ser impedido en ningún lugar. Estamos hablando de la luz, agua, medios de comunicación. Absolutamente, no pueden ser restringidos”, aseguró.  

El Artículo 24 de la ley establece que durante la vigencia de la emergencia sanitaria no podrán ser suspendidos la atención de los servicios de salud, los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, telecomunicaciones, telefonía móvil y fija, así como los servicios de internet.

Además, determina que el Estado adoptará todas las medidas extraordinarias para garantizar la continuidad en el abastecimiento de alimentos, servicios funerarios y otros.

Mamani informó que el Consejo Nacional Estratégico para las Emergencias Sanitarias es la instancia responsable de coordinar con los gobiernos subnacionales para que se coordinen todo lo determinado en la norma.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, dijo este lunes que el paro declarado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria pone en riesgo la continuidad de la estrategia de lucha contra el COVID-19.

“La segunda ola de la pandemia la estamos venciendo sin ningún día de cuarentena rígida. En ese sentido, la estrategia que está funcionando hoy puede verse afectada con ese tipo de movilizaciones. Llamamos a la razonabilidad a los sectores movilizados", dijo en una entrevista con la Red Uno.

La autoridad estatal consideró que “el punto de quiebre” del rechazo del Conasa a la Ley de Emergencia Sanitaria parece ser la regulación de los abusos que se cometen en los precios de los fármacos y los costos de la atención médica en los centros médicos privados.

En ese contexto, Auza aclaró que la normativa del caso no pretende fijar precios y sólo tiene el objetivo de determinar márgenes de costos por la atención médica única y exclusivamente mientras dure la pandemia por el COVID-19, además de garantizar la funcionalidad de todos los servicios y prohibir la suspensión de las prestaciones en nosocomios.

En el caso de contrataciones, mencionó que el instrumento legal no establece la contratación de personal extranjero y más bien menciona que “en una situación de emergencia podremos ver la posibilidad de contratar otro tipo de profesionales cuando en el país ya no se cuente con estos profesionales”.

La Ley de Emergencia Sanitaria tampoco atenta al derecho a la huelga como tal, porque lo que prohíbe es que las manifestaciones y paros no signifiquen la no atención en los servicios de salud, complementó.

El titular de Salud acotó que el Gobierno mantiene el llamado al diálogo a los galenos en la defensa de la salud y la vida.

“Hemos demostrado una actitud de diálogo, hemos escuchado al Colegio Médico en cuanto a cuáles eran sus observaciones y correcciones que ellos han definido", concluyó.

Varios hospitales y centros de salud de Pando, Tarija, Cochabamba y Sucre trabajaron con normalidad este domingo, según testimonios de enfermeras y médicos entrevistados por radio Patria Nueva.

En Cobija, Pando, el médico Nahún Vásquez, director del Hospital Roberto Galindo, informó que debido a la importancia de brindar servicio a los pacientes “aquí se sigue atendiendo”.

El galeno explicó que “ningún servicio se deja de atender” en las distintas reparticiones de salud. El profesional exhortó a que la dirigencia de su sector acuda al diálogo con el Gobierno.

En Tarija, en los centros de salud “Palmarcito” y “Villa Abaroa”, la atención sanitaria se efectuó con regularidad.

La enfermera Natividad Aramayo, del centro “Palmarcito”, informó que se atiende con normalidad todas las patologías, especialmente en el área de emergencias, donde se cumplen turnos de 24 horas.

En ese mismo sentido, el médico Nataniel Torrez dijo que se trabaja “de manera normal, aunque llueva, nieve o truene”, priorizando a los pacientes con más gravedad.

En Cochabamba, el hospital Viedma, considerado el más importante de la región, desempeña actividades con absoluta normalidad, según el testimonio de su director, Cristian Gómez.

“Agradecemos al personal que decidió no acatar el paro”, indicó el médico, quien calificó la medida de presión como “irregular” y “política”.

En 2018, durante la gestión de Evo Morales (MAS), los médicos realizaron un paro durante 46 días.

En 2019, los médicos pararon durante 100 días, también en la gestión de Morales; pero, de forma extraña, los galenos no pararon ni un solo día en 2020, en la gestión Jeanine Áñez.

En 2021, los médicos volvieron a iniciar un paro de actividades, esta vez en la gestión del actual presidente Luis Arce (MAS).

Al respecto, Gómez dijo que el paro convocado por la dirigencia médica es político, ya que similares movilizaciones no se realizaron en el régimen de Jeanine Áñez, pero sí en las gestiones del MAS.

También en Cochabamba, el Centro de Salud de Villa Pagador desempeñó sus actividades este domingo con total normalidad, según indicó un médico de apellido Rocha, entrevistado por la radioemisora.

El galeno indicó que el paro “no se acató desde el viernes”, y aprovechó la entrevista para pedir a la dirigencia de su sector que dialogue con el Ejecutivo.

En la ciudad de Sucre, el Hospital Jaime Mendoza realiza un “paro dinámico”, es decir que se atiende a todos los pacientes y se les suministra las recetas y medicamentos necesarios.

Algo similar ocurre en el Hospital del Niño, en la capital, donde la atención pediátrica es regular, según el recorrido del periodista de radio Patria Nueva.

Al respecto, la asambleísta departamental, Sandra Siñani, condenó el paro decidido por la dirigencia médica y dijo que tal medida es un crimen, ya que se afecta a la salud y vida de la población en tiempos de pandemia.