“Por favor doctor, póngame un calmante”, clamó durante dos horas Álvaro Valencia en la sala de operaciones del hospital Boliviano-Holandés, con una herida de bala en el brazo izquierdo por el disparo de un arma de fuego.

“Tiene que aguantar”, fue la fría respuesta de un médico a Marisol Rodríguez Cori, esposa del herido y ahora presidenta de la Asociación de Víctimas de Senkata, que brindó su testimonio al programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Valencia, después de recibir el impacto de bala en la puerta de su casa en el Distrito 13 de Senkata, El Alto, pasó por un vía crucis porque algunos nosocomios no querían atenderlo. Primero llegó a la Clínica Solidaria Fides donde se negaron a brindar atención, después acudió al hospital Boliviano-Holandés donde los médicos y enfermeras lo trataron de terrorista, masista y que se había vendido por “200 bolivianos”.

“Ya no quiero vivir, para que voy a vivir”, le decía Valencia a su esposa, quien observaba con impotencia el maltrato del personal de salud que se cebó con el dolor de los heridos que llegaron al nosocomio alteño

“Mi esposo ya no tenía ganas de vivir”, dijo Rodríguez a los conductores del programa. Antes de ser herido ejercía el oficio de metalmecánica, pero ahora no puede mover el brazo izquierdo y, por ende, no puede trabajar.

Indicó que los militares y policías llegaron hasta la planta de gas de Senkata donde amedrentaron a la población, generaron miedo bajo el argumento de que se dictará estado de sitio, dispararon gases lacrimógenos y sus armas de fuego.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este martes que el Gobierno nacional destina más Bs 300 millones cada año para el área de salud renal.

“El gasto en salud renal supera los Bs 300 millones al año”, manifestó, en el marco de un acto de lanzamiento de las actividades programadas por el “Mes de lucha contra las enfermedades renales”.

Según Auza, una parte de los recursos económicos se destina a más de 800.000 sesiones de hemodiálisis por año para enfermos renales y 25.000 pruebas de tamizaje en la verificación preventiva de las funciones de los riñones.

La atención de cada paciente con hemodiálisis cuesta Bs 111.228 en cada gestión, complementó.

Sin embargo, Auza manifestó que lo más importante es reducir el sufrimiento y dar mejores condiciones de vida a las personas con enfermedades del riñón.

“No podemos permitir que uno de nuestros compatriotas, uno de nuestros hermanos, uno de los que forman parte de nuestro pueblo, esté sufriendo con estas patologías”, relievó.

El titular de Salud recomendó que la población prevenga las enfermedades renales con la ingestión de agua diaria y suficiente, la eliminación del uso de la sal en las comidas y no beber alcohol y fumar, así como evitar el sedentarismo y males como la obesidad y la diabetes, entre otros.

“Tomar las medidas pertinentes que prevengan cualquier tipo de acción va a ser primero más barato, pero sobre todo más humano”, acotó.

El director general de Redes y Servicios de Salud, Ronald Pardo, explicó que las actividades programadas para el “Mes de lucha contra las enfermedades renales”, enfatizarán la realización de 25.000 pruebas gratuitas para detección precoz, la ejecución de programas de sensibilización y concientización sobre salud renal, un concurso con participación ciudadana sobre la temática y la promoción de las actividades deportivas y la alimentación adecuada, entre otras.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó  64 títulos ejecutoriales a productores de soya y arroz de la comunidad campesina “Limoncito Rio Grande”, ubicado a 130 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Para nosotros es una satisfacción entregarles sus títulos ejecutoriales y darles seguridad jurídica y por ende la soberanía alimentaria que ahora ustedes nos tienen que garantizar a todos los bolivianos. Por otro lado, es un honor hacer este trabajo ya que también se está entregando este documento a personas con capacidades diferentes, este es una muestra que como gobierno estamos trabajando por todos los ciudadanos”, manifestó el director departamental del INRA en Santa Cruz, Jaime Arias.

Se entregaron 64 títulos que beneficia a 61 familias que se dedican a la siembra de arroz y soya, con una superficie titulada de 2.298 hectáreas.

“Hemos esperado más de 20 años por este título, han pasado varias autoridades y eso hizo que demore y ahora agradezco al INRA por esta labor, estamos conforme con todo” manifestó Roberto Suto, secretario general de la comunidad.

“Agradezco a nuestro hermano presidente Luis Arce y al ministro Edwin Characayo y a  nuestros  compañeros del INRA. Gracias a ellos ahora  tengo tierra en mi nombre para poder trabajarlo, mi mamá es la que me ayuda y ella trabaja por mí, siembra dos veces al año, con eso pagamos mis fisioterapias, ahora puedo decir que soy dueña de mi tierra” manifestó Liseth Mita, quien sufre de discapacidad motriz de nacimiento.

El Ministerio de Salud y Deportes reportó este lunes 670 nuevos casos de COVID-19 en todo el país; mientras que la cifra de pacientes recuperados ascendió a 815.

Según indica el reporte N° 365 de esa cartera de Estado, Santa Cruz se mantiene como el departamento más afectado por el virus con 344 nuevos casos registrados. Le siguen Tarija, con 73 contagios y Cochabamba, con 58.

La Paz presentó 54 nuevos casos; Oruro, 38; Potosí, 35; Chuquisaca, 30; Beni, 22; y Pando, 16.

El reporte también detalla que hay 1.529 pacientes sospechosos, 42.457 activos y 548.048 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 260.059 casos de COVID-19, de los cuales 205.628 se recuperaron y hubo 11.974 decesos.