El reporte N° 396 del Ministerio de Salud señala que este jueves se registraron 823 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que 899 pacientes se recuperaron.

De acuerdo al informe de esa cartera de Estado, Santa Cruz es el departamento con mayor número de contagios, con 280 casos. La Paz presentó 154, Cochabamba, 154; Beni, 76; Tarija, siete; Pando, 41; Chuquisaca, 42; Oruro, 57; y Potosí, 12.

El reporte añade que hay 1.517 pacientes sospechosos, 38.016 activos y 740.150 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 286.114 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 235.495 se recuperaron y hubo 12.603 decesos.

Ancelma Ramírez tomó asiento después de dejar los implementos de aseo en el depósito de la Empresa Pública Productiva de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol) de Chuquisaca. Había acabado de limpiar una parte de la planta industrial ese 17 de noviembre de 2019 durante el régimen de Jeanine Áñez. Pero, su descanso fue interrumpido de pronto por el ruido de las hélices de helicópteros militares que se acercaban al lugar.

La encargada de limpieza no se imaginaba que ese momento se ejecutaba un desplazamiento militar para intervenir Envibol y que minutos después sus compañeros de trabajo serían sometidos a disparos, maltratos y abusos con el pretexto de que en la planta se escondía supuestamente el exministro Juan Ramón Quintana. Extrañada de lo que sucedía fue a buscar a su compañera de trabajo.

“Cuando llegué a la esquina, escuchamos disparos en la puerta de atrás. Cuando fuimos un poco más allá, los militares se habían entrado. Con mi compañera y uno de los ingenieros, que recién había llegado, subimos directo a la boca del lobo, porque nuestras compañeras estaban en el suelo con la boca para abajo (…) lo único que hicimos de susto era tirarnos al suelo y ahí nos quedamos”, relata Ramírez en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Los militares comenzaron a destruir las instalaciones de la Empresa Pública Productiva de Envases de Vidrio de Bolivia que el 1 de abril de 2021 retomó sus actividades después de lo sucedido en 2019. Rompieron puertas, desordenaron todo y dejaron todos los roperos abiertos.

“Empezaron a irse y nos dijeron que no nos levantáramos hasta que se fueran. Al menos, yo no los miré porque estaba con el Jesús en la boca, porque era algo terrible. Lo primero que pensé era en mi vida y en mi familia. Gracias a Dios, no llegó a mayores”, asegura Ancelma Ramírez.

Julio César Cabezas estaba cumpliendo su turno junto a sus compañeros y compañeras de trabajo cuando de repente militares irrumpieron violentamente en la fábrica de vidrios de Zudañez, Chuquisaca el 17 de noviembre de 2019 durante el gobierno golpista, había ordenes de tomarla sin importar el costo.

“Los militares nos han sorprendido porque no pensábamos que iban a entrar porque tenemos seguridad y guardia, pero han vulnerado, han abierto candados, han roto con bala los candados”, contó.

“A mi persona me apuntaron con el arma y nos decían que nos pongamos las manos en la nuca y nos obligaban a salir de la fábrica de las instalaciones. Les hemos explicado y dicho que corre peligro mucha gente y que estábamos operando, pero ellos nos han dicho que es una orden o va a pasar algo peor”, recordó Julio.

Mientras los militares fuertemente armados sometían a los trabajadores con la cara en el piso un helicóptero rondaba en los alrededores, cual se tratará de una escena de película. “Mucha gente, más que todo las mujeres si han tenido miedo, porque primera vez han visto un arma, tal vez vieron en películas las armas y no en la vida real como se dispara un arma al aire y como te causa el miedo”, testimonió.

Estuvieron casi uno hora en el piso con la amenaza de recibir más agresiones si intentaban levantarse o mirar el rostro encapuchado de los uniformados, les quitaron sus celulares e irrumpieron por la fuerza en todos los ambientes de la fábrica apuntando con sus armas sin encontrar nada y dejando destrozos.    

“Ese rato era obedecer no más y había miedo, porque tengo familia mi esposa y mi hija, lo principal era la vida y creo que hay gente que vive con ese trauma. Es una fábrica que se maneja con temperaturas altas y todo es una cadena, pero una mala maniobra puede afectar todo, pero eso no entendían, gracias a Dios no pasó nada grave”, continuó con su relato.

“Nunca pensé que pasaría esto, vivir esto como una guerra me ha sorprendido, no desearía esto a nadie, voy a trabajar para que esto no vuelva a pasar a nadie”, finalizó.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, entregó este jueves ayuda humanitaria a las víctimas de la masacre de Sacaba de 2019 que sucedió en el régimen de Jeanine Áñez. Hoy, 146 familias recibieron canastas con víveres y juguetes para los niños.

La autoridad gubernamental resaltó el compromiso de los habitantes del trópico cochabambino debido a su constancia en la militancia y defensa por la democracia en el país tras el conflicto poselectoral de hace más de un año.

“Me siento muy orgullosa de ser boliviana y de nuestras raíces, me siento muy orgullosa de nuestra plurinacionalidad, de nuestros idiomas como el quechua, de las mujeres de pollera que están aquí. Siempre estoy con ustedes, hermanas y hermanos. Compartimos la misma lucha y los mismos sueños”, aseguró.    

La actividad se desarrolló en la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en la localidad de Lauca Ñ.

El 15 de noviembre de 2019, durante el régimen de Jeanine Áñez, policías y militares ejecutaron un operativo en la zona de Huayllani del municipio de Sacaba contra protestas de vecinos que reclamaban respeto a la democracia. Ese día, 12 personas fallecieron luego de la represión.