Bolivia asiste este lunes 3 de mayo al Día Mundial de la Libertad de Prensa, tras haber superado 11 meses caracterizados por el cierre y desmantelamiento de medios comunitarios, persecuciones a periodistas críticos al régimen golpista, restricciones a la libertad de expresión, por un lado, y, por otra parte, privilegios para el complejo mediático privado afín al régimen de facto.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 3 de mayo se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual representantes de medios de comunicación africanos elaboraron un documento en el que se recogían los principios de la libertad de prensa.
Este año, el tema central es "La información como un bien común", que hace énfasis en la importancia de valorar la información como un bien de todos, según la ONU.
Estos principios de la libertad de prensa y expresión fueron vulnerados durante el régimen de facto presidido por Jeanine Áñez.
En enero de 2021, el director de las Radios de los Pueblos Originarios (RPOs), José Aramayo, denunció que el régimen de Áñez acalló la voz de 88 emisoras que forman parte del sistema nacional, cuyos equipos desaparecieron, fueron secuestrados o quemados con el objetivo de aplacar la voz de las naciones que viven en el occidente, trópico y amazonia de Bolivia.
En noviembre de 2019, grupos de choque afines al régimen de Áñez, asaltaron las instalaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en la ciudad de La Paz, amarraron a un poste al director de la Radio “Comunidad” y saquearon esa radioemisora.
Esos mismos grupos, al calor del golpismo, asaltaron medios estatales como Bolivia Tv, radio Patria Nueva y obligaron a sus periodistas, mediante la violencia física, a abandonar sus fuentes de trabajo.
Varios corresponsales extranjeros que registraban los hechos de violencia de 2019, fueron amedrentados y perseguidos. Uno de ellos, el periodista argentino Sebastián Moro, fue encontrado inconsciente y moribundo. Tenía golpes y moretones. Según un médico externo que fue a realizarle un estudio, esas marcas en su cuerpo coincidían con señales de torturas. Este caso es investigado por la justicia argentina, según el periódico Página 12.
El régimen de facto también apuntó contra las redes sociales digitales que se convirtieron en la verdadera resistencia al golpe de Estado. Varios gestores de redes sociales, ‘influencers’ y ‘youtubers’ fueron detenidos y encarcelados por expresar opiniones críticas.
Áñez y sus ministros se ampararon para esas acciones en el Decreto Supremo número 4200 que indicaba: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.
Precisamente por ese Decreto, el Ministerio de Justicia presentó una proposición acusatoria para juicio de responsabilidades en contra de Áñez por la vulneración de la libertad de expresión porque se usó a la pandemia del coronavirus como pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de centenares de personas.
Además, el 7 de mayo de 2020, la dictadura aprobó el Decreto Supremo N° 4231, que estableció: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
Días después de que Áñez se autoproclamara presidenta, la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, reveló que se hacía seguimiento a periodistas que no compartían con la línea gubernamental, ya que eran considerados sediciosos. “(…) aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, amenazó.
A eso se suma la advertencia vertida por el Ministerio de Gobierno a cargo de Arturo Murillo. La noche del 31 de mayo de 2020, difundió un comunicado en el que amenazaba al periodista Junior Arias de la red televisiva Gigavisión por la investigación del caso vinculado a la adquisición estatal de gases lacrimógenos por parte del Gobierno con presunto sobreprecio. El régimen de Áñez consideró la investigación periodística como “guerra sucia” y “guerra política”.
“Ante ello, solicitamos al Sr. Arias que rectifique. Con esa historia falsa y construida sobre la base de insinuaciones irresponsables, el Sr Arias está dañando la imagen, el honor y la dignidad de varias personas”, se lee en el comunicado.
“Repetimos: es una falsedad y no vamos a descansar hasta que el Sr Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas”, añade.
El comunicado provocó reacciones de rechazo. Por ejemplo, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, se pronunció y aseguró: “Manifiesto grave preocupación por respuesta del Ministerio de Gobierno de Bolivia a investigación periodística sobre compra de gases antidisturbios. Calificar de hacer ‘guerra sucia’ o ‘guerra política’ a un medio es estigmatizar, en lugar de rendir cuentas sobre tema de fondo”.
Sin embargo, mientras el régimen estigmatizaba a periodistas críticos como “sediciosos”, por otro lado, privilegió su trato a comunicadores, periodistas, medios y analistas que se convirtieron en funcionales al gobierno de facto.
En ese sentido, repartió consultorías estatales bien pagadas para comunicadores como Humberto Vacaflor, Carlos Valverde o Nancy Vacaflor.
El propio Valverde admitió que recibió dineros ya que dijo que tiene derecho a ello.
Además, el complejo mediático privado apuntaló las consignas del régimen de facto en sentido de que hubo fraude electoral (pese a la ausencia de pruebas irrefutables), se logró la pacificación del país (minimizando las masacres de Senkata y Sacaba) y que se trataba de un gobierno de “transición” (no golpista).
Según el exrepresentante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, el régimen golpista construyó una “narrativa de fraude” sin ninguna prueba al respecto.
