El Reporte N° 458 del Ministerio de Salud y Deportes señala que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 2.863 casos este miércoles; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 3.664. Los decesos llegaron a 88 y los casos descartados a 13.295.

Santa Cruz y La Paz son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 805 y 718 casos, respectivamente. Cochabamba registró 477 casos; Chuquisaca 235; Potosí 196; Tarija 188; Oruro 100; Beni 97; y Pando 20.

El reporte añade que hay 68.539 casos activos y 1.270.262 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 414.513 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 330.148 se recuperaron y hubo 15.826 decesos.

Trabajadoras de la empresa La Paz Limpia (LPL) imploraron este miércoles el pago de sus sueldos adeudados hace más de cinco meses por parte de la Alcaldía de La Paz, para poder cumplir con sus obligaciones y cubrir sus necesidades básicas.

“Nosotros trabajamos solamente en esto, con lo que pagamos alquiler, cuotas al banco, ahora con lo que no hay clases tenemos que pagar el internet de nuestros hijos porque tienen que pasar clases, no podemos dejarlos a su suerte y pagar todas estas cosas que se han aumentado, que no es nada barato, y nuestros sueldos no han aumentado, ganamos el mínimo nacional y de paso no nos pagan”, indicó María, quien no precisó su apellido, en una entrevista con Red Patria Nueva.

La trabajadora indicó que muchos de los obreros desempeñan funciones desde hace más de 25 años, otros que ingresaron con la anterior empresa de recojo de basura y se quedaron a formar parte de la nueva empresa, quienes tienen ya más de 15 a 20 años en el cargo.

Por su parte, Lita Mercado, otra de las trabajadoras de LPL, afirmó que el sueldo que gana, que no sobrepasa el mínimo nacional en todos los casos de los obreros, no le alcanza más que para lo básico, y por lo meses en los que no percibió salario tuvo que adquirir préstamos para subsistir.

“Nosotros ganamos el mínimo nacional. Yo pago al banco Bs 450 y Bs 750 el alquiler, más el wifi, no me alcanza para más, pero tenemos que seguir, solo queremos que nos paguen nuestros sueldos. Por favor señor (Iván) Arias, basta de estas tonterías, basta de mentiras, cómo puede decir que había un acuerdo si ni siquiera está firmado, ni por él, ni por la empresa, ni por nosotros, ni por nadie”, aseveró en una entrevista con Bolivia Tv.

Por su parte, Paola, también trabajadora de LPL, indicó que muchas son madres solteras y que lo único que piden es que se cumpla con los acuerdos

“Nosotros estamos luchando por nuestro trabajo, porque no queremos perderlo, es la única fuente de ingresos que tenemos y lo único que le pedimos al alcalde es que nos escuche, nos atienda y nos dé una solución

Recordó que muchos trabajadores de la empresa murieron por COVID-19 y otros tantos ingresaron a terapia intensiva, por lo que se tuvo que doblar turnos y cubrir las acefalías para que la ciudad no quede desamparada en la limpieza, mientras toda la población estaba siendo resguardada en su salud.

Todas las trabajadoras desmintieron que su movilización sea obligada o política y pidieron que el diálogo sea entre la Alcaldía, la empresa y los trabajadores, como garantía para que se dé cumplimiento a un posible acuerdo.

La Defensoría del Pueblo expresó su objeción al documento emitido por la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019 - enero 2020”, porque minimiza las masacres de Sacaba y Senkata, que fueron producto de la represión desatada por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

“Esta institución defensorial ve con preocupación que la Iglesia Católica pretenda generar la idea de que las muertes del conflicto poselectoral fueron fruto de ‘enfrentamientos’ entre ciudadanos, o de la violencia de un grupo de personas, cuando esta institución defensorial ha verificado que esos fallecimientos pertenecen a la población civil y que fueron producto de la acción combinada de fuerzas estatales y paraestatales”, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Recordó que, según el informe defensorial “Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia”, los actos violentos cometidos por los gobernantes de turno, grupos paraestatales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas en el periodo poselectoral de 2019 desembocaron en la muerte de 20 ciudadanos en las denominadas masacres de Sacaba y Senkata.

La Defensora advirtió que el documento de la Iglesia replica el argumento del Gobierno transitorio de que en Sacaba “hubo enfrentamientos”, en los cuales los grupos que se encontraban en una manifestación “se habrían matado entre sí”.

“Esta posición pretende deslindar responsabilidad a las fuerzas conjuntas que operaron el 14 de noviembre de 2019 y niegan la represión ejercida contra una población civil estigmatizada. Existe una falta de respeto a la memoria de las víctimas fallecidas, a los heridos y a sus familiares”, observó.

Cruz añadió que la conferencia episcopal también falta a la memoria de quienes perdieron la vida en la masacre de Senkata, al afirmar que en el lugar “se desató la violencia”, pues con esto pretende mostrar que la población civil fue parte activa de esos hechos y no así víctima de la represión de las fuerzas militares.

“La Defensoría del Pueblo ve con temor que personas procesadas por estas masacres hagan o pretendan hacer uso de este informe, que contiene afirmaciones sin sustento documental, cuando actualmente existen investigaciones para individualizar a los responsables. Esta irresponsabilidad de la CEB pretende poner en riesgo los procesos judiciales, que buscan obtener la verdad de estas masacres”, afirmó.

Además, recordó que los luctuosos hechos de Sacaba y Senkata fueron condenados por organismos internacionales de Derechos Humanos y por la comunidad internacional, que las calificó como “masacres”.

Finalmente, la Defensora anunció que, mediante una nota, hará conocer al Papa Francisco las observaciones defensoriales sobre el documento de la Conferencia Episcopal de Bolivia.

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, y el titular de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Omar Quiroga, firmaron este miércoles un convenio para avanzar en la prevención y la erradicación progresiva del trabajo forzoso o cualquier otra forma de explotación de los trabajadores del área rural, entre ellos madereros, cañeros y castañeros.

“No es un convenio más, es dar respuesta a un gran problema en este país: la explotación laboral oculta, clandestina. La explotación laboral de niños, la explotación laboral de mujeres en áreas dispersas”, afirmó Navia en el acto.

El director de la ABT, Omar Quiroga, afirmó que el “convenio busca establecer planes de control y supervisión para erradicar progresivamente el trabajo forzoso y cualquier otra forma análoga de explotación de trabajadores en el rubro maderero, castañero, cañero y otros”.

A su turno, el jefe de la Unidad de Derechos Fundamentales, del Ministerio de Trabajo, Gabriel Carranza, explicó que a través de las oficinas móviles se evidenció que los trabajadores asalariados de los rubros seleccionados se encuentran en estado de indefensión debido a la imposibilidad de acceder a algunas instancias de esa Cartera de Estado para realizar sus denuncias.

“Por ejemplo, se encontró salarios por debajo del mínimo nacional, jornadas de trabajo superior a las ocho horas, jornadas dominicales y de feriados sin remuneración extra (tal como establecen las normas vigentes). Los seguros a corto y largo plazo y los aportes para la jubilación no existen. Por otro lado, las trabajadoras no conocen el beneficio de embarazo, parto, pos parto, lactancia y otros”, relató.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, expresó su satisfacción porque la máxima entidad sindical del país estará involucrada en el control y la supervisión del trabajo de los rubros maderero, cañero y castañero, que también aportan a la economía nacional, pero “por las características geográficas del país no alcanzan a ser protegidos en sus derechos laborales”.

“Los trabajadores asalariados del campo también están afiliados a la COB y por eso resaltamos esta iniciativa de un convenio interinstitucional que permitirá cubrir los derechos laborales de este sector”, afirmó.

Según el convenio, las autoridades del Ministerio de Trabajo y la ABT se reunirán cada tres meses para hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento y ejecución de actividades programadas.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años, a partir de su firma, pudiendo ampliarse previa evaluación.

Además, establece las condiciones y formas de cooperación mutua que permita fiscalizar, supervisar y apoyar procesos de intervenciones en el marco de las atribuciones de cada una de las instituciones firmantes.

La iniciativa surgió por la necesidad de sentar presencia del Estado en regiones como la Amazonía, el Norte Integrado de Santa Cruz y el Chaco, donde las oficinas móviles de la Unidad de Derechos Fundamentales evidenciaron el incumplimiento de la normativa laboral y derechos fundamentales por parte de los empleadores.