Inocencio Yubanure, dirigente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), lamentó la politización de la marcha que se aproxima a la ciudad de Santa Cruz y dijo que los dirigentes indígenas legalmente reconocidos presentaron su pliego de demandas al Gobierno.

Explicó que la movilización que se aproxima a la capital oriental, no tiene legitimidad ni legalidad debido a que sus impulsores, Marcial Fabricano, Adolfo Chávez y otros, no son dirigentes y ni siquiera viven en los territorios indígenas ya que su residencia está en la ciudad de Trinidad.

Yubanure lamentó que esa marcha se distorsione con el apoyo de actores políticos, como Luis Fernando Camacho y con la presencia de personas cuyo mandato ya feneció, como la activista Amparo Carvajal.

“Ella está al servicio de la derecha” y no defiende los derechos humanos de los más pobres, indicó.

Yubanure criticó que la caminata, hasta la fecha, no difundió su pliego petitorio el cual, en caso de existir, debería ser planteado ante el Gobierno nacional y no ante Camacho.   

En contraste, explicó que las organizaciones indígenas legalmente reconocidas, con vida orgánica y legitimidad, como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (Cidob), recientemente presentaron un pliego de demandas para ser atendido por el Gobierno Nacional, vía diálogo.

El Reporte N° 555 del Ministerio de Salud y Deportes señala que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 290 casos este martes; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 927. Los decesos llegaron a 8 y los casos descartados a 5.224 durante esta jornada.

Santa Cruz y La Paz son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 104 y 48 casos, respectivamente. Cochabamba registró 39 casos; Chuquisaca 35; Tarija 35; Potosí 17 Oruro 8; Beni 4; y Pando 0.

El reporte añade que hay 25.680 casos activos y 1.903.266 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 497.676 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 453.324 se recuperaron y hubo 18.672 decesos.

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (Cidob) presentó su plataforma de demandas al Gobierno, donde pidió la conclusión del saneamiento y titulación de tierras y otorgó un plazo de 72 horas para atender sus solicitudes. De no ser escuchada, anunció que iniciará el 4 de octubre la décima primera marcha nacional hacia la ciudad de La Paz.

La resolución 001/2021 de la tercera Comisión Nacional de la Cidob, que congrega a los 34 naciones y pueblos indígenas, tuvo la participación de sus organizaciones: CPESC, Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), CMIB, GC-TS, OICH, ORCAWETA, COPNAG, CABI, CPITCO, CIPOAP, CPILAP, CPEMB y CIRABO, indica el pronunciamiento.

Entre las solicitudes incluidas en la plataforma de demandas al Ejecutivo, se encuentran las siguientes:

- Derecho a la autodeterminación/autonomía. Artículo 2 de la Constitución Política del Estado (CPE).

-Cumplimiento de los derechos constitucionales. Artículo 30 de la CPE.

- Respeto  a los territorios ancestrales/ precolonial y tierras tituladas y solución a las demandas pendientes y la priorización constitucional. Artículo 2 de la CPE.

-Conclusión del saneamiento y titulación de los territorios demandados en las 14 regionales afiliadas a la Cidob.

- Demanda de desarrollo económico en el modelo productivo indígena, financiamiento a la ANPI -Cidob. Artículo 307 de la CPE.

-Cumplimiento de la agenda estratégica y agenda nacional indígena productiva.

-La Comisión nacional rechazó enérgicamente los afanes de división del movimiento indígena, manifestado por el Gobierno Nacional, en Trinidad, Beni, el 14 de septiembre de 2021.

-Ratificó su respaldo al dirigente de la Cidob, Justo Molina Barrancos, junto a su directiva.   

La Cidob otorgó un plazo de 72 horas al Gobierno para atender sus demandas y para que “se constituya con sus ministros en nuestra casa grande Cidob”.

La resolución indica que, si la Cidob no es escuchada, el 4 de octubre iniciará la décima primera marcha nacional hacia la sede de Gobierno.

La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC) emitió este martes un pronunciamiento que condena las agresiones que sufrieron dos periodistas del diario Opinión, Miguel Rojas y Nicole Vargas, por parte de simpatizantes del alcalde Manfred Reyes Villa, que instalaron una vigila en la plaza 14 de Septiembre.

Asimismo, el documento solicita que la Fiscalía y la Policía hagan cumplir las leyes e investiguen el caso para establecer responsabilidades y sanciones.

“La FSTPC rechaza las agresiones e insultos cobardes que recibieron los colegas e insta a las organizaciones políticas a respetar el trabajo de la prensa y garantizar su labor sin violencia, Pedimos a la Fiscalía y a la Policía de Cochabamba hacer cumplir las leyes e investigar las agresiones contra dos trabajadores de la prensa para establecer responsabilidades y sanciones”, manifiesta el pronunciamiento.

El documento explica que las víctimas fueron atacadas cerca de las 21.30 la noche del lunes, cuando realizaban su labor periodística.

El pronunciamiento relata que un grupo de personas que se encontraban en vigilia en la plaza 14 de Septiembre, en respaldo al alcalde de Cochabamba, propinó golpes al periodista Miguel Rojas y le quitó un celular con el que realizaba una filmación. 

“Otra persona empujó a la periodista Nicole Vargas y la agredió verbalmente, cuando intentaba recuperar el celular de Miguel Rojas”, agrega. 

El texto institucional menciona que ambos incidentes se produjeron a la vista y paciencia de otros dirigentes y seguidores del partido Súmate, al cual pertenece Reyes Villa.

El pronunciamiento establece, finalmente, que la FSTPC deplora que grupos de políticos en pugna, una vez más, hayan agredido física y verbalmente a los trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones.