(Foto: Ministerio de Trabajo)

El viceministro de Trabajo, Víctor Quispe, calificó este domingo al paro convocado por los cívicos de Santa Cruz como “netamente político”, en el que se estaría utilizando a las personas para intereses personales.

“La gente quiere trabajar y quiere llevar el pan de cada día, la población no va a responder a las convocatorias políticas”, indicó según un boletín institucional.

Ratificó que debe existir normalidad en la jornada laboral del 11 de octubre para todos los trabajadores de instituciones públicas y privadas.

“La falta a sus puestos laborales será considerada falta injustificada y estaría sujeta a las sanciones administrativas correspondientes", advirtió.

La autoridad manifestó que los bolivianos, después de sufrir una caída en la economía nacional, necesitan trabajar.

Por otro lado, agregó que cada 11 de octubre se recuerda el Día de la Mujer Boliviana, en conmemoración a la poetisa y educadora Adela Zamudio y, por lo tanto, de acuerdo a la disposición emitida por la Dirección General de Trabajo, Comunicado 038/21, las mujeres bolivianas gozan de asueto de media jornada laboral.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó que el lunes se iniciará el “reto democrático” con el análisis de las 35.000 actas electorales de 2019.

Afirmó que será una actividad trasparente y que los principales invitados son las personas que denunciaron el supuesto fraude.

"Hemos convocado de manera abierta a la sociedad civil, organizaciones sociales, dirigentes que nos van a acompañar en el proceso de revisión (…). Los principales invitados son los que han indicado que había un fraude, son nuestros principales invitados, les vamos a esperar con cariño, les vamos a decir señores demuéstrennos, aquí están las 35 mil actas ¿Dónde está el fraude?, vamos a ver una por una las actas”, sostuvo Chávez en Bolivia Tv.

Aseveró que, con la revisión promovida por la Procuraduría, en el marco de sus competencias de defensa del Estado y de sus intereses, se pretende conocer la verdad de lo que sucedió en las elecciones de 2019 y así desmentir la teoría de un supuesto fraude en el marco de preservación de la democracia.

“Queremos cerrar los procesos judiciales con la información que vamos a tener hasta el viernes (…). Este es un trabajo que nos corresponde como parte procesal en el juicio, ese es nuestro trabajo”, aclaró.

En la metodología para la labor de verificación de actas observadas, dijo que se utilizará la medición y las técnicas cuantitativa y cualitativa.

En cuanto a la muestra y herramientas aplicadas, se revisarán todas las actas computadas en las elecciones generales de hace dos años.

En la técnica del sistema, se usará una aplicación de red cerrada que se conectará al sistema de gestión de bases de datos de actas.

Detalló que se trabajará con personal académico de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), a través de convenios de cooperación interinstitucional sin costo para la Procuraduría.

Se contará con 40 estudiantes de último año de la UPEA, del área de Informática, quienes harán una revisión acta por acta en el acto público que será monitoreado en 40 pantallas y que otro grupo de profesionales experto en la Ley de Régimen Electoral se encargarán de un segundo nivel.

Aclaró que esta semana se realizará el trabajo de auditoría al cómputo que debía realizar la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según el cronograma de trabajo, el lunes se revisarán las actas de los departamentos de Tarija y Oruro, además del servicio exterior.

El martes se continuará con los resultados de La Paz y Pando; el miércoles, Cochabamba y Beni; el jueves, Santa Cruz y el viernes se concluirá con Potosí y Chuquisaca.

La autoridad reiteró que el trabajo será público y transparente y que las actas serán obtenidas del Sistema Electoral, para que la población pueda conocer la verdad de los hechos. La actividad será acompañada con notarios.

El procurador aseveró que se espera concluir con el informe final, de toda la revisión hasta el sábado y domingo se cerrará todo el informe y posteriormente se informará al pueblo boliviano.

“(…) El sábado y el domingo vamos a cerrar el informe (…), hay que poner contexto, para que cumpla las condiciones de un informe serio, es decir, tenga todas las condiciones legales, académicas, las acreditaciones respectivas”, aclaró la autoridad.

La revisión iniciará el lunes a las 8.30 en instalaciones de la Procuraduría General de la ciudad de El Alto.

La Defensoría del Pueblo expresó este domingo su preocupación por el anuncio de algunos alcaldes municipales y gobernadores departamentales de acatar el paro cívico convocado para el 11 de octubre, con la suspensión de actividades, lo que se constituiría en una vulneración a los derechos de la población que acude a esas instancias para recibir atención en sus demandas.

“Como institución defensora de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo reconoce el ejercicio de la protesta y la movilización, y que la ciudadanía puede manifestarse; no obstante, deben tomar en cuenta que se deben agotar los mecanismos institucionales y legales; en esa línea, exhorta al Estado buscar espacios de diálogo para evitar situaciones de confrontación y a respetar la institucionalidad de la administración pública que esta para servir a la población”, señala una nota institucional.

El documento indica que la protesta y la libertad de expresión están previstos y protegidos por la Constitución Política del Estado, derechos que “en tanto no sean impuestos” son propios de la ciudadanía, pero no así de las instituciones públicas, cuyas máximas autoridades ejecutivas, municipales y departamentales son parte del Estado, y como tal, acatar una medida extrema como un paro es incumplir la obligación que tienen como servidores públicos afectando a ese mismo Estado que administran.

“Es ingresar a una contradicción; por responsabilidad, estas autoridades deben buscar los mecanismos constitucionales y legales para plantear sus demandas y necesidades. Buscar o priorizar otro tipo de medidas que no se enmarquen en lo legal, como las que anunciaron para este 11 de octubre, no solo refleja la instrumentalización política de las instituciones municipales y departamentales, también atentan contra la institucionalidad de la administración pública promoviendo el incumplimiento de la obligación internacional que señala el deber de garantizar el ejercicio de los derechos humanos”, asevera.

En este contexto, durante el lunes, la Defensoría del Pueblo reforzará su línea gratuita 800-10-8004 y la disponibilidad de sus 18 oficinas a nivel nacional para atender posibles afectaciones a los derechos de la ciudadanía que acuda a los servicios de los gobiernos municipales y departamentales, instancias contra las que ya existen denuncias registradas en la institución defensorial.

Entre 2020 y hasta septiembre de 2021, las  distintas oficinas defensoriales registraron un total de 1.071 denuncias contra las nueve gobernaciones departamentales y 2.983 contra gobiernos municipales, siendo los derechos más denunciados los derechos a la salud, derechos laborales y petición y respuesta en el primer caso, y en el segundo, petición y respuesta, derechos laborales, derechos de la niñez y adolescencia, derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública, integridad personal, derechos de las mujeres, salud, garantías del debido proceso y acceso a la justicia, garantías del debido proceso y acceso a la justicia y derechos de los adultos y adultas mayores.

“Frente a la politización que hoy está presente en el país, la Defensoría del Pueblo llama a los sectores involucrados en el paro de este lunes a ejercer su derecho a la protesta respetando el derecho a la libre circulación de la población que no es partícipe de sus movilizaciones, que solo busca desarrollar sus actividades con normalidad para satisfacer sus propias necesidades; y a respetar las disidencias del lado que vengan; en ese marco, pide a la Policía Boliviana mantenerse alerta frente a posibles episodios de conflictividad y que su accionar se enmarque en el respeto de los derechos humanos y en el uso proporcional permitido de la fuerza”, señala la nota.

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Clemente Ramos, destacó este domingo que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazara el proyecto de ley “separatista”; sin embargo, aseveró que se pidió un informe y adelantó que se sancionará a los promotores de la ley departamental.

“Se ha rechazado el proyecto de ley separatista que atenta contra la unidad del país (…). Tenemos solicitudes que hemos realizado a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz y hasta la fecha no nos han respondido, no nos responden en el debido tiempo y vamos a iniciar un proceso por incumplimiento de deberes, porque hemos presentado requerimiento de actas, videos (…). Todos esos delitos que han cometido tienen que ser observados y sancionados, no vamos a permitir que Santa Cruz se divida o puedan realizar un separatismo dentro del Estado Plurinacional”, dijo.

Según la autoridad, entrevistada en Bolivia Tv, dijo que el proyecto de ley departamental fue aprobado el 17 de septiembre por una simple mayoría, porque la bancada del MAS se negó “rotundamente” a aprobarla, al identificarla como un atentado contra la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes que pretendían que la ALD de Santa Cruz asuma decisiones y tome el control de instituciones que son de competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Explicó que según el reglamento interno se necesita la aprobación de 2/3; sin embargo, esta ley fue aprobada por 15 personas, por lo que se solicitó un informe de las actas y videos de la sesión para identificar a las personas que promovieron dicha ley.

“No vamos a permitir que Santa Cruz se divida y puedan ocasionar un separatismo en nuestro Estado Plurinacional”, señaló.

Según las denuncias que presentaron, el artículo 16 de esa “ley departamental” señalaba que la asamblea cruceña tenía las atribuciones de elaborar “ternas” para la elección del Fiscal Departamental, representante de la Defensoría del Pueblo, representante de la Contraloría General del Estado, representante departamental de la Procuraduría General del Estado, vocales del Tribunal Departamental Electoral, vocales del Tribunal Departamental de Justicia y un director de la oficina anticorrupción.

Por ese motivo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presentó una “Acción de conflicto positivo de competencia” ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que fue aceptada y se rechazó el proyecto por parte de esa institución.