El Ministerio de Salud y Deportes, en su informe de vacunación COVID-19 de este domingo, da cuenta que hasta esta jornada se aplicaron 8.104.193 dosis entre la primera, segunda, unidosis y la tercera dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional.

De ese total, 3.775.947 salubristas, maestros, personas de la tercera edad, mayores de 18 años y mujeres en gestación, recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, así mismo se aplicó 3.004.128 la segunda; a 961.358 la dosis única, indica un reporte de prensa del Ministerio de Salud.

El informe añade que 362.760 mayores de 18 años y con enfermedades de base recibieron la tercera dosis.

Durante este domingo hubo importantes avances en la inmunización de la población ya que se aplicaron 10.750 dosis en todo el territorio nacional, añade el reporte.  

El total de las vacunas gestionadas y adquiridas por el Gobierno nacional alcanza a 18.000.000.

Hasta la fecha, indica el informe de prensa, los Gobiernos subnacionales no gestionaron ni adquirieron ni una sola vacuna.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, anunció este domingo que se analiza la posibilidad de iniciar un proceso penal contra el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por atentado a la salud pública.

“Estamos analizando esa posibilidad y, definidamente, ante la irresponsabilidad de una persona que además es del ámbito de la salud (Rómulo Calvo) y que ahora tiene carrera política, ni siquiera política, sino politiquera, manipula a la población por intereses personales, intereses de grupos privilegiados y está dañando la salud del pueblo boliviano, estamos analizando esa posibilidad”, afirmó, según un reporte del ministerio.

Explicó que se debe extremar las medidas de seguridad ante ese panorama y calificó de “actitud incoherente” que profesionales de salud perjudiquen el acceso a la salud del pueblo boliviano, a las pruebas diagnósticas y a la vacunación contra el COVID-19, sobre todo en una cuarta ola de contagios.

“Definitivamente, el paro cívico impulsado por grupos que buscan desestabilizar el país, en medio de una pandemia, solo se puede calificar de una manera: atentado criminal a la salud pública e impedir por la fuerza que la gente llegue a un hospital se convierte en un grave atentado a la salud pública que debe ser sancionado como mandan las leyes”, enfatizó.

Bolivia ingresó en la cuarta ola de la pandemia ante una escalada de casos. Santa Cruz ocupa el primer lugar de la lista de contagios a nivel nacional. Según datos oficiales, concentra más del 60 % de nuevos detectados.

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renée Castro, informó este domingo que los bloqueos protagonizados principalmente en las ciudades de Santa Cruz y Potosí le están quitando a las personas la “oportunidad de vivir” en esta pandemia del COVID-19.

“Estos bloqueos le quitan a la población la oportunidad de vivir, de vacunarse o realizarse un diagnóstico oportuno. No es justo que el Gobierno nacional realice todas las gestiones y que este tipo de conductas ocasionen un efecto negativo en la salud de la población”, dijo en entrevista en Bolivia TV.

Sostuvo que los bloqueos en departamentos como Santa Cruz y Potosí provocaron una disminución en los diagnósticos oportunos por COVID-19, mientras que fue mayor el índice de positividad.

Castro reiteró que el Gobierno nacional está garantizando las pruebas de diagnóstico, vacunas y medicamentos y no puede haber pretexto o accionar que impida a la población el acceso a la salud.

“Debido a los paros en Potosí, este departamento de igual manera presenta el mismo escenario, o peor, que Santa Cruz, porque la población no pudo realizarse las pruebas de diagnóstico ni vacunarse contra el COVID-19 a causa de los conflictos”, puntualizó.

En Santa Cruz, hubo una disminución de aproximadamente el 10% de realización de pruebas en una cuarta ola. Los conflictos de la última semana no permiten tener una información real de la situación de la pandemia. 

“Este bloqueo tuvo un impacto muy fuerte en el tema de la salud, porque se le ha restringido a la población el acceso a la vacuna, un diagnóstico oportuno y un tratamiento a la enfermedad, que son un derecho para todas y todos”, aseveró.

(Foto: Facebook portal Detrás de la verdad sin censura)

Rómulo Calvo Bravo, actual presidente del Comité cívico pro Santa Cruz, gana un salario mensual como proctólogo en la Caja Petrolera de Santa Cruz de Bs 24.250, sin embargo, de acuerdo al registro de asistencia, él asistió solo 31 veces a su fuente de trabajo entre enero a junio de 2021, según denunció el diputado Rolando Cuellar.

El dirigente cívico cruceño habría percibido en total Bs 145.500 entre enero a junio pese a no asistir regularmente, indicó el legislador.  

Los datos fueron difundidos este domingo en el portal noticioso Detrás de la Verdad que adjuntó fotografías de documentos del registro de asistencia de Calvo y su papeleta de pago.

Uno de esos documentos, la papeleta de pago del mes de septiembre de 2021, indica que Calvo Bravo está registrado con el ítem número 150 de la Caja Petrolera de Salud.

Tiene un ingreso mensual de Bs 24.250 que incluye su haber mensual, bono de antigüedad y otros beneficios.

Su ítem, indica su boleta de pago, corresponde al departamento de cirugía y especialidades.

El otro documento, muestra que Calvo solo marcó su registro de asistencia 31 veces entre los meses de enero a junio de 2021, tanto de ingreso y salida.

Es decir que, en más de 180 días laborales comprendidos entre enero a junio, él solo marco su asistencia en 31 oportunidades. Se desconoce si esa inasistencia a su fuente laboral tuvo consecuencias en su permanencia en la Caja Petrolera.

En ese contexto, el diputado Cuellar pidió a la Fiscalía y al Ministerio de Salud procesar a Rómulo Calvo por daño económico al Estado y otros delitos dado que se le pagó de enero a junio Bs 145.500 pese a no asistir regularmente a su fuente laboral, informó ese portal noticioso.