El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, informó este martes el comiso de tres vehículos indocumentados, bebidas alcohólicas y fardos de ropa nueva y usada de contrabando, con operativos realizados en los últimos días en las localidades de Pisiga, Charaña y Huachacalla, entre otras, de los departamentos de Oruro y La Paz.

“Se logró comisar tres vehículos indocumentados, bebidas alcohólicas, bultos con ropa nueva y fardos de ropa usada”, menciona un boletín institucional.

La autoridad estatal explicó que los motorizados y las mercancías serán entregadas a la Aduana Nacional en el marco de los procedimientos actuales vigentes.

Además, Vargas mencionó que se realiza una inspección y reconocimiento de las zonas fronterizas, donde se reforzará la organización y los operativos anticontrabando del Comando Estratégico Operacional, dependiente de las Fuerzas Armadas, porque dan buenos resultados.

En ese contexto, indicó que también se reactivaron los operativos de control de ingreso de mercadería y artículos de consumo en los puntos fijos de Desaguadero, Huachacalla y otros cercanos al lago Titicaca, lugares susceptibles para el flujo de contrabando hormiga.

Según el boletín institucional, tras asumir el cargo de Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, el 23 de abril, Vargas reactivó los controles, las estrategias y la organización del trabajo efectuado en los pasos de frontera junto al Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando.

Las operaciones se trasladaron a los sectores colindantes con los países vecinos de Chile y Perú, para inspeccionar los puntos de acceso y mantener reuniones con los pobladores con el fin de motivar el trabajo de la lucha contra el contrabando con la cooperación de los comunarios y explicar el daño que esa actividad ilícita provoca a la economía del Estado.

El viceministro de Justicia, César Siles, informó que son cuatro las entidades estatales administradas por funcionarios del gobierno de facto que están siendo investigadas dentro del proceso por la compra irregular de gases lacrimógenos.  

“Mínimamente hay cuatro entidades que están en investigación en el gobierno de facto, me refiero al Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, al Banco Central, y el Ministerio de Economía, puesto que ahí han sido desembolsados los recursos y autorizados los desembolsos”, señaló, en contacto con radio Cepra.

Detalló que todos los desembolsos desarrollados por el Banco Central de Bolivia no contaban con las autorizaciones respectivas y que se actuó fuera de la norma, por presiones políticas y personales.

“No existen las autorizaciones respectivas, sin embargo, a tanta insistencia del señor Murillo y su entorno, se ha realizado la transferencia de montos de dinero fuertes para que puedan después ser sujetos de los sobornos que están siendo investigados en Estados Unidos. Sin haberse cumplido el procedimiento administrativo, el Ministerio de Economía autorizó al Banco Central realizar los desembolsos a simple presión, a simple motivación personal se ha realizado estos pagos con recursos públicos”, reveló Siles.

La autoridad recordó que, en este caso, a través del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, como parte coadyuvante en el proceso, se solicitó al Ministerio Público que se llame a declarar no solo a los exministros que firmaron los decretos, sino también a las personas que han fungido como ministros de Economía en ese periodo de tiempo, y al entonces presidente del Banco Central.

“Será en base a las declaraciones que ellos presten que se determinará su grado de responsabilidad, mayor o menor, o como lo dijo el ministro (de Justicia) en calidad de víctimas del señor Murillo, porque eso es lo que han mencionado públicamente a través de sus Twitter y medios de comunicación”, señaló.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, dijo que la solicitud de la defensa del exministro Arturo Murillo para postergar su audiencia judicial en EEUU “no es otra cosa que una especie de aceptación de culpa anticipada” de los delitos de soborno y lavado de dinero.

“Entendemos que la solicitud de la defensa del señor Murillo no es otra cosa que la aceptación de una culpa anticipada. En realidad lo que se está haciendo es presentar los alegatos a efectos de poder lograr una pena benevolente”, indicó el legislador en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv.

La audiencia de este lunes para definir el futuro del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en Miami, EEUU, por el caso de lavado de dinero y soborno, fue postergada hasta el 9 de julio, informó el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez.   

“La audiencia fue diferida para el día 9 de julio debido a que, como habíamos anunciado horas antes, se estaría dando una situación de que el señor Murillo estaría queriendo acceder a beneficios, de acuerdo a la ley de Estados Unidos, es una posibilidad permitida”, dijo desde Miami el Procurador.

Al respecto, el diputado Jáuregui indicó que Murillo es parte de una red delictiva por lo que no se descarta que en EEUU pueda delatar a sus cómplices para obtener una condena menor.

Además, el legislador dijo que Jeanine Áñez y sus 17 ministros deberían ser investigados y sancionados por aprobar varios decretos supremos que sirvieron para la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

El abogado Manolo Rojas denunció este lunes que existen indicios de que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, financió al periodista español Alejandro Entrambasaguas durante el régimen de Jeanine Áñez.

“Poco a poco, se va develando con actos investigativos realizados por el propio Ministerio Público, cómo el pseudo periodista (español) Alejandro Entrambasaguas llegó a nuestro país, hizo gastos muy suntuosos, muy caros, en hoteles reconocidos de La Paz. Por tres o cuatro días, llegaba a gastar la suma de 3.500 a 4.000 dólares. Nos parece un exceso. Alguien financiaba esto”, dijo en entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Rojas es abogado de Lorgia Fuentes, ciudadana que durante el régimen de Jeanine Áñez fue torturada y encadenada a una camilla de un hospital cuando se encontraba en delicado estado de salud. La acusaron de tener vínculos con exautoridades gubernamentales.

En aquella oportunidad, el periodista español Alejandro Entrambasaguas se adhirió al proceso contra Fuentes para presentar presuntas pruebas al Ministerio Público y acusarla de enriquecimiento ilícito; sin embargo, no logró demostrar lo denunciado y tampoco respondió a las convocatorias para dar declaraciones informativas por el caso.

“Dentro de los servicios que daba el hotel (a Entrambasaguas) estaba el de llamadas telefónicas y esas llamadas tienen una conexión con números de Arturo Murillo, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia”, reveló el abogado.

Indicó que el español actuaba en el régimen de Áñez como portavoz de casos en coordinación con Murillo; el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra; y el exviceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar.

“Hoy tenemos unos vínculos mucho más importantes que nos hablan de corrupción clave”, indicó.