Autoridades del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) informaron el sobreseimiento de su secretaria de Justicia, Susana Larrea, quien en octubre de 2020 fue aprehendida y enviada a Palmasola. Denunciaron que hubo móviles políticos en la investigación y violación de derechos por parte del gobierno de Facto.

“El 31 de agosto de 2020, se abrió un proceso penal contra el entonces director general de Justicia Indígena del Ministerio de Justicia, Zenón Rodríguez, quien fue aprehendido en base a un CD de audio con relación a una convocatoria para notarios y supuesto cohecho activo para la designación de notarios en Santa Cruz, el cual fue difundido por redes sociales. Esa investigación fue ampliada a la Mama Justicia del Conamaq, Susana Larrea, sin elementos en su contra. Al presente, el caso se encuentra con sobreseimiento ejecutoriado”, manifestó el Tata Jiliri Departamental Santa Cruz, Iver Valenzuela, en conferencia de prensa.

Por su parte, la Mama Justicia del Conamaq, Susana Larrea, expresó: “He demostrado mi inocencia en la investigación que me hicieron, la resolución fiscal ha reconocido que no existió prueba en mi contra y nunca probó mi participación en el hecho, por lo que he sido sobreseída. Es lo que debo hacer conocer a la población, fui perseguida durante el gobierno de Áñez, se violaron mis derechos como mujer por ser indígena, está limpio el nombre del Conamaq”.

Las autoridades de Conamaq identificaron móviles políticos en la ampliación de la investigación y la forma en que se llevó a cabo, no habiendo podido recolectar elementos lícitos en contra de los sindicados.

La asesora del Ministerio de Justicia, Cecilia Urquieta, dijo que Carlos Mesa incurre en una obstaculización de las investigaciones judiciales al negarse a declarar lo que conoce sobre el golpe de Estado de 2019.

Urquieta, entrevistada este viernes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, dijo que es un deber ciudadano y cívico, el prestar declaraciones sobre un determinado hecho investigado por las autoridades competentes.

“Él está obstaculizando una investigación”, dijo la asesora quien dijo que las autoridades judiciales actuarán como corresponda ante este caso de “obstaculización de la justicia”.

Recordó que el 10 de noviembre de 2019, tras la renuncia obligada de Evo Morales y otras autoridades debido a la violencia, quema de domicilios, secuestros y torturas contra las familias de autoridades, Carlos Mesa llegó a inmediaciones de la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, junto a un grupo de personas.

Allí anticipó que se oponía a que cualquier asambleísta del MAS pueda asumir la presidencia del país, es decir que se opuso a la sucesión constitucional que establece la normativa vigente, dijo Urquieta.

“Esas cosas lo pueden implicar”, añadió en referencia a la respuesta de Mesa, quien dijo ante los fiscales que “no voy a contestar la pregunta, porque me puedo incriminar”.

Por otro lado, Urquieta indicó que la fuerza del pueblo y la fortaleza democrática evitaron un segundo golpe de Estado a cargo del entonces ministro de Defensa, Fernando López, en 2020.

Una investigación de la revista The Intercept, de EEUU, revela que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral del presidente Luis Arce en octubre de 2020. El producto periodístico incluye grabaciones, a partir de audios y correos electrónicos interceptados, que atribuyen a Fernando López Julio.

Este viernes, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó que el Gobierno iniciará una investigación sobre el plan de conspiración de Fernando López, para plantear un proceso penal.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, anunció este viernes que el proceso de socialización nacional del anteproyecto para la modificación de la Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, está en la etapa final, con foros de validación realizados en siete departamentos y dos más en curso.

“Estamos agotando este proceso de recolectar todos los insumos que nos da la sociedad civil. Ha sido amplio este proceso, pese a que la pandemia nos ha perjudicado bastante”, dijo Lima.

En ese sentido, la autoridad detalló que los foros de validación concluidos se realizaron en los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Pando, La Paz y Beni, donde fue socializado el diagnóstico denominado “Estado de la situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia”.

La autoridad estatal indicó que en los próximos días se efectuará foros en Cochabamba y Santa Cruz y adelantó que posterior a la conclusión de los encuentros departamentales se realizarán encuentros con organizaciones no gubernamentales y operadores de justicia, a nivel nacional, con la finalidad de escuchar a todos los actores del proceso.

Además, subrayó que la modificación de la Ley 348 es una prioridad del Gobierno, en el marco de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por lo que se debe escuchar a todas las organizaciones sociales de la población.

“Quisiéramos que ya pronto podamos entregar el proyecto. Ha sido un mandato de la gente, quieren ser escuchados y quieren que todos sus criterios estén involucrados en la Ley 348. A partir de esa socialización entregaremos un anteproyecto para la discusión en la Asamblea y por esta comisión que ha sido conformada en el parlamento. Este año (la promulgación de la norma) es una prioridad del Gobierno”, aseveró.

Finalmente, Lima explicó que uno de los objetivos gubernamentales es concluir la etapa de validación de propuestas en el primer semestre de 2021 para que el proyecto resultante sea analizado por la ALP y la Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre Feminicidios.

El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó este viernes que los audios que involucran al exministro de Defensa, Fernando López, en un plan de conspiración contra el gobierno del presidente Luis Arce son reales, por lo que se abrió una investigación.

“Una vez que hemos encontrado los archivos en las redes y a través de los medios de comunicación social, hemos efectuado una comparación que nos permite establecer un 99,9% de correspondencia en los caracteres, vamos a decir, tanto en magnetismo de la voz como las ondas que se emitieron en estas llamadas”, indicó a los medios de comunicación.

El jefe policial dio a conocer los primeros resultados de las indagaciones un día después de que se publicara una investigación de la revista The Intercept, de EEUU, que revela que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral de Arce en octubre de 2020.

El portal digital estadounidense incluye grabaciones, a partir de audios y correos electrónicos interceptados, que demuestran que el exministro de Defensa del régimen de Jeanine Áñez, Luis Fernando López, lideró las gestiones para desatar una nueva interrupción violenta.

“Aún estamos en la búsqueda de establecer quiénes son las otras personas que interactúan; pero, como les decíamos, más allá de lo que vaya a establecer el Ministerio Publico, para que esta actividad de investigación partida y surgida de ustedes tenga una materialidad legal, estamos en la certeza de que corresponde a la voz del exministro López”, afirmó Aguilera.

Según las indagaciones del medio estadounidense, estuvo involucrado el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y que el plan se frustró debido a desacuerdos entre ambos por la posibilidad de una masacre mucho mayor a las perpetradas durante el régimen de Jeanine Áñez.

La investigación fue publicada el jueves en https://theintercept.com/ con el título “Exministro de Defensa boliviano planeó un segundo golpe con mercenarios estadounidenses”.

En su contenido se lee: “Grabaciones telefónicas y correos electrónicos filtrados revelan que un alto funcionario estaba dispuesto a utilizar tropas extranjeras para impedir que el partido de izquierda, MAS de Bolivia, regresara al poder”.