El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, dijo que el informe de EEUU sobre la lucha antidroga en Bolivia, es sesgado, carece de credibilidad, no tiene rigor técnico y es político, ya que no cuestiona el aumento de cultivos de coca excedentaria en Colombia y Perú.

La autoridad, entrevistada en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, dijo que, hasta la fecha, en Bolivia se logró erradicar más de 6.000 hectáreas de coca excedentaria.

“El informe (de EEUU) carece de credibilidad (…) este informe para nosotros no es válido, no tiene sustento técnico”, indicó.

Dijo que en países donde EEUU tiene instaladas bases militares y la presencia de la DEA (agencia antidroga estadounidense), como en Colombia, aumentaron los cultivos de coca de 212.000 a 248.000 hectáreas.

En Perú, los cultivos excedentarios de la hoja se incrementaron de 72.000 hectáreas a 88.000, indicó el Viceministro.

“Por esto resulta contradictorio que apruebe la política de unos países y descalifique la de otros, sin respetar la soberanía”, manifestó.

Lamentó que EEUU no intensifique la reducción de la demanda, que se sitúa en gran parte en su territorio, ya que la lucha antidrogas debe ser compartida.

“No aceptamos el informe emitido (por EEUU) de manera unilateral y sesgada, que no ve la problemática de las drogas de manera integral, entre la oferta y la demanda y mucho menos en el marco de la responsabilidad compartida”, sostuvo.

El Banco Unión S.A. garantizó la seguridad y control de sus servicios digitales, los cuales son certificados por empresas con estándares internacionales, puso a disposición de sus clientes los servicios de atención las 24 horas y recomendó no compartir información personal como número de PIN, nombre de usuario, contraseñas o su código UNIToken.

“Banco Unión S.A. comunica a los consumidores financieros que sus servicios digitales cuentan con altos estándares internacionales de seguridad -GlobalSign- verificados de manera permanente por personal especializado y por empresas del rubro de seguridad informática nacional e internacional que garantizan la solidez de nuestros sistemas de control”, indica un comunicado de la entidad bancaria.

“Ante las denuncias de casos de ciberdelincuencia en el país y de otros delitos en el área financiera, el Banco Unión S.A. pone a disposición todos sus canales de atención al cliente para atender consultas, reclamos y brindar soluciones inmediatas las 24 horas del día”, añade el documento.

El comunicado recomienda a “todos los consumidores financieros no compartir con nadie los siguientes datos: Número de PIN, nombre de usuario, contraseñas, Código UniToken, datos personales” y aclara que el “Banco Unión S.A. nunca solicitará información confidencial por llamadas telefónicas, correo electrónico o redes sociales”.

Al respecto, Verónica Ramos, gerenta del Banco Unión, dijo que los mecanismos de seguridad y control de las transacciones bancarias están garantizados y certificados.

“Para las transacciones que nosotros ofrecemos a nuestros clientes a través de todas nuestras aplicaciones móviles, lo que garantizamos es una importante seguridad queno solamente está verificada por nuestro personal especializado sino también por entidades que certifican esto y que nos permiten tener los mayores y mejores y más altos niveles de seguridad tecnológica para las transacciones con nuestros clientes”, indicó.

Exhortó a los clientes de la entidad bancaria a no compartir sus datos personales y a tener cuidado de no caer en falsas promociones que a veces ofrecen premios o facilidades de pagos solo con el fin de captar la información confidencial de las personas.  

“Lo que nosotros solicitamos a nuestros clientes es que en ningún caso ellos brinden información personal, no compartan su información personal referida a sus claves, pines, nombre de usuario u otra información personal que puede ser mal utilizada”, manifestó.

“Para nosotros, lo importante es que nuestro cliente cuide, administre de la mejor manera y segura su información confidencial y personal”, indicó Ramos, quien añadió que “nosotros, desde el lado del Banco, garantizamos las posibilidades de seguridad de los recursos y lo que solicitamos es que nuestros clientes garanticen también una buena administración de su información”. 

Recomendó al “conjunto de la población que utiliza los servicios financieros digitales tenga el cuidado de administrar de la mejor forma su información, cuidando su celular, no dando sus datos a terceros y que nosotros, desde el lado del Banco, vamos a garantizar la seguridad de sus transacciones”.

(Foto: FGE)

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Gustavo Ávila, informó este jueves que el Ministerio Público realizó una imputación formal en contra de cinco personas acusadas de causar la quema de las instalaciones de esa institución durante los conflictos de 2019.

“El Ministerio Público ha logrado imputar a cinco personas por las quemas del Tribunal Electoral de Tarija el año 2019, esto nos parece un hecho fundamental porque se está avanzando con la investigación”, indicó Ávila.

Pidió al Ministerio Público ampliar la investigación para identificar a los autores intelectuales e imputarlos de manera formal por promover y causar la quema de esas instalaciones.

“Lo que nosotros queremos, y tenemos la intención, es que no solo se procese y se sancione a los autores materiales de este hecho, sino también a los autores intelectuales. ¿Quién ha organizado a estos grupos sociales para venir a quemar el Tribunal Electoral el año 2019?”, indicó en contacto con Bolivia Tv.

La noche del 21 de octubre de 2019, una multitud de personas atacó el TED y quemó las ánforas tras la elección general que se había realizado el día anterior, llegando a dañar considerablemente el inmueble público.

Tras confirmar la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS), líderes cívicos y otros activistas convocaron a movilizarse en rechazo a los resultados del escrutinio y terminaron con la quema de los tribunales electorales en diferentes regiones del país.

(Foto: VDDUC)

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, planteó este jueves volver a debatir la tipificación de la mala práctica médica en el Código Penal, por las 500 víctimas que se registran al momento, de acuerdo a información proporcionada por la Asociación Nacional de Víctimas de Negligencia Médica de Bolivia.

“Son 500 casos de negligencia médica que se dieron en los últimos años en el país. Ayer (miércoles) nos reunimos con estas personas, los familiares de las víctimas, y los testimonios son lacerantes, entraron a un establecimiento de salud y salieron con graves secuelas y otros murieron, en la mayoría de los casos; además se generaron deudas millonarias”, lamentó.

Indicó que la población afectada busca justicia y establecer un mecanismo que permita sentirse segura al momento de asistir a un establecimiento de salud en busca de alguna atención. 

Entre 2017 y 2018 el Colegio Médico de Bolivia paralizó sus servicios en rechazo a la Ley del Código del Sistema Penal que finalmente fue abrogada; la norma tipificaba la negligencia y establecía un mecanismo de sanción que inicialmente fue consensuado con la dirigencia médica.

De acuerdo con un boletín institucional del Ministerio de Justicia, ante la cantidad de denuncias y el vacío legal para procesar y sancionar la mala práctica médica, el viceministro propuso retomar la temática en el debate que se desarrolla a nivel nacional, en el marco de la reforma judicial, con el respaldo del quinto eje referido al desarrollo normativo. 

“Hay más de 500 testimonios de negligencia médica, que lamentablemente no está tipificada (…). Es muy preocupante este tema y vamos a plantear que, en este proceso de la reforma judicial, en su quinto pilar que habla del desarrollo normativo, se pueda analizar nuevamente”, indicó.

Manifestó que es necesario volver a tocar el tema debido a la “realidad lacerante que viven muchas víctimas (…). Los familiares se quejan y dicen ‘mi esposo ha entrado caminando, ha entrado bien, pero ha estado meses y ha salido en un cajón, y nosotros quedamos con una deuda millonaria, ahora nos quieren rematar la casa y estamos destruidos’”, relató Silva.

Por otro lado, hizo notar que las víctimas y los familiares se enfrentan a un poder económico y político ejercido por el Colegio Médico que protege a sus afiliados.

Tras una movilización y la solicitud expresa de parte de la Asociación, esa Cartera de Estado inició el miércoles el proceso de revisión de casos de negligencia médica para restaurar los derechos de las víctimas, a través de la asistencia legal para agilizar los trámites correspondientes.