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El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, confirmó este lunes que el Gobierno garantizará la seguridad de los indígenas que partieron de Beni hasta que cumplan con su recorrido hacia la ciudad de Santa Cruz. 

“El Ministerio de Gobierno ha dispuesto que dos patrullas de la Policía Boliviana, compuesta por 14 efectivos policiales en turnos, se encarguen de resguardar la seguridad de los hermanos marchistas durante todo su recorrido”, afirmó el viceministro.

La autoridad lamentó que, tras la injerencia de actores políticos, se pretenda instrumentalizar la marcha indígena y que con sus discursos dividan y se creen susceptibilidades para generar confrontación.

Ríos aseguró que los activistas y las plataformas con sus pronunciamientos con “tintes políticos” generan división y provocan que los marchistas reciban ataque de un lado y de otro. Por lo que, conversó con los representantes de la marcha para que no permitan injerencias de ninguna parte que no los represente.

“He exhortado a los hermanos marchistas que no permitan que se deslegitime o desvirtúe su marcha con este tipo de comentarios, completamente con tintes políticos, que no le hacen bien a la demanda que ellos están realizando”, aseveró.

Sostuvo que se debe respetar el derecho a la protesta y a la marcha, por lo que tuvo acercamientos con dirigentes del municipio de San Julián para que no se presente ningún tipo de confrontación durante el paso de la marcha.

Asimismo, reiteró la voluntad del Gobierno nacional de entablar mesas de diálogo para resolver sus demandas, pero solicitaron que se haga la entrega de su pliego petitorio para que sus demandas puedan ser atendidas.

La dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Elena Flores, denunció este lunes que el ampliado del sector, que se desarrollaba en instalaciones de la cancha de Chuquiaguillo, fue suspendido por los enfrentamientos iniciados por personas infiltradas.

“Lastimosamente gente infiltrada de Armin Lluta, tiene que estar empañando las asambleas”, señaló Flores.

De acuerdo con la dirigente, la asamblea tuvo una participación masiva de los socios, pero se advirtió la presencia de personas afines al bloque de Lluta que entorpecieron que la reunión.

Flores dijo que esos amagues de enfrentamiento se dieron por la desesperación y los afanes de poder de un sector.

Asimismo, denunció que los incidentes que se suscitaron esta madrugada y que la apuntaban por intentar tomar la sede de Adepcoca son falsos y que se trataría de un auto atentado del sector afín a Lluta.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este lunes que realizará investigación sobre la entrega de medicamentos caducos a la marcha indígena afín a Camacho en demanda de sanciones para los responsables.

“Por supuesto que este tema censurable, tiene que ser investigado y nosotros vamos a exigir que las autoridades encargadas de la distribución de estos medicamentos sean sancionadas, no solamente corresponde una denuncia, sino corresponde una sanción a las personas que de manera irresponsable han distribuido estos medicamentos que están fuera de la fecha de vigencia”, aseveró la autoridad en contacto con Red Patria Nueva.

Silva indicó que una comisión del viceministerio se trasladará a la marcha para iniciar con las investigaciones pertinentes. Solicitó un informe detallado del personal de salud que logró identificar estas irregularidades.

Detalló que se investigará el origen de estos medicamentos, cómo el Comité Cívico Femenino de Santa Cruz los obtuvo y con qué finalidad los donaron, pese a que pasó su fecha de vencimiento, poniendo en riesgo la vida de los marchistas.

“Están atentando contra la salud e incluso contra la vida”, reprochó la autoridad gubernamental.

Enfatizó que estos medicamentos al haber sobrepasado su fecha de consumo deben estar fuera de circulación y totalmente desechados para evitar daños a la salud de la población, por lo que se hará una profunda investigación sobre el origen de estos medicamentos.

Silva aseguró que los indígenas están en su derecho a la protesta y a la marcha; pero, lamentó que movimientos cívicos de Santa Cruz estén “instrumentalizando” esta marcha de los indígenas para defender sus intereses.

“Estamos frente a un hecho que nos llama mucho la atención; primero, porque están instrumentalizando a los campesinos y a los indígenas en una marcha que, lógicamente, le interesa al Comité Cívico de Santa Cruz y a aquellos traficantes de tierra que se están escudando tras esta marcha de estos hermanos indígenas para beneficio propio”, indicó.

El 19 de septiembre, brigadistas médicos denunciaron el Comité Femenino Cívico entregó medicamentos caducos a indígenas que se movilizan de Beni a Santa Cruz. Los galenos criticaron la irresponsabilidad de la entidad cívica.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, cuestionó este lunes la actitud del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por resistirse a cumplir con la sentencia ejecutoriada en su contra. Reprochó que la Gobernación no active mecanismo legales para que se cumpla esta sentencia.

“Es absolutamente cuestionable la conducta del alcalde Reyes Villa, quién se resiste a cumplir con la ley, con la Constitución y cumplir una sentencia condenatoria ejecutoriada. En su condición de Alcalde, él tiene la obligación de respetar las normas y acatar los fallos judiciales como juró antes de ejercer su cargo”, aseveró Cox.

La autoridad afirmó que tras conocerse la sentencia condenatoria ejecutoriada en contra del alcalde cochabambino, a consecuencia de varios delitos de corrupción que cometió, cuando ejerció el cargo de prefecto del departamento, se debe cumplir con el “mandamiento de condena” y llamar a nuevas elecciones municipales.

Cox también cuestionó a la Gobernación Cochabambina por no manifestarse ni activar mecanismos legales para que se haga cumplimiento de la norma, en su condición de “instancia afectada” y que llevó adelante el proceso.

“Lo que también es cuestionable en este momento es que en Cochabamba quiénes buscan el cumplimiento de la sentencia condenatoria ejecutoriada son otras autoridades y no la directamente responsable, como es el caso de la Gobernación del departamento, instancia que debe activar de forma inmediata todos los mecanismos legales pertinentes a objeto de precautelar los intereses del Estado”, indicó.

Un reporte institucional dio a conocer que esta cartera de Estado hará seguimiento ante los anuncios de movilizaciones impulsadas por el alcalde Reyes Villa y su entorno familiar, que “pretenden respaldar la omisión, resistencia y desconocimiento de la Constitución”.

Asimismo, indica que se realizará las acciones que sean necesarias para precautelar la armonía y la paz social, para que no se genere violencia, confrontación o actos delictivos.