El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó este viernes que el exministro de facto de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, no podrá argumentar inocencia por el presunto delito de soborno y lavado de dinero en Estado Unidos (EEUU). Además, confirmó que su audiencia será el 8 de diciembre en el país norteamericano.

“Estamos esperando que el 8 de diciembre se realice la audiencia de Arturo Murillo, que es el único que falta para determinar si se declara o no culpable en Estados Unidos (…). Las posibilidades penales son muy reducidas, de que él, en juicio, pueda demostrar su inocencia, dado que los cuatro otros coparticipes del delito, ya han confesado el delito, se declararon culpables y están esperando su sentencia”, indicó Chávez en conferencia de prensa.

Indicó que el 13 de diciembre se tiene programada la lectura de sentencia de los cómplices de Murillo, identificados como Sergio Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes se declararon culpables.

“Es difícil que él (Murillo) pueda alegar algún tipo de inocencia o no participación, porque todos lo han incriminado como principal cabecilla de esta organización criminal en los Estados Unidos”, explicó.

Acotó que la audiencia del 8 de diciembre será decisiva, ya que en ésta Murillo y su defensa escogerán el camino a seguir, es decir, si se declara culpable o no.

Arturo Murillo Prijic fue el exministro de Gobierno y hombre fuerte de Jeanine Áñez. Desde mayo de este año está detenido en la prisión federal de Miami acusado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y recibir sobornos.

Durante el gobierno de Áñez, gestionó la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un presunto sobreprecio de $us 2,3 millones.

El 9 de agosto, la justicia de EEUU determinó una fianza de $us 250.000 para que Murillo pueda salir de prisión para defenderse en libertad; sin embargo, debía demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza, por lo que el exministro de facto continúa en prisión.

La mañana de este viernes, una multitudinaria marcha de 15 distritos de la ciudad de Santa Cruz, recorren las principales calles cruceñas exigiendo que se respete su derecho al trabajo y denunciaron que sus afiliados reciben amedrentamiento de grupos de choque afines al Comité Cívico Pro Santa Cruz.

¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! es el grito de protesta de hombres y mujeres que recorren las calles, con carteles en mano que indican “nuestros hijos quieren comer”, “¡No al paro! Vivimos del día a día”, según un video difundido por Red Patria Nueva (RPN).

Según reportes de RPN, estas movilizaciones protestaron en contra del “paro cívico multisectorial” y enfatizaron que la Ley 1386 no les afecta.

Asimismo, un grupo de vecinos salió a las calles para desbloquear la doble vía La Guardia. Exigen que las vías estén expeditas, para garantizar una libre circulación que permita que la población pueda realizar sus actividades con normalidad.

En tanto, en el barrio El Luja, gremialistas, efectivos policiales y la ciudadanía se unieron para desbloquear el lugar. Un vecino y comerciante de esa zona protestó porque estas medidas de presión afectan a las familias cruceñas, que necesitan trabajar para alimentar a sus familias.

“De una vez queremos que esto se normalice, ya no queremos bloqueos ni paros porque nos perjudica a toda la ciudadanía, queremos trabajar, que nos dejen trabajar, dejen transitar a la gente”, indicó un comerciante.

Por su parte, una de las vecinas denunció que los grupos que bloquean colocan escombros y otros objetos para interrumpir el paso. Además, dijo que se dedican a consumir bebidas alcohólicas y a cobrar montos económicos para que los interesados puedan pasar estos bloqueos.

En días anteriores, algunos sectores políticos convocaron a un paro nacional indefinido desde el 8 de noviembre contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

Sin embargo, este paro fue rechazado por diversos sectores sociales que no acataron la medida y denunciaron que se estaría gestando un “segundo golpe de Estado” protagonizado por los mismos actores del 2019.

En los departamentos de Santa Cruz y Potosí se reportaron incidentes protagonizados por grupos afines a los comités cívicos de estas regiones, que desencadenó enfrentamientos entre los bloqueadores y la población que estaba en contra de esta medida, dejando como saldo varios heridos y un joven campesino que perdió la vida en Potosí.

La Defensoría del Pueblo exhortó este viernes a que protestas en el interior del país, impulsadas por cívicos, no afecten el derecho a la salud de la población ni la libre circulación del personal médico.

“La Defensoría del Pueblo hace un llamado a aquellas personas que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta en los diferentes puntos de bloqueo de la capital cruceña, a que permitan la libre circulación de las y los trabajadores de la salud y a evitar tomar medidas de hecho que vulneren el derecho a la atención médica de todos los habitantes”, señala un comunicado de la Defensoría.

El pronunciamiento se realiza luego de que esta institución constatara en Santa Cruz varios puntos de bloqueo, instalados en las principales avenidas, que impiden la libre circulación e, incluso, donde se agrede físicamente al personal de salud que se dirige a su fuente laboral.

“Para esta institución de protección de los derechos humanos, en esta coyuntura de protestas agravada por la presencia de la COVID-19, esta situación representa una gran preocupación porque se ponen en riesgo los servicios de atención médica en los diferentes hospitales públicos y privados”, señala la Defensoría.

Advirtió que estos hechos pueden traer serias consecuencias a la vida, salud e integridad de la ciudadanía que requiere atenciones en salud, por lo que exhortó a la Policía Boliviana y del Servicio Departamental de Salud a activar planes y  los “protocolos necesarios para garantizar la atención médica sin interrupciones”.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional puso este jueves en evidencia la campaña de mentiras de la oposición, en relación a un supuesto “paquete de leyes” que se usa como excusa para justificar acciones políticas de desestabilización.

Esa Cartera de Estado, mediante una nota de prensa, detalló el alcance de algunas de las normas cuestionadas y reveló que incluso una de ellas fue propuesta y suscrita por el diputado de Creemos, Erwin Bazán.

La también senadora de la misma fuerza política, Centa Rek, llegó incluso a exigir el cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), porque supuestamente se suprimió el mecanismo de la votación calificada por dos tercios.

“Si el parlamento sigue sin dos tercios nosotros los parlamentarios no podemos garantizar ninguna situación a Bolivia; por lo tanto, deberíamos cerrar el parlamento”, dijo Rek.

“Esa aseveración es falsa. Durante la legislatura 2020 se aprobó la votación por mayoría simple para temas administrativos, pero se mantuvo el mecanismo de los dos tercios para asuntos relevantes y comprendidos en la Constitución Política del Estado”, indica la nota de prensa.

Los asuntos administrativos más relevantes que se votan por mayoría simple son: la creación de comisiones especiales; las modificaciones del orden del día; solicitudes de sesiones permanentes o por tiempo y materia; eximir de trámite a los asuntos de carácter perentorio o de urgencia; moción de cierre de debates en grande cuando se haya prolongado el mismo sin nuevos elementos; moción de cambio del orden del día; y los honores públicos.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE) los dos tercios se mantienen para la elección de miembros del Órgano Electoral Plurinacional; las interpelaciones a ministros de Estado y acordar su censura; la autorización de juicio de responsabilidades al presidente y vicepresidente; la designación del Fiscal General del Estado; la objeción de la designación del Procurador.

Además de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización; la aplicación de sanciones a diputados y senadores; el juzgamiento de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura; y cualquier tipo de reforma parcial de la Constitución Política del Estado.

“En todos esos casos, el requisito de los dos tercios está vigente en el Reglamento General de la cámara de Senadores y de Diputados. La oposición miente”, señala el reporte.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia explicó que entre las leyes y proyectos de ley que la oposición denomina “malditas”, se encuentra el proyecto de Ley de Derechos Reales. La iniciativa, sin embargo, fue presentada y firmada por el diputado por Creemos, Erwin Bazán, en fecha 16 de agosto de 2021 ante la Cámara de Diputados.

“El proyecto no se encuentra en tratamiento al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional debido a que presenta imprecisiones e incluye regulaciones de trámite que deben ser planteadas en reglamentos”, reporta.

Además, señala que la misma carece de análisis legal y fundamento jurídico mínimo en su diseño y no fue presentado por la bancada del MAS-IPSP, ni por el Órgano Ejecutivo.

Por otro lado, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se desmintió que exista alguna propuesta de Ley del Inquilinato en tratamiento.

“El derecho a la vivienda que asiste a los inquilinos se encuentra plenamente constitucionalizado y garantizado por las diferentes instituciones del Estado y nadie puede vulnerar los mismos. La campaña mentirosa que circula en redes sociales y a la que algunos medios de comunicación hacen eco, señala que se impondrán multas a quienes se nieguen a alquilar algún bien inmueble; este extremo es falso”, remarca la nota.

Además, manifiesta que según la información falsa se impondrán regulaciones de los cánones de alquiler, lo que no es cierto ya que esa potestad es privativa del derecho propietario resguardado constitucionalmente a través del artículo 56 de la Constitución Política de Estado relacionado al Derecho a la Propiedad Privada.

“Tampoco existe alguna disposición para la creación de juzgados y fiscalías de vivienda”, resalta.

La Constitución, a través del artículo 19, reconoce el derecho a una vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria de los bolivianos, como un derecho fundamental, sujeto a protección por parte del Estado.

En la actualidad, el Estado a través de la Agencia Estatal de Vivienda, promueve planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad.