La denuncia por corrupción que hizo la administración de Luis Fernando Camacho contra la gestión del exgobernador cruceño, Rubén Costas, si bien puede ser una distracción para confundir la atención pública sobre los 800 ítems fantasmas, debe traducirse en la anotación preventiva de bienes de los involucrados para recuperar el dinero malversado, dijo el diputado Anyelo Céspedes.

El legislador, entrevistado en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, indicó que tanto las denuncias de malversación en la Gobernación de Santa Cruz, como el escándalo de corrupción de los ítems fantasmas, muestran también disputas internas entre las logias (Caballeros del Oriente y Toborochi) que controlan entidades regionales.

“Lamentamos mucho, ayer fue la Alcaldía, hoy es la Gobernación (de Santa Cruz), indicó.

Cuestionó la “incapacidad” de Luis Fernando Camacho que ejerce el cargo de Gobernador de Santa Cruz por casi un año y recién presente una denuncia por corrupción contra la agrupación de Costas cuando lo usual es que realice una auditoría al poco de posesionarse en el cargo.

“Se tiene que investigar pero que no sea una forma de querer confundir al pueblo cruceño para que no sigamos con la investigación del caso de los ítems fantasmas. No olvidemos que los ítems fantasmas de la Alcaldía están sus socios políticos de Luis Fernando Camacho”, manifestó.

Céspedes recordó que varios diputados de Creemos, la agrupación política de Camacho, están involucrados con el caso de los ítems fantasmas.  

El 14 de diciembre, el diputado Rolando Cuellar (MAS), presentó una denuncia contra seis diputados de Camacho. “Hemos presentado al Ministerio Público la planilla de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y Planificación (de la alcaldía cruceña), donde claramente estos diputados, y una asambleísta departamental de Santa Cruz, están figurando en el caso de los ítems fantasmas. Incluso hay un diputado de Creemos cuya esposa y hermana figuran en las planillas”, dijo entonces.

Según el detalle presentado por el legislador, Verónica Aguilera habría sido beneficiada con 15 contratos irregulares, Jenniffer Torrico con 23 contratos, Haidy Muñoz con 28, Oscar Michel Flores con 12, Tatiana Añez con 16 y la asambleísta departamental, Keila García con cinco contratos fantasmas.

Los legisladores de Camacho, ahora enfrentan una denuncia por los delitos de beneficio en razón al cargo, uso indebido de influencias y daño económico al Estado.

“Por ejemplo, aquí está la planilla de la Secretaría Municipal de Planificación, donde claramente vemos el nombre de Jenniffer Torrico, ahí está la planilla con los nombres, los ítems, el cargo, el sueldo y el contrato del mes de enero al 31 de marzo. Cuando Angélica Sosa estaba en campaña, estas personas solamente marcaban, se iban a hacer campaña y nunca trabajaban”, denunció Cuellar.  (https://www.abi.bo/#/noticia/15846 ).

En ese contexto, el diputado Céspedes pidió que la “Fiscalía siga investigando el caso de los ítems fantasmas, pero también que se investigue la corrupción que hubo en la gestión de Rubén Costas”.

El legislador dijo que la Fiscalía debería proceder a la anotación preventiva de los bienes de los involucrados en el caso ítems fantasmas como en el caso de malversación en la Gobernación de Santa Cruz, con el propósito de recuperar los dineros públicos.

(Foto: RRSS de Sosa)

La exalcaldesa interina de la ciudad de Santa Cruz, Angélica Sosa, sufrió este martes una descompensación en su salud cuando efectivos policiales ejecutaban la orden de aprehensión que emitió la comisión de fiscales en su contra.

Según el reporte de medios cruceños, la exautoridad está en observación en el mismo centro hospitalario donde se encontraba acompañando a su padre que está internado debido a una patología.

La información refiere que guardias privados ejecutaron un anillo de seguridad para resguardar a la exautoridad, quien es investigada por la presunta comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

La comisión de fiscales emitió una orden de aprehensión en contra de Sosa, quien pasó de testigo a denunciada en el marco de las investigaciones por los 800 ítems fantasmas que se crearon en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz para desviar recursos económicos, causando un daño millonario al municipio.

Efectivos policiales realizaron esta mañana cinco allanamientos a inmuebles relacionados con la exautoridad y secuestraron documentación y otros para ser analizados en el marco de las investigaciones.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó este martes que el exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz y principal investigado por el cobro de 800 ítems fantasmas, Antonio Parada Vaca, se encuentra en el vecino país de Brasil y que solicitó refugio político.

“Acabamos de recibir los informes oficiales por parte de las autoridades de la Policía Federal de Brasil que él (Antonio Parada) en horas de la mañana, se ha presentado esta persona para hacer la solicitud de refugio; sin embargo, estamos realizando las acciones respectivas para que esta solicitud sea denegada”, aseveró Del Castillo a los medios de comunicación en Santa Cruz.

El ministro dijo que la información oficial se dio esta jornada y que Parada se presentó en las oficinas de la Policía Federal de Brasil solicitando el refugio.

Explicó que se solicitó a la Interpol que se active el sello azul para dar con la ubicación exacta del principal sindicado en el caso de los 800 ítems fantasmas que se detectaron en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, durante la gestión de Percy Fernández, y que destaparon un desfalco millonario a las arcas de Estado.

“Todos sabemos aquí, en Bolivia, que no es un perseguido político, que ha sido una persona que ha desfalcado al municipio cruceño”, indicó.

Miembros de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y efectivos de la Unidad Anticorrupción de la Policía Boliviana realizaron este martes una inspección en la Gobernación cruceña, en el marco de la investigación del presunto desvío económico de más de Bs 700.000 durante la administración de Rubén Costas, para beneficiar a sus candidatos en las elecciones subnacionales, entre ellos, Roly Aguilera, excandidato a la alcaldía por Demócratas.

“Ha iniciado una acción de oficio, esta acción del Ministerio Público ha devenido en la visita de los oficiales de la policía y los representantes del Ministerio Público, a efectos de recabar información y verificar los ambientes donde estaría esta documentación. Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación de coadyuvar con la investigación”, indicó el director de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, José Terrazas, en declaraciones difundidas por Bolivia Tv.

Explicó que la comisión de investigadores realizó un recorrido e inspección a las oficinas a la Dirección Jurídica y de la Unidad de Comunicación donde se realizó el secuestro de la documentación relacionada a los hechos denunciados.

“Contratación de los servicios a solicitud de estos mensajes comunicacionales, tanto digitales como físicos, y todo el trámite que se ha hecho dentro de la Gobernación para que se tenga el pago de estos servicios”, acotó.

Por su parte, la fiscal asignada al caso indicó que esta investigación está en etapa preliminar, detalló que se realizó el secuestro de documentación pertinente que será analizada, en marco a la denuncia que se realizó en contra de Costas.

“El Ministerio Público ha venido a realizar un registro al lugar de los hechos, no se trata de un allanamiento, me estoy llevando los documentos pertinentes para dar inicio a esta investigación del caso en contra del exgobernador (Rubén) Costas y otras personas por diferentes delitos de corrupción”, detalló la fiscal anticorrupción, Yolanda Aguilera.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, indicó que, como parte de la investigación, se cumplirán diferentes requerimientos, como la citación para que los denunciados presten su declaración para aclarar el caso y no descartó solicitar una alerta migratoria para evitar que Costas salga del país. 

“Hay requerimientos iniciales de investigación, a partir de hoy la fiscal emitirá los requerimientos, entre ellos las citaciones, inicialmente, para recibir las declaraciones informativas de estas personas denunciadas y, conforme al avance de la investigación, se emitirán otros requerimientos en los que se incluye la solicitud de alerta migratoria ante la Dirección de Migración”, indicó a la red ATB.

El pasado lunes, el asesor jurídico de la gobernación, Efraín Suárez, denunció que, durante la gestión del exgobernador, Rubén Costas, se desvió los recursos económicos destinados a informar a la población sobre el COVID-19 y los utilizaron para pagar propaganda política y financiar la campaña digital con vallas publicitarias de su candidato a la Alcaldía cruceña.