El fiscal departamental de Oruro, Gonzalo Álvarez, informó este viernes que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo emitió la condena de 30 años de privación de libertad contra Nelson J. P. M., de 18 años, quien fue autor del feminicidio de su exnovia D.G.F., de 15 años, con 28 puñaladas, hecho ocurrido hace tres años.

“Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público ofreció las pruebas consistentes en actas de registro del lugar del hecho, colección y secuestro de indicios materiales, informe de dictamen pericial, informe de la autopsia de Ley, declaraciones testificales, entre otros elementos que demuestran la culpabilidad de Nelson J. P. M., por lo que la autoridad jurisdiccional dispuso la máxima pena por este delito”, dijo, citado en un boletín institucional.

La condena deberá ser cumplida en el penal de San Pedro de la ciudad de Oruro.

Según los antecedentes del caso, Nelson J. P. M. y su novia D.G.F. fueron a pasear en una motocicleta el 29 de enero de 2018.

Al llegar por inmediaciones del balneario Capachos, ubicado a unos 10 minutos de la ciudad de Oruro, ambos iniciaron una discusión.

En ese momento, Nelson J. P. M. sacó un cuchillo de su mochila, atacó a su entonces pareja y le propinó 28 heridas corto punzantes. Luego de cometer el hecho el hombre se fue del lugar y dejó el cuerpo de la menor tirado en el piso.

Al día siguiente, vecinos del lugar llamaron a la Policía para reportar la existencia de un cuerpo sin vida, por lo que el Ministerio Público inició la investigación respectiva y gracias a las declaraciones de la hermana de la víctima se conoció que Nelson J. P. M. fue la última persona con quien la víctima fue vista.

Según el informe de la autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses, la causa de muerte de la menor fue schock hipovolémico por hemorragia masiva secundaria, traumatismo torácico abdominal por arma blanca, y lesión mortal de corazón y pulmón izquierdo.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que se descubrió que el régimen de Jeanine Áñez realizó contrataciones irregulares de compras de insumos y mantenimiento de vehículos para los viceministerios de Defensa Civil y Lucha contra el Contrabando, por más de 4.2 millones de bolivianos.

“Esto nosotros hemos tenido que pasar a auditoría, porque al no tener los documentos de respaldo debidamente, es decir en orden, lamentablemente nosotros tenemos dificultades para proceder al pago”, dijo, en una conferencia de prensa.

La autoridad gubernamental explicó que uno de los contratos se hizo con una empresa por una venta por más de 2.7 millones de bolivianos, para la provisión a Defensa Civil de herramientas, insumos y trajes de bioseguridad, botas y alquiler de cisternas, entre otros ítems.

La revisión de archivos hizo que sólo se encuentre un documento privado suscrito “directamente” entre el ministro de Defensa del régimen de Áñez, Luis Fernando López, y los representantes de la proveedora, complementó.

Asimismo, Novillo mencionó que el segundo caso tiene que ver con la contratación de varias empresas y talleres para el mantenimiento de vehículos del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando.

“Estos trabajos de mantenimiento vehicular se han realizado tampoco tienen ningún documento de respaldo. En todo caso, han sido sólo compromisos verbales que se han dado entre estas empresas y seguramente autoridades del Ministerio (de Defensa) de la pasada gestión”, añadió.

El titular de Defensa manifestó que la deuda con las empresas y los talleres asciende a más de 1.8 millones de bolivianos.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este viernes que se evacuó a dos albergues temporales a 200 familias afectadas por torrenciales lluvias registradas hace 24 horas en el Norte Integrado del departamento de Santa Cruz.

“Se ha logrado evacuar a 200 familias que este momento están en dos albergues temporales, que son dos coliseos”, dijo en entrevista con Bolivia TV.

Según Calvimontes, los evacuados son habitantes de la localidad de Yapacaní, donde también se rescató 14 personas que quedaron incomunicadas.

Las lluvias afectaron a tres municipios más del Norte Integrado de Santa Cruz: San Juan, Santa Fe y San Pedro.

“Estamos ya en las oficinas de Asociación de Municipios de Santa Cruz. En minutos más se va a dar inicio a una reunión con los alcaldes de los municipios que han sido afectados (…) Vamos a hacer una evaluación de cuales han sido los daños”, aseveró el titular de Defensa Civil.

Además, Calvimontes manifestó que un lote de ayuda humanitaria será enviado ésta jornada a esas zonas según los requerimientos de sus autoridades ediles.

Recordó que las lluvias en el Norte Integrado de Santa Cruz provocaron también la caída de dos puentes en la carretera hacia el departamento de Cochabamba, que fueron repuestos por la Administradora Boliviana de Carreteras.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz eximió de culpa a exvocales del Tribunal Electoral Departamental (TED), entre ellos, la expresidenta y el exvicepresidente de esa instancia Sandra Kettels y Eulogio Núñez, respectivamente, mediante una resolución de sobreseimiento que establece que “no existieron los hechos que se les atribuye a los denunciados”, en alusión a delitos electorales supuestamente cometidos en los comicios generales de 2019.

Con el sobreseimiento también se beneficiaron los exvocales Ramiro Vall y Gober López, el exdirector del Servicio de Registro Cívico (Sereci), Jhoseph Pinaya, y los exfuncionarios públicos de esa instancia, Saúl Vargas y Miguel Ángel Vargas.

“De los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigaciones (…) informes a solicitudes de pericias y respuestas a requerimientos fiscales se llega a determinar que no existieron los hechos que se les atribuye a los denunciados (…) Por tanto: Los suscritos fiscales de materia disponen resolución fundamentada y motivada de sobreseimiento”, señala la parte resolutiva del documento firmado por los fiscales Javier Cordero y Mirtha Mejía.

Según el documento, la denuncia se realizó de oficio contra los entonces vocales de los tribunales departamentales, tras el “informe emitido por la OEA (Organización de Estados Americanos) sobre el informe preliminar de auditores del proceso electoral de Bolivia”.

En declaraciones pasadas, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que en Bolivia no hubo fraude electoral en los comicios registrados en octubre de 2019, sino una distorsión de la realidad propiciada por la OEA y respaldada por una serie de actores en el país para la consolidación del golpe de Estado.

“Estos sobreseimientos que se están dando en la Fiscalía van a marcar una línea de acumulación de pruebas para establecer con claridad que Luis Almagro y la OEA han sido parte del golpe de Estado en el país”, consideró.