La justicia determinó este viernes otorgar detención preventiva en la cárcel de San Pedro, de la ciudad de La Paz, para el exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Eddy Luis Franco, involucrado en pagos irregulares a una “empresa fantasma” de Perú por la suma de $us 390.000.

“En la audiencia de medidas cautelares, el Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción, estableció que existen los suficientes indicios y elementos para establecer la probabilidad de participación del exfuncionario, ya que se lo vincula por haber firmado las diferentes autorizaciones de desembolso para el pago por un servicio que no se habría realizado”, señala un reporte de la red ATB.

Franco fue aprehendido el pasado 5 de mayo, luego de haber brindado su declaración informativa en el Ministerio Público.

El proceso que enfrenta es por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica.

La denuncia del caso fue presentada el 21 de abril de este año y la exanalista de la Gerencia de Finanzas de Entel, Carola V. F., fue aprehendida por efectuar pagos por los trabajos supuestamente contratados, que debían tratarse de la verificación y la revisión de la red de fibra óptica de ENTEL en los nodos de Lurín, Tacna, Moquegua e Ilo, en la República del Perú.

El caso fue detectado por el Ministerio de Obras Públicas que recabó información e instruyó que se efectúen auditorias especiales a la empresa estatal de telecomunicaciones.

Dentro de la misma investigación, la Fiscalía perfila citar a otras personas, entre ellas, a Iván Arias, alcalde de La Paz, quien fuera el pasado año ministro de Obras Públicas del gobierno de facto de Jeanine Añez.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció este viernes que se presentó una denuncia penal contra el exministro de facto, Arturo Murillo, y el excomandante de la Policía Boliviana, general Rodolfo Montero, por favorecer al narcotráfico al no haber ejecutado una orden de extradición a Brasil del traficante de estupefacientes, Einar Lima Lobo.

“El Ministerio de Gobierno interpuso una denuncia en contra de personas que están favoreciendo el narcotráfico en nuestro país, estamos hablando del excomandante de la Policía, coronel (Rodolfo) Montero, y el exministro Arturo Murillo. Estas dos personas no permitían la excarcelación y extradición del señor Lima Lobo de nuestro país”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que la denuncia fue presentada en la víspera en plataformas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por el uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, coacción, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y complicidad en el tráfico de sustancias controladas.

Del Castillo recordó que, en 2018, la jueza Franscielle Martins Gomes Medeiros, de Brasil, a través de la Embajada de dicho país solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, que se disponga la detención con fines de extradición de Lima Lobo; sin embargo, esto no sucedió.

Dijo que el 6 de diciembre de 2019 Interpol notificó la excarcelación y extradición, y que, en ese momento, el entonces director de Interpol Bolivia, Jorge Campos, decidió dar cumplimiento al requerimiento judicial, como manda el ordenamiento jurídico vigente.

Sin embargo, el 12 de diciembre de 2019 intentó ejecutar la orden de extradición, pero no se hizo efectivo por algunos problemas que habían sucedido en el domicilio de Lima Lobo y se decidió la postergación hasta el día siguiente.

“Hemos podido recabar informes del coronel Jorge Campos a la Policía Boliviana en los que el exviceministro Jaime Zamora le había exigido que cometa una serie de delitos al pretender extraditar a otros ciudadanos brasileros en el país y, contrariamente, en el caso de Lima Lobo, que contaba con toda la documentación para su traslado a Brasil, no se recibió el apoyo y se impidió que Interpol cumpla con la orden”, afirmó.

Del Castillo explicó que, luego de ello, el coronel Campos envió una nota al Juez de Instrucción Penal Sexto de la ciudad de Santa Cruz, donde señaló que el coronel Montero, sin ningún fundamento jurídico y administrativo, ordenó no ejecutar el mandamiento de excarcelación, aduciendo que el entonces ministro de Gobierno, Murillo Prijic, estableció su destitución del cargo por no cumplir la extradición por más de 46 días.

“No vamos a permitir que estas conductas delictivas queden impunes, por eso estamos solicitando que se notifique y se admita esta denuncia a la brevedad posible para que mañana (sábado) el coronel Montero dé una versión al respecto y también se pueda solicitar una alerta azul y la posterior alerta roja para que el señor Arturo Murillo rinda informes a este país sobre su complicidad al narcotráfico extrafronterizo”, finalizó.

El Gobierno extraditó el pasado miércoles al narcotraficante Jesús Einar Lima Lobo, luego de recibir una comunicación judicial de un requerimiento presentado por Brasil.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció este viernes que se presentó una denuncia penal en contra del exministro de facto, Arturo Murillo, y el excomandante de la Policía Boliviana, general Rodolfo Montero, por favorecer al narcotráfico al no haber ejecutado una orden de extradición a Brasil del traficante de estupefacientes, Einar Lima Lobo.

“El Ministerio de Gobierno interpuso una denuncia en contra de personas que están favoreciendo el narcotráfico en nuestro país, estamos hablando del excomandante de la Policía, coronel (Rodolfo) Montero, y el exministro Arturo Murillo”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que la denuncia fue presentada en la víspera en plataformas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por el uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, coacción, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y complicidad en el tráfico de sustancias controladas.

(Noticia en desarrollo).

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó este jueves que, a nivel nacional, se registraron 40 casos de feminicidio del 1 de enero al 6 de mayo de este año.

“Lamentablemente, en lo que vamos de esta gestión tenemos 40 feminicidios a nivel nacional”, sostuvo, citado en una nota de prensa institucional.

De acuerdo con Lanchipa, los hechos de violencia se registraron en los departamentos de La Paz con 11 casos, Santa Cruz con 8, Cochabamba con 7, Oruro con 5, Potosí con 3, Beni con 2, Chuquisaca con 2, Pando con 1 y Tarija con 1.

El reporte fue proporcionado a los miembros de la Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de casos de Feminicidio y Violencia hacia las Mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Según Lanchipa, la nueva instancia legislativa tiene la misión de efectuar un seguimiento a todos los reportes efectuados a nivel nacional.

“Hemos tenido una reunión de coordinación donde el Ministerio Público ha brindado toda esa información respecto al avance y estado de los casos de feminicidio”, explicó.

La autoridad manifestó que la reunión con la comisión legislativa culminó con la determinación de que se realice reuniones entre autoridades del Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Policía Boliviana en los nueve departamentos, para identificar las dificultades procesales en la resolución de los casos de feminicidio.