El Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, y personal de la FELCC de El Alto, intervinieron un consultorio dental en la zona Ballivián donde se realizaban pruebas COVID - 19 sin autorización.

El hecho se suscitó este viernes cuando el periodista de un medio de comunicación conoció el hecho y se constituyó en el lugar para verificar ese extremo, allí observó letreros en los que se ofertaban realizar estas pruebas, incluso alguno de estos carteles mencionaba el término "autorizado".

Tras ello, se comunicó con el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, que activó un operativo en coordinación con la Policía.

Se encontraron varias pruebas rápidas nuevas y algunas ya aplicadas en los desechos, además de papeletas para recetas en las que se escribían los resultados de las pruebas.

"Este tipo de establecimientos no cuentan con ninguna autorización, además ha vulnerado la Ley 453, por publicidad engañosa y vamos a proceder según lo establecido ", señaló el Viceministro Jorge Silva, quien encabezó el operativo. 

La Policía Boliviana realizó su trabajo de peritaje junto a Laboratorio y Escena del Crimen para colectar pruebas e indicios sobre esta actividad. El dentista propietario de lugar fue arrestado y conducido a dependencias policiales con fines investigativos, indica un reporte de prensa institucional.

Silva destacó el rol de los medios de comunicación en su denuncia de actividades ilícitas.

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca anunció este sábado el inicio de las investigaciones para determinar las causas del incendio producido durante la madrugada en la vivienda del gobernador de ese departamento, Damián Condori.

“Estamos conformando una comisión de fiscales para averiguar este hecho, primero esperamos el informe de la Policía”, informó a los medios el fiscal departamental, Álvaro Nava.

Según informaciones preliminares del departamento de Bomberos, la madrugada de este sábado se produjo un incendio en la planta baja de la vivienda del Gobernador, provocando daños materiales. Se trataría de un corto circuito el que provocó las llamas, aunque se investigan las causas.

“Las causas están por determinarse, se trata de un incendio de tipo estructural, en dos ambientes que colindan con la puerta principal de la vivienda. Se ha iniciado una investigación, juntamente con el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público”, explicó el director departamental de Bomberos, Efraín Pérez.

La Policía Boliviana y la Fiscalía acudieron al lugar de los hechos para establecer si el fuego fue provocado, o no; y dar con los posibles responsables.

Un juez determinó este viernes por la noche la detención preventiva por cinco meses en la cárcel de El Abra de Cochabamba para Daniel Leonardo Aliss Paredes, quien es el cuñado del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y está involucrado en una investigación por una legitimación de ganancias ilícitas vinculada con el caso denominado “Gases lacrimógenos”, informó su abogado defensor Patricio Vargas.

“Se ha dispuesto la detención preventiva por un período de cinco meses para el señor Daniel Aliss, habida cuenta de que existe un contradicción en el elemento arraigador trabajo, después la concurrencia del numeral 1 del artículo 235”, manifestó en una entrevista con Bolivia Tv.

El juez resolvió la aplicación de cuatro meses de detención preventiva para el caso del exedecán de Murillo y capitán de policía, Daniel Bellot, quien deberá cumplirla en la cárcel de San Pedro.

La fiscal asignada al caso, Magaly Bustamante, explicó que la resolución se tomó en una audiencia de medidas cautelares donde el Ministerio Público acreditó que los riesgos de obstaculización y fuga están presentes en el caso del imputado.

Además, recordó que entre los argumentos expuestos se mencionó que el sindicado se acogió al derecho constitucional al silencio.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, destacó que la reciente acción judicial demuestra que la justicia “está avanzando” y está investigando los hechos registrados en el caso “Gases lacrimógenos” que afectaron la economía del Estado y la buena fe de los bolivianos.

“Entendemos que en los próximos días también se va a definir la situación procesal de otras personas que están siendo investigadas”, aseveró.

La autoridad estatal recordó, además, que el Ministerio Público presentó en las últimas horas el pedido de extradición de Murillo a la juez del control jurisdiccional del caso, que es un primer paso que debe pasar por un análisis de requisitos formales y de fondo para su presentación a la Cancillería y posterior remisión a Estados Unidos.

El cuñado de Murillo fue aprehendido luego de que, entre el lunes y el martes, había retirado dinero y objetos de valor de una caja de seguridad de una entidad financiera de la ciudad de Cochabamba y que estaba a nombre de Murillo.

En el caso de Bellot, fue implicado porque presuntamente hizo al menos dos depósitos a favor de Aliss.

Los dos están imputados por una investigación contra Murillo por la compra irregular de material antimotín en 2019, durante el régimen de Jeanine Áñez, puesto que se pagó $us 5,6 millones y se calcula que hubo un sobreprecio de $us 2,3 millones que benefició a Murillo y a una organización criminal.

El fiscal William Alave informó este viernes que el Ministerio Público recibió la información de que el exministro de Defensa, Luis Fernando López, está en Brasil y comenzará a canalizar, vía Cancillería, los mecanismos correspondientes para su retorno con miras a que rinda cuentas por la imputación en su contra por el caso denominado “Gases lacrimógenos”.

“El día de hoy justamente hemos recibido la información de que estuviese en Brasil, hubiese ingresado a Brasil en enero por Corumbá, vía terrestre, y ya el Fiscal (General del Estado) tiene conocimiento de aquello, ya que analizaremos de manera inmediata, como lo hemos hecho en este caso de Murillo, y canalizaremos vía Cancillería lo que corresponda para poder también traerlo y que responda por esta imputación”, aseveró, en una entrevista con Radio Patria Nueva.

El caso denominado “Gases lacrimógenos” tiene como antecedente el hecho de que el 25 de noviembre de 2019, el Ministerio de Gobierno envió una carta-contrato a la empresa brasileña Cóndor, en la cual invita a la firma a presentar una propuesta económica para la compra de agentes químicos para la Policía Boliviana.

Al día siguiente, el 26 de noviembre, el Ministerio de Gobierno envió otra carta a la empresa Cóndor, mediante la cual hizo conocer que decidió la compra de agentes químicos a través de la empresa intermediaria Bravo Tactital Solutions Llc. Ambas cartas llevan la firma de altos funcionarios del Ministerio de Gobierno.

Los depósitos de pago de parte del Gobierno boliviano, en específico del Ministerio de Defensa, fueron realizados a través del Banco Central de Bolivia a una de las dos cuentas que la empresa intermediaria tiene en US Bank.

Según una investigación del Buró Federal de Inteligencia (FBI, por sus siglas en inglés), la empresa intermediaria, ubicada en Estados Unidos, tuvo ganancias de más de $us 2 millones en todo el proceso, dinero que sirvió también para pagar sobornos a los exfuncionarios bolivianos implicados en el caso.