El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, sostuvo este lunes que los derechos de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, no fueron vulnerados en los seis meses de detención preventiva y que el Estado garantiza todas las atenciones que amerita.

Áñez, quien se encuentra desde marzo en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores en La Paz, es investigada por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019.

El viernes, la Procuraduría General del Estado solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se declare inadmisible la solicitud de medidas cautelares para Áñez y envió un informe del caso.

“La semana pasada, hemos brindado un informe a la CIDH que había requerido saber de este informe, la situación procesal de esta persona (Jeanine Áñez) y hemos indicado con precisión y basados en la información oficial que ha llegado de diferentes oficinas, diferentes despachos, que efectivamente los derechos y garantías de esta persona no están siendo vulnerados”, aseveró en entrevista con la red televisiva ATB.

Mediante una carta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió a Bolivia el 31 de agosto informar sobre la salud de Áñez y del acceso a atención médica, porque supuestamente se ponía en riesgo su derecho a la vida.

Respecto a la atención médica, aseveró: “En el tema sustancial, que era el tema del informe médico, hemos indicado que el 7 de septiembre, es decir, dos días antes de presentar el informe se había reunido la junta médica con el médico de confianza de Jeanine Áñez y, en este sentido, no se había establecido los parámetros de gravedad, los parámetros de irreparabilidad (…) efectivamente, ese es un tema médico y es un tema que nosotros lo respetamos”.

El informe presentado por la Procuraduría General del Estado cuenta con 55 hojas que respaldan que en Bolivia se respetan los derechos de los privados de libertad, entre quienes se encuentra Áñez. 

“Nos da la tranquilidad, por información oficial, que no se ha incurrido como Estado en la violación de derechos fundamentales y sustancialmente el derecho a la vida de esta persona”, dijo.

Se refirió al caso de la hija de Áñez, Carolina Ribera, quien denunció ser víctima de una persecución judicial.

“De acuerdo al reporte que tenemos, no existen procesos en curso. No existían procesos en curso hasta la fecha del informe”, añadió.

La justicia determinó este lunes, tras la audiencia de medidas cautelares, dar otros seis meses de detención preventiva al exministro de facto, Rodrigo Guzmán, quien ahora es investigado por presuntos delitos de corrupción durante el régimen de Jeanine Áñez.

El 31 de agosto, el fiscal Manuel Saavedra presentó ante el Juzgado Quinto Anticorrupción una imputación formal contra el exministro de Energía de Áñez, bajo los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, además de delitos contra la salud pública.

Guzmán fue aprehendido el 12 de marzo acusado por terrorismo, sedición y conspiración por el caso golpe de Estado, por lo que se determinó una detención preventiva que debía concluir el martes 14 de septiembre, pero ahora debe enfrentar otro proceso por corrupción.

Según la imputación, la exautoridad es investigada porque se encontraron presuntas irregularidades en la adquisición de insumos de bioseguridad contra el COVID-19 en 2020, que posteriormente fue cancelada.

Según reportes, esa Cartera de Estado realizó dos órdenes de compra a favor de la empresa Provtec. En la primera se hizo la entrega, pero la segunda fue cancelada.

En junio de 2020, la red Gigavisión reportó que el Ministerio de Energía realizó un contrato millonario con “sobreprecio” para la provisión de material de bioseguridad, que debía llegar desde China, pero se canceló su llegada de forma inexplicable.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, lanzó este lunes la convocatoria para la presentación de artículos académicos para la Revista de Derecho de la Escuela de Abogados del Estado “Evo Morales Ayma”, a la que calificó como un espacio destinado a incentivar los espacios de discusión y debate sobre la construcción y consolidación del nuevo paradigma y deontología de la Defensa Legal del Estado.

Se trata de una iniciativa que se desarrolló de forma conjunta entre las principales autoridades de la Procuraduría General del Estado y de la Escuela de Abogados y que fue presentada para que todas y los ciudadanos que deseen escriban sobre los nuevos paradigmas jurídico legales que hacen a la defensa legal del Estado, indica un boletín de prensa de la Procuraduría.

En palabras de circunstancia, el procurador Chávez Serrano indicó que los primeros temas que serán abordados en la Revista de Derecho son: Arbitraje Nacional e Internacional, Inversiones, Derecho al Medio Ambiente, Derechos Humanos, Auditoría Jurídica y Derecho Constitucional.

Añadió que la revista se publicará dos veces por año con la rigurosidad académica que hace a las actividades de la PGE y a la Escuela de Abogados del Estado.

Por su parte, el Director Ejecutivo de la Escuela de Abogados, Diego Jiménez Guachalla, manifestó que se trata de una iniciativa institucional muy importante que también significa el lanzamiento de la convocatoria para artículos de la Revista de Derecho que cuenta con todo el respaldo de la PGE.

Explicó que se cuenta con la aprobación de todos los parámetros necesarios y exigidos por el ministerio de Educación para la publicación de la Revista indexada “porque sabemos que se debe cumplir con ciertos parámetros de validez académica que da créditos y carga horaria, tanto para las instituciones académicas como para los grados académicos del Doctorado y la Maestría”.

Las personas interesadas pueden conseguir mayores detalles en los siguientes enlaces: Http://revista.eae.gob.bo y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., indica el reporte de prensa.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó este lunes que el traslado de Yassir Molina, integrante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), al penal de Cantumarca en Potosí, fue debido a faltas graves cometidas al interior del penal de San Roque de la ciudad de Sucre, motivo por el cual los privados de libertad pidieron su expulsión.

“El privado de libertad Yassir Molina ha sido trasladado del penal de San Roque al penal de Cantumarca en Potosí (…), él ha sido sancionado ya en dos oportunidades respecto al comportamiento interno. El motivo principal para su traslado es que ha sufrido una expulsión por parte de la población del penal de San Roque”, indicó la autoridad a los medios.

Explicó que Molina ya habría sido sancionado en dos oportunidades por cometer “faltas graves” y “recurrentes” al interior del penal, según normativa interna del penal, como ser brindar entrevistas a medios de comunicación sin cumplir el procedimiento adecuado. Además de poseer celulares y un arma punzocortante que fueron encontrados en una requisa. 

"El penal de San Roque tiene una convivencia pacífica y, tras una requisa, se encontró en la celda de Molina tres celulares y un objeto punzocortante. Eso alarmó a los internos, eso es lo que altera una pacífica convivencia en el centro penitenciario", indicó Limpias.

Los internos del penal emitieron un voto resolutivo para la expulsión del privado de libertad del recinto, por lo que Régimen Penitenciario trasladó a Molina para precautelar su seguridad.

“La Ley 007, en la modificación del artículo 48 de la ley 2298, establece la responsabilidad de traslado administrativo con fines de precautelar la seguridad e integridad física y lograr la pacífica convivencia”, indicó. 

Por su parte, el director departamental del Régimen Penitenciario de Potosí, Daniel Taboada, informó que Molina debe cumplir un aislamiento de 15 días por protocolo de bioseguridad. Además, señaló que se le realizará una valoración psicológica.