La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por las situaciones de violencia que surgieron como efecto de las “inconformidades de algunos sectores sociales con la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (Ley No. 1386), e hizo un llamado a la construcción de un escenario de diálogo. 

La Comisión lamentó la muerte del joven Basilio Titi acaecida en Potosí y también urgió al Estado a “esclarecer sus circunstancias con la debida diligencia”.

“La CIDH reprueba todo acto de violencia en el transcurso de las manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación racial”, señala un comunicado de la Comisión.

“Al mismo tiempo, llama al Estado a investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables intelectuales y materiales de los delitos cometidos en este contexto, observando las reglas del debido proceso”, reiteró.

La CIDH hizo un llamado al Estado y a la sociedad boliviana a “atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), en el sentido de promover diálogos para la generación de consensos dentro del Estado Plurinacional”.

En esa misma línea, teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones sobre aspectos estructurales formuladas por el GIEI-Bolivia, la CIDH destaca la conclusión 8 del Informe Final sobre la importancia de construir un espacio de diálogo democrático e inclusivo que combine mecanismos de la democracia representativa con la participación directa en una deliberación pública pacífica, se lee en el comunicado.

Grupos irregulares

Por otro lado, la CIDH recuerda que el GIEI advirtió la necesidad de que el Estado actúe para prevenir la organización de “grupos que se autoproclaman como fuerzas de seguridad, tomando en cuenta su ilegalidad y alto nivel de riesgo para la sociedad en contextos de crisis”.

El GIEI indicó, además, que el “liderazgo político, la militancia política y todas las personas que asumen cargos políticos deben adoptar discursos y posturas de respeto y aceptación de la diversidad de opinión”.

“Sobre este punto, la CIDH recuerda que los líderes políticos y las personas que ejercen funciones públicas están llamadas a mantener un discurso favorable a la deliberación pública y la libertad de expresión, tal como destaca la Declaración conjunta de relatores de libertad de expresión de 2021”, exhortó la CIDH.

En cuanto a las agresiones que sufrieron reporteros y reporteras por parte de grupos que protagonizaron situaciones de conflicto, la CIDH pidió “las condiciones necesarias para que las y los periodistas puedan cubrir hechos de interés público como las referidas a manifestaciones sociales de forma libre y segura”.

El Gobierno boliviano brinda todas las garantías para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, tal y como lo establece la Constitución Política del Estado.

La CIDH insistió en recomendar la “construcción de un ambiente que fomente un proceso de diálogo, reconciliación y la desactivación de las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana”.

Recomendación

“En ese sentido, la CIDH hace propia la conclusión del GIEI de que la sociedad boliviana necesita, a través de sus instituciones y de su capital social, construir un destino común basado en el fortalecimiento democrático e institucional, en la justicia y el respeto por los derechos humanos, y en la reconstrucción de relaciones de respeto mutuo, de valorización de las diversidades, de confianza y de convivencia pacífica entre todas las personas bolivianas”, dice el comunicado.

“Finalmente, la Comisión reconoce y valora ampliamente el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia con el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH”, continua la Comisión.

“En ese entendido, reitera su disposición de coadyuvar en los esfuerzos para la atención de las causas estructurales de las tensiones sociales, mediante sus distintas herramientas, inclusive la instalación de un mecanismo específico para el seguimiento de las recomendaciones del GIEI y la realización de una visita in loco al país”, afirma la CIDH.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ratificó el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia para defender, promover y garantizar los derechos humanos como eje articulador de sus políticas públicas., señala una nota de prensa.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) secuestró más de 46 kilos de droga, afectando al patrimonio de los narcotraficantes en $us 328.172, en tres operativos en el departamento de Santa Cruz.

“Informamos a la población boliviana sobre tres operativos exitosos con el secuestro de 22 kilos con 45 gramos de marihuana y 24 kilos con 89 gramos de cocaína, afectando al patrimonio del narcotráfico en $us 328.172, precio en el extranjero”, escribió la autoridad en su cuenta de Facebook.

Explicó que uno de los operativos se realizó el 2 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru (Santa Cruz), donde un ciudadano de nacionalidad española, identificado como Fernando, pretendía trasladar 4,2 kilos de cocaína camuflada en la parte lateral de su maleta. La droga está valuada en $us 204.768, precio en España.

Tras las investigaciones, lograron dar con el cómplice del español. El 17 de noviembre capturaron a Hudson O. L., quien tenía mandamiento de aprehensión por complicidad de la organización criminal. Además, en la requisa de su domicilio se encontraron instrumentos que fueron utilizados para la fabricación del doble fondo de la maleta secuestrada en el aeropuerto.

El segundo operativo, denominado "Paraguay", se realizó el 18 de noviembre en la provincia Obispo Santiesteban (Santa Cruz), donde se secuestró 22,4 kilos de marihuana en un domicilio. Este operativo afectó al narcotráfico en $us 176 454.

La tercera operación fue denominada "Vías Seguras", se realizó en el municipio de San Carlos, provincia Ichilo (Santa Cruz), logrando secuestrar 19,3 kilos de cocaína camuflada en los laterales de un minibús marca King Long. Además, se aprehendió a seis personas de nacionalidad boliviana y se secuestró dos vehículos.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lamentó este viernes que a dos años de las masacres de Senkata y Sacaba, durante el régimen de Jeanine Áñez, no existan avances en las investigaciones para esclarecer estos hechos luctuosos ocurridos tras el conflicto poselectoral de 2019.

“Lamentamos la falta de diligencia de la justicia boliviana, que a dos años de las masacres de Senkata y Sacaba, aún mantiene ambos casos en etapa preparatoria. Las víctimas y sus familiares aún demandan justicia y reparación. Como Defensoría del Pueblo, exhortamos a acelerar dichos procesos con el fin de establecer responsabilidades y sanciones, a fin de que esos delitos de lesa humanidad no vuelvan a repetirse en el país”, señaló la Defensora.

Según un reporte institucional, la Defensora reiteró la demanda de justicia y reparación para las víctimas y sus familias. Además, lamentó el lento accionar de la justicia.

En el caso de Senkata, el proceso judicial se encuentra en etapa preparatoria con imputación formal en contra de los autores por los delitos de asesinato y lesiones graves y leves. Detalló que seis personas se encuentran detenidas, entre policías y militares.

En Sacaba indicó que el proceso judicial se encuentra en etapa preparatoria y con presentación de imputación formal contra Alfredo Cuéllar y otros por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato.

La Defensora recordó que el 19 de noviembre de 2019 se produjo la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, como consecuencia de la intervención de las fuerzas conjuntas integradas por la Policía y las Fuerzas Armadas, que dejó el saldo de 10 personas fallecidas. 

Cruz rememoró que el 15 de noviembre de 2019, el accionar de las fuerzas conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas en Huayllani–Sacaba dejó el saldo de otras 10 personas fallecidas. Explicó que en ambos hechos resultaron heridas 184 personas: 124 en Sacaba y 60 en Senkata; y que 224 personas fueron detenidas: 223 en Cochabamba, y 1 en El Alto.

“Pedimos que se haga justicia. Ésta es una tarea pendiente del Estado boliviano. Consideramos que el avance de las investigaciones y, posteriormente, la determinación de las responsabilidades y sanciones será un paso para avanzar en la reconciliación entre bolivianos”, remarcó la Defensora.

A dos años de la masacre de Senkata, ocurrida el 19 de noviembre de 2019, la élite política opositora y de derechos humanos, aún apoya a Jeanine Áñez con su silencio o culpando a las víctimas, escribió el abogado Tomas Becker, de la Clínica de derechos humanos de la universidad de Harvard.

El jurisconsulto dijo que pese a informes internacionales que demostraron que lo ocurrido en Senkata, una zona ubicada en la ciudad de El Alto, fue una masacre, permanece el respaldo de esas minorías selectas a la expresidenta de facto.

"Hay resistencia de la oposición para que las víctimas no encuentren, hasta ahora, justicia de una masacre en la que los heridos y fallecidos fueron campesinos", dijo, según un tuit de radio Patria Nueva que fue retuiteado por el abogado estadounidense.

“Hoy hace 2 años, el gobierno de Áñez masacró a Bolivianos en #Senkata. La élite política y de derechos humanos del país guardó silencio o culpó a las víctimas. A pesar de los informes del GIEI, ONU, Harvard-UNHR y CIDH que prueban masacres, aún apoyan a Áñez. #Revictimización (sic)”, escribió Becker en su cuenta de Twitter.

Siete informes denunciaron masacre/matanzas

Al menos siete investigaciones internacionales y nacionales concluyeron que en Senkata, el 19 de noviembre de 2019, se produjo una masacre.  

Por ejemplo, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es contundente: En Senkata se produjo una masacre. “El análisis de los medios de prueba revela que el grupo de manifestantes que embistió contra el muro y la puerta de la planta YPFB de Senkata no superó a un centenar de personas. Alrededor de las 12, ese grupo derrumbó parte del muro de la planta ubicado sobre la avenida 6 de Marzo. Como reacción inmediata, las fuerzas militares que resguardaban la planta empezaron a disparar. Como consecuencia de los disparos, se produjeron por lo menos diez víctimas fatales y al menos 78 heridos, de los cuales 31 personas fueron heridas por proyectil de arma de fuego o por elementos contuso perforantes”, indica el documento.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas. Además, los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), estableció que “los relatos de las víctimas de lesiones y testigos en Sacaba y Senkata, así como la documentación y el material audiovisual analizados por OACNUDH, indican que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes, en violación de las normas y estándares internacionales aplicables. Múltiples fuentes verificadas por OACNUDH sugieren que las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron municiones letales para dispersar a las personas manifestantes. Elementos materiales, como los cartuchos de munición usados y los impactos de bala en propiedades públicas y privadas, encontrados por OACNUDH donde ocurrieron los hechos, corroboran los relatos recogidos sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. El Instituto de Investigaciones Forenses confirmó que la munición letal fue la causa de todas las muertes y varias de las lesiones en las protestas de Sacaba y Senkata. No hubo reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o resultado herido por armas de fuego durante estas protestas”.

Otro informe fue elaborado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado (ITEI) sobre los hechos de violencia y violaciones a los Derechos Humanos en 2019.

Su reporte titulado “Tortura y malos tratos en los acontecimientos de noviembre 2019 en La Paz–Bolivia”, de 04 de junio de 2020, exigió al régimen de Jeanine Áñez “el cese inmediato de la represión política, de la tortura a los detenidos y su inmediata liberación, junto con el cese de los asesinatos y de todas las violaciones a los derechos humanos en contra de la población”.

La Clínica de Derechos en la Facultad de Derecho de Harvard (IHRC) y la Red Universitaria de Humanidades Rights, llevó a cabo una investigación independiente de aproximadamente seis meses, entrevistando a más de 200 víctimas.

Estableció que la totalidad de los muertos en las masacres ocurridas en Bolivia en 2019, eran civiles indígenas.  

“En Sacaba y Senkata, el uso de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas bolivianas, contra manifestantes pacíficos o desarmados y otros civiles, constituye una violación directa del derecho a la vida. Según testigos en ambas ubicaciones, las fuerzas de seguridad abrieron fuego –sin aviso previo– contra civiles desarmados, incluidos aquellos que estaban ayudando a los heridos. Las fuerzas de seguridad también golpearon a los manifestantes, haciendo uso de un lenguaje racista y anti-indígena mientras los atacaban. El patrón en el que policías y soldados, de forma intencional o por negligencia, dispararon y mataron ciudadanos sin ningún tipo de restricción, sugiere que estos llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales”, indica el resumen ejecutivo del documento.

En su informe, la organización Amnistía Internacional, indicó que “en el marco de esta crisis post electoral se han perpetrado violaciones de derechos humanos, las que incluyen la represión de manifestaciones, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según información recabada por Amnistía Internacional, al menos 35 personas han fallecido y 833 han sido heridas en el contexto de las protestas desde octubre del 2019. Estas violaciones de derechos humanos no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas y sancionadas, y permanecen en la impunidad”.

La Defensoría del Pueblo, tras una detallada investigación, determinó, que “Las veinte (20) muertes ocurridas en Sacaba y Senkata, durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de Asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.