(Foto: ATB)

Primero fue un exvocal electoral y luego un senador, quienes revelaron este miércoles que Marco Pumari y Carlos Mesa se comunicaron antes de la quema del Tribunal Electoral de Potosí por parte de integrantes de Comcipo, en el marco de la ruptura constitucional de 2019.

Según el testimonio del exvocal del TED de Potosí, Elías Isla Paco, la noche del 21 de octubre de 2019 “Carlos Mesa y el cívico Marco Antonio Pumari coordinaron para desmoronar el proceso electoral en ese departamento, lo que derivó en la quema del edificio donde se contaban las actas”, informó ATB que citó una entrevista de Bolivia Tv.

“Los del Comité Cívico (Comcipo) solicitaron fotocopias de las actas y también digital, pero era sólo una situación distractiva porque luego le llama Carlos Mesa a este señor Pumari, se retiran del Tribunal Electoral y nos dejan con los crespos hechos porque no vuelven más. (Pumari) sigue convocando a la gente y, en la noche, el  comandante (de la Policía, coronel Williams) Villa nos dice textual: ‘Esto va a arder, nosotros no garantizamos’. Preocupados en Sala Plena le pedimos que refuerce, pero no recuerdo si lo hizo”, detalló a la televisora.

“Nos ponemos a buen recaudo, Pumari y sus secuaces nos buscaron en todos los autos poniendo en riesgo las vidas y, a la media hora, en las redes y grupos de trabajo vemos que el Tribunal Electoral Departamental (TED) estaba ardiendo, era una cosa espantosa, nunca se había visto algo así en el país ni en Latinoamérica. Lo queman el TED y Pumari, en uno de los tantos videos, dice que el comandante les ha dejado el TED, pero si hablaban de fraude, ¿por qué quemar las pruebas del fraude?”, se cuestionó, según reportó ATB en su portal digital.

En ese sentido, el senador por Potosí, Santos Ramos, en entrevista en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, dijo que existió una coordinación entre Pumari y Mesa en 2019, situación que debe ser investigada por la justicia.

“(Mesa) es uno de los actores, tenemos conocimiento, no vamos a tapar el sol con el dedo, estoy seguro que él ha sido, han hecho el plan conjunto con Marco Pumari para hacer todo tipo de vandalismo en el momento de la quema del Tribunal Electoral”, señaló.

El director general de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, Ever Mérida, informó este miércoles que el Tribunal Constitucional Plurinacional ordenó que el fiscal departamental, Róger Mariaca, emita una resolución de reapertura de la investigación sobre una denuncia interpuesta por 1.205 contratos irregulares suscritos en el municipio cruceño entre enero y marzo de este año.

“Ha dispuesto que, en el plazo de 24 horas, el fiscal departamental pueda dictar una nueva resolución con base en los lineamientos que ha expuesto el propio Tribunal Constitucional, de tal suerte que eso obedece a una reapertura del proceso a fin de que pueda ser el Ministerio Público quien tenga que investigar todos estos hechos de corrupción”, aseveró en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

La autoridad edil explicó que la resolución surgió en atención a un Amparo Constitucional presentado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, porque Mariaca rechazó la denuncia del caso que fue interpuesta en mayo de este año por el alcalde Jhonny Fernández.

En ese contexto, Mérida dijo que se aportarán todas las pruebas colectadas para que el Ministerio Público realice la pesquisa respectiva.

Recordó que la denuncia del caso menciona que la exalcaldesa Angélica Sosa hizo las contrataciones observadas, con lo que se generó un daño económico de Bs 25 millones.

“Esa cantidad de contratos no solamente se trata de contratos. Ahora estamos trabajando ya en lo que respecta a ítems”, sostuvo.

La autoridad municipal mencionó, por otro lado, que la resolución jurídica emitida esta jornada por el Tribunal Constitucional detectó, además, una contradicción a las normas provocada por Mariaca en el caso, lo que coincidió con un análisis del Ministerio Público que determinó que los elementos que condujeron al rechazo de la denuncia no “estaban de acuerdo con la normativa”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que sectores políticos de oposición buscan politizar la detención de Marco Pumari utilizando mentiras y desinformación en un caso que viene desde una denuncia de 2019 y que es estrictamente judicial.

La autoridad, entrevistada en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, indicó que esa politización incluye falacias como que Pumari habría sido torturado, que estuvo desaparecido, que no había pruebas o que fue detenido por su forma de pensar.

Lamentó que algunos sectores políticos intenten politizar la situación de Pumari cuando “acá estamos hablando de un tema de justicia. Cuando se comete un delito, cuando hay responsabilidad penal en un caso, lo que corresponde es que actúe el Ministerio Público, que actúen los jueces”, indicó.

Pumari fue señalado por varios testigos por su rol en instigar la quema de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, en 2019, en el marco de los aprestos del golpe de Estado.

“Pumari es acusado por varios delitos, entre ellos obstaculización de procesos electorales en el año 2019.

El Ministro, en alusión a Carlos Mesa, lamentó que algunos sectores pretendan que existan bolivianos de primera y de segunda, es decir quienes se nieguen a declarar ante un fiscal pese a ser testigos de un caso.

Dijo que esas personas pretenden ponerse por encima de la ley e incurren en el encubrimiento de delitos.

Reiteró que la administración de justicia respetó el debido proceso en el caso Pumari y lamentó la campaña de desinformación y mentiras por parte de sectores opositores, como por ejemplo la senadora Centa Reck, que denunciaron torturas, detención indebida sin presentar una sola prueba de sus afirmaciones.

El Gobierno avanza en la reparación integral por el daño causado a las víctimas durante el régimen de facto de 2019. Aprobó un fideicomiso de hasta Bs 8 millones para entregar créditos, otorgó hasta Bs 100.000 a las familias afectadas, atención médica a los heridos, becas educativas, paquetes alimentarios y fuentes de trabajo.

El informe fue brindado por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien explicó que se requiere de una Ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional para reforzar y ampliar esa reparación integral a más personas, especialmente a los heridos y a los perseguidos políticos y judiciales.

Explicó que, en el marco del compromiso para la reparación integral del daño a todas las víctimas de los hechos ocurridos en el último trimestre de 2019, se aprobó el Decreto Supremo 4639, que autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural constituir un fideicomiso de hasta Bs 8 millones, con el fin de otorgar créditos de fomento a la producción para los familiares de los fallecidos y víctimas del golpe de Estado de 2019.

La autoridad explicó que esa y otras medidas forman parte de los resultados del diálogo con las víctimas y con representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El Ministro explicó que, “como Gobierno nacional, en las áreas que se han determinado en diálogo con las víctimas y con los expertos internacionales se ha indemnizado con 100 mil bolivianos a todas las familias de los fallecidos de los luctuosos hechos que hemos vivido en el país”.

Además de ello, también “se han atendido operaciones y todos los reembolsos necesarios. El tema de salud ha sido cubierto”, añadió.

El Gobierno también otorgó 1.500 becas educativas a las familias afectadas.

También se entregó un Bono alimenticio con apoyo del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).

En el campo laboral, se otorgó un ítem o contrato a un representante de cada familia afectada.

El Ministro explicó que se tiene el registro de 38 fallecidos, más de 100 personas heridas, cifra que es variable debido a que algunas personas continúan presentando sus documentos de respaldo.

Además de ello se tiene un registro en construcción de personas torturadas, perseguidos políticos y perseguidos judiciales. En esa categoría se encuentran aproximadamente 5.000 personas por lo cual se requiere la aprobación de una Ley para atender a ese sector.