El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este miércoles que solicitarán la detención preventiva de la exalcaldesa Angélica Sosa y del exjefe de Recursos Humanos del  municipio cruceño, Javier Cedeño, ambos involucrados y denunciados por la presunta creación de 800 “ítems fantasmas” para desviar recursos económicos en las gestiones anteriores. 

“El Ministerio Público va ir a la audiencia de medidas cautelares a sostener, primero, los indicios que hay en contra de los hoy aprehendidos e imputados; segundo, el peligro de fuga y, tercero, el peligro de obstaculización, fruto de ello es que se va a solicitar la medida excepcional de detención preventiva”, indicó Mariaca en contacto con la prensa cruceña.

Aseveró que la comisión de fiscales, a cargo del caso, ya presentó la imputación formal en contra de Cedeño y el juez ya programó la audiencia de medidas cautelares para esta tarde.

En tanto, en el caso, de Sosa la imputación formal está en proceso de redacción y se pretende que esta tarde sea presentada, por lo que se espera que su audiencia sea programada para este jueves.

Indicó que se pedirá la detención preventiva de ambos aprehendidos por riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación.

Aseveró que las órdenes de aprehensión se dieron en cumplimiento a lo que estipula el Código Penal y que ahora la Policía está a cargo del resguardo de ambos aprehendidos hasta que el juez determine cuál será su situación procesal.

“Lo que exige el Artículo 226 del Código de Procedimiento Penal se ha dado cumplimiento para que la comisión de fiscales puedan librar lo que es la resolución y el mandamiento de aprehensión en contra del señor Javier Cedeño como de la señora Angélica Sosa", explicó.

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, Patricio Mendoza, denunció este miércoles que en la alcaldía cruceña se detectó a familiares que trabajan en el área de salud. Indicó que solicitarán un informe ante sospechas de nepotismo.

“La alcaldía estaría contratando a familiares, estamos hablando más de cinco o seis familiares (…) Son varios familiares (…) estarían trabajando justamente en la alcaldía municipal en el área de salud”, indicó Mendoza a la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Según el diputado, están involucrados alrededor de seis integrantes de la familia Aguilera en el área de salud. Indicó que se solicitará un informe al Ministerio de Salud porque los involucrados en este presunto hecho de nepotismo pertenecen al área; pero, sobre todo, al municipio porque fueron ellos los que contrataron a este personal, por lo que se pedirá un detalle de las personas que permitieron estas irregularidades.

Indicó que estas personas ingresaron a trabajar en la pasada gestión, por lo que cuestionó que el actual alcalde Jhonny Fernández, en su calidad de concejal no haya cumplido con su rol de fiscalización y, en esta gestión, no haya denunciado estas irregularidades.

“(Los contratos) son de la anterior gestión, el alcalde (Jhonny Fernández) estaba en sus atribuciones de fiscalizar (…) vamos a pedirle un informe, la razón de porqué tienen que trabajar familiares en una sola institución, eso se llama nepotismo, otro hecho de corrupción”, denunció Mendoza.

Entre las personas observadas estarían: Ruth Aguilera, Rolando Aguilera, Beatriz Aguilera y Patricia Aguilera, entre otros.

Anunció que se realizará la petición de informe al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz para conocer quién realizó los contratos, con qué certificaciones para formalizar la denuncia ante el Ministerio Público.

“Vamos a pedir el informe correspondiente ¿Cuáles son los ítems? ¿Qué cargos tienen? ¿Dónde trabajan? para que alcalde responda sobre este tema. No puede haber nepotismo en una institución pública”, acotó.

La exalcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, involucró al actual burgomaestre, Jhonny Fernández, durante su declaración informativa ante la comisión de fiscales en calidad de denunciada. Indicó que hubo un acuerdo por 600 cupos entre ítems y contratos entre Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Santa Cruz Para Todos (SPT).

En las últimas horas, se difundió la reciente declaración de la exautoridad. Según la misma, cuando los fiscales consultaron a Sosa sobre si dispuso alguna auditoría al inicio de su gestión y qué concejales recomendaban las designaciones, respondió: “Del 2015 al 2020, a través de un acuerdo político que firmó (el exalcalde) Percy Fernández con la UCS a la cabeza del señor Jhonny Fernández Saucedo estando mi persona presente en la firma de ese acuerdo Juan Subirana, Loreto Moreno y el ingeniero Percy Fernández, la UCS tenía una amplia cantidad de ítems de contrato, aclaro que eran más de 600 personas entre ítems y contrato. Las listas la llevaban en ese entonces la señora Elvia López, señora Rea Borda, Johnny Fernández, Adali Suarez Arana, Rosario Schamissadine y don Jesús Cahuana, inclusive la secretaria de Mercados de esa época firmó (…) eran personas propuestas por esta contienda política que hicieron un acuerdo de gobernabilidad con el ingeniero Percy Fernández y la Sigla SPT”, se lee en la declaración de Sosa, que fue difundida por la red Unitel.

La declaración de Sosa se extendió aproximadamente hasta a las 03.00 de la madrugada de este miércoles. En la misma, solicitó que otros involucrados sean convocados para declarar por los supuestos ítems fantasmas en el municipio cruceño.

“(…) que se investigue a fondo este hecho reprochable que me indigna a mí, como a miles de ciudadanos, que se encuentre al señor (Antonio) Parada, prófugo de este caso, como así mismo se llame a declarar al secretario el señor Medina, los directores de esas secretarias y a toda la planta de Recursos Humanos, otra persona importante que debe venir a declarar es el Director de Tecnología y Método que ya lo indique en mi anterior declaración informativa como así mismo, revisando los cuadernillos con mi abogado, quiero conocer el nombre de esas 800 supuestas personas fantasmas que dice el alcalde haber entregado”, indicó Sosa.

Develó que varias personas fueron propuestas por UCS por el “acuerdo de gobernabilidad” que se firmó con la agrupación política Santa Cruz Para Todos de Percy Fernández. Solicitó conocer el nombre de las 800 personas que figuran con ítems fantasmas, además que se haga un seguimiento si las mismas siguen en la gestión actual y que se identifique el presunto daño económico al municipio.

La exalcaldesa interina fue aprehendida el martes a la espera de su audiencia. Es acusada de la presunta comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y uso indebido de influencias en el marco de las investigaciones de una presunta red de corrupción que operó en la alcaldía y causó un daño económico.

Testigos protegidos por la Fiscalía, en sus declaraciones, según el documento al que tuvo acceso Bolivia TV, señalaron que parte del dinero de los ítems fantasmas habría sido para costear la campaña política de la alianza entre Angélica Sosa a la Alcaldía y candidatos a diputados de Luis Fernando Camacho.

Los denunciantes que figuran como testigos protegidos de la Fiscalía, en sus declaraciones identificaron a los diputados de Creemos, José Carlos Gutiérrez, Carlos Arríen y Heidi Muñoz.

Según la declaración, Carlos Arríen los citó en la quinta municipal, sede de la parte administrativa de la Alcaldía, para firmar los contratos, como parte del convenio que tenía Creemos con el partido de Angélica Sosa, para que hagan campaña para Arríen y Gutiérrez.

“(…), entonces nos mandaron a la quinta municipal para firmar, éramos un grupo de 20 personas firmando, pero no pude ver qué firmé, porque no me dejaron ver lo que estaba firmando, pero yo nunca fui a trabajar a la quinta, no volví más y ya no supe qué se hizo”, señala parte de la declaración de uno de los testigos protegidos.

Al respecto, el director jurídico de la Alcaldía de Santa Cruz, Ever Mérida, dijo que de ser cierta la información, la Fiscalía debería convocar a los tres diputados para que presten su declaración. 

“A partir de haber sido decretado el tema de la reserva de actuados, nosotros no tenemos conocimiento y acceso a esa declaración, pero de ser cierto esto, obviamente tendría la necesidad de llamar o convocar a esas personas a efectos de que puedan prestar su declaración”, indicó en entrevista con el canal estatal.

Tampoco descartó, como municipio cruceño, ampliar la denuncia a los diputados, y también el tipo de delito.

“Es importante que a partir de este indicio, obviamente no se descarta la posibilidad de ampliar la denuncia frente a otras personas o ampliar el tipo de delito, porque, de acuerdo a lo que declara el testigo, que ha sido protegido, obviamente esto significa un favorecimiento al enriquecimiento ilícito”, concluyó.