La Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (CSTCB) condenó este martes el paro médico que rechaza la Ley de Emergencia Sanitaria. Esta organización calificó de “criminal” la medida de presión.

“El Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia, ente matriz del sector constructor del Estado Plurinacional de Bolivia, hace conocer a la opinión pública la censura ante el hecho criminal y atentatorio contra la vida de todos los bolivianos, como es el paro médico”, se lee en parte del comunicado.

El paro en el servicio de salud público a nivel nacional comenzó el viernes como medida de presión contra la norma que establece acciones para atender la segunda ola de la pandemia del COVID-19 en Bolivia.

La ley determina la conformación de un Consejo Nacional Estratégico para emergencias sanitarias, el control a clínicas privadas, la estandarización de precios de medicamentos, la inmunización masiva gratuita, la agilización de contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio.

Un sector de los médicos considera que la ley atenta a sus derechos y, con ese argumento, suspendió sus actividades desde el viernes en el sistema público de salud. Demanda la abrogación de la norma. Al respecto, la CSTCB considera que la medida de presión tiene intereses políticos y económicos.

“La Confederación de Trabajadores en Construcción de Bolivia, defensora de los derechos laborales y el respeto a las normas y leyes bolivianas, condena este hecho y exhorta a los trabajadores médicos a deponer sus actitudes criminales en contra de la salud de los bolivianos”, añade el comunicado.

La CSTCB pide también a las organizaciones sociales y a las autoridades asumir acciones en contra del sector médico que se mantiene en protesta.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este martes que las Fuerzas Armadas (FFAA) colaborarán con un plan operativo, personal y logística a la campaña masiva de vacunación contra el COVID-19, a fin de llegar hasta el último rincón del país.

“El objetivo es llegar hasta el último rincón de nuestra amada Bolivia y, para esto, debemos contar con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, que sabemos que gracias a su disciplina nos va a permitir cumplir esta meta que nos hemos trazado”, señaló, en una conferencia de prensa.

La autoridad gubernamental mencionó que la participación de esa entidad castrense se concretó luego de una reunión con el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y con el comandante en jefe de las FFAA, César Vallejos.

Dijo que en ese encuentro se determinó la conformación de una subcomisión de trabajo que determinará cuál será la logística que garantizará la cadena de frío necesaria para “que no se rompa en ningún momento” la seguridad, respecto a la aplicación de la dosis y la adición de los servicios de salud de cada unidad militar en la campaña de inmunización masiva.

“Bolivia está a horas de iniciar su proceso de vacunación, el más grande de la historia de la salud. En este sentido, no podemos permitirnos, desde ningún punto de vista, la posibilidad a un error”, enfatizó.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, explicó que la entidad castrense se sumará plena y activamente en la vacunación masiva. Aseguró que para ello cuenta con “un gran potencial”, con unidades militares grandes y pequeñas en todo el país, además de transporte aéreo, terrestre y naval.

“La otra ventaja que tienen nuestras Fuerzas Armadas, también, es la organización, la disciplina, hace que se complemente al plan de salud, al proceso de vacunación. La otra ventaja también que tenemos como Fuerzas Armadas son nuestras brigadas de sanidad médica que existen, con profesionales médicos, odontólogos, paramédicos que también se van a poner al servicio de este trabajo”, añadió.

Por su parte, el comandante en jefe de las FFAA, César Vallejos, dijo que el personal de esa entidad castrense comenzará la elaboración de un plan de ejecución inmediata para apoyar la vacunación masiva contra el COVID-19 en todo el país.

El 80% de los establecimientos de salud del país, tanto del sistema público como de la Caja Nacional de Salud (CNS), no acata el paro médico convocado por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria, que hoy cumple su quinto día de protesta, informó este martes la Defensoría del Pueblo, tras realizar una verificación.

Según un boletín institucional, la Defensoría visitó este martes 54 establecimientos de salud en todo el país, de los cuales 43 desempeñaban funciones con normalidad, lo que representa el 80%; y los 11 restantes, que equivalen al 20%, sí acataron la medida de presión.

De acuerdo al detalle brindado, de los 11 establecimientos que acataron el paro, seis pertenecen a la CNS y cinco al sistema público.

Del total de centros médicos visitados, 10 corresponden al primer nivel, 12 son de segundo nivel, 16 de tercer nivel y 16 de la CNS.

Los centros médicos que acataron el paro médico son: Centro de Salud HMB Holandés, de El Alto; PAISE CNS, de Cochabamba; Hospital Obrero “Jaime Mendoza”, de Chuquisaca; Hospital Obrero Nº 7 y Hospital Regional San Juan de Dios, de Tarija; Hospital Obrero N° 8, de Beni; Hospital Daniel Bracamonte, de Potosí; Hospital Roberto Galindo Terán, de Pando; Hospital Jaime Mendoza, de Llallagua; Hospital Rubén Zelaya, de Yacuiba; y Hospital Municipal San Juan de Dios, de Puerto Suárez, detalla el boletín.

Ésta se constituye en la tercera verificación que realiza la Defensoría del Pueblo al cumplimiento del paro médico. En la primera, llevada a cabo el viernes pasado, se estableció que el 73% de los establecimientos visitados no cumplía con la medida de presión; mientras que, en la segunda, efectuada el lunes, se concluyó que el 80% no acató.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados tiene programada durante esta semana la inspección a hospitales del país para conocer los efectos ocasionados por el paro del sector médico que rechaza la Ley de Emergencia Sanitaria.

El paro en el servicio de salud público a nivel nacional inició el viernes como medida de presión contra la norma que establece acciones en la lucha contra la pandemia del COVID-19, entre ellas, el control a clínicas privadas, la estandarización de precios de medicamentos y la inmunización masiva gratuita. Los médicos consideran que la ley atenta a sus derechos.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, dijo que una vez conocida la situación en los nosocomios se elaborará un informe. El documento será remitido al Ministerio de Salud e incluirá recomendaciones para que se cumpla con las sanciones que establece la normativa que rige en el país desde el 17 de febrero.

Según el Artículo 36 de la Ley de Emergencia Sanitaria, las personas naturales que comentan faltas serán sancionadas con multas desde 50 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda), es decir, Bs 117,5 en casos más leves, y hasta 1.000 UFV (Bs 2.350) en casos más graves.

Para personas jurídicas, se determina sanciones desde 1.000 UFV (Bs 2.350) en los casos leves y hasta 10.000 UFV (Bs 23.500) en los casos más graves.