El diputado Héctor Arce dijo que las revelaciones de la exministra Roxana Lizárraga sobre los entretelones del gabinete de Jeanine Áñez, muestran de manera descarnada el cuoteo de altos cargos por parte de Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa.

El legislador, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, añadió que esas revelaciones mostraron que los integrantes de ese régimen se dedicaron a asaltar el Estado mientras los uniformados reprimían en las calles.

Dijo que las declaraciones de Lizárraga confirmaron que Arturo Murillo fue “impuesto por Doria Medina” ya que ambos tienen que ver con su partido, Unidad Nacional.

Además, “es insostenible ocultar que tanto CC (Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa) y Creemos (de Luis Fernando Camacho) fueron parte de ese régimen golpista, fueron parte de ese gobierno”, manifestó.

Recordó que Camacho, por su lado, impuso a Luis Fernando López como Ministro de Defensa mientras que Mesa delegó a su jefe de campaña, Ricardo Paz, “para que vea quien iba a ser el Gobierno”.

“El régimen golpista ha estado cuoteado, compuesto de las organizaciones políticas CC, Creemos y otros actores políticos como Samuel Doria Medina, Camacho y otros que impusieron” a su gente en el aparato del Estado, sostuvo Arce.

En ese sentido, lamentó que las agrupaciones políticas de Mesa y Camacho en el Legislativo defiendan las masacres ocurridas en 2019, la corrupción, a Jeanine Áñez y a Arturo Murillo, durante la interpelación al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, efectuada este martes en la Asamblea Legislativa Plurinacional.   

La exministra de facto de Comunicación, Roxana Lizárraga, admitió el lunes que firmó el decreto supremo que daba impunidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para masacrar a los bolivianos que lucharon en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) contra el golpe de Estado perpetrado en noviembre de 2019.

“Solamente yo puse mi firma para que salgan las Fuerzas Armadas y la Policía para que no hagan explotar la planta de Senkata”, admitió en una entrevista en el programa Encontrados de radio Fides.

El Gabinete de facto firmó un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares desplegados en las movilizaciones, situación que alarmó a los organismos internacionales.

La orden, que regulaba la intervención de las Fuerzas Armadas al lado de la policía en las calles del país, fue emitida el mismo día en que al menos nueve manifestantes fallecieron a manos de los uniformados en Sacaba. Hasta ese momento, ya se contabilizaban 23 muertes y decenas de heridos.

El Artículo 3 del Decreto Supremo N° 4078 señalaba que “el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actué en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

Al respecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), condenó dicho documento. Asimismo, Human Rights Watch pidió su derogación.

También la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet expresó su preocupación por los excesos de las fuerzas de seguridad en un contexto extremadamente volátil en el que la brecha entre las partes parecía insalvable.

Ante los cuestionamientos, luego de 14 días, la normativa fue derogada.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, anunció este martes que el Gobierno nacional llevará el caso del supuesto fraude electoral al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante tribunales internacionale, para denunciar el abuso del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.

“Esta Asamblea ha designado el exministro de Justicia, Héctor Arce, porque vamos a llevar este caso ante los tribunales internacionales, lo vamos a llevar al Consejo de Seguridad y lo vamos a llevar ante todas las instancias necesarias, porque lo que ha ocurrido en este país es un abuso de la OEA y de (Luis) Almagro a la buena fe que ha tenido el expresidente (Evo) Morales y el MAS para permitir que se revisen todas las actas y se realice una auditoría electoral”, subrayó.

La afirmación fue desarrollada durante el acto de interpelación al que Lima fue convocado a petición de legisladores de la oposición (Comunidad Ciudadana y Creemos) para explicar sobre la detención de Jeanine Áñez.

Durante su intervención, la autoridad recordó que el informe presentado por la OEA no tiene valor jurídico, no es vinculante y no cumple con los argumentos y fundamentos establecidos en el acuerdo firmado por la representación boliviana y el secretario general de ese órgano internacional, Luis Almagro.

“No se ha cumplido el plazo que hemos pactado con la OEA, el 10 de noviembre, no se ha entregado un informe final, se ha entregado uno preliminar y el que se entrega en diciembre se entrega fuera de plazo, no se ha cumplido los elementos mínimos de plazo, de forma, de consideración de lo que debe ser una auditoría electoral y no tiene la constatación y las características de una auditoría en Bolivia y en la región”, manifestó.

Asimismo, a tiempo de recordar que en los nueve departamentos del país se determinó el sobreseimiento de los vocales de los tribunales departamentales electorales acusados del supuesto fraude, instó a los legisladores de oposición a presentar una acusación particular ante los tribunales de justicia para sustentar sus acusaciones.

“A todos aquellos que vienen haciendo acusaciones en contra de los fiscales y en contra de la justicia, que presenten acusaciones particulares, vayan a los tribunales de justicia y presenten las pruebas, presenten las actas falsificadas, presenten las papeletas que han sido adulteradas, presenten una sola prueba; no ha habido prueba que determine un fraude electoral en este país”, ratificó.

Al finalizar la interpelación, la Asamblea Legislativa aprobó el orden del día puro y simple y emitió su voto de confianza al titular de Justicia.

Tras la revelación hecha por la exministra de Comunicación del régimen de facto de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga, sobre el hecho de que un gobierno “amigo” proporcionó en calidad de “préstamo” agentes químicos para la Policía y las Fuerzas Armadas, luego de consolidado el golpe de Estado de noviembre de 2019, el exasambleísta Gustavo Torrico indicó que esta figura no puede presentarse cuando se trata de armamento, sea letal o no.

“No hay esa figura de préstamo de agentes químicos, de ningún tipo de arma, sea esta letal o no letal, como son los gases lacrimógenos”, afirmó.

Lizárraga, en una entrevista, sostuvo que al conocer que la Policía y las FFAA no contaban con agentes químicos para dispersar un supuesto intento de hacer explotar la planta de Senkata, el gobierno de facto solicitó un préstamo de estos agentes químicos.

“Realizo personalmente una gestión para que nos puedan ayudar con agentes químicos, por eso sé que al país han llegado agentes químicos para impedir que explote la planta de Senkata”, sostuvo.

Este préstamo, según Torrico, no podría llevarse a efecto si se respetaban las normas internas de cada Estado.

“No hay préstamo, o sea, un Gobierno te podrá donar si tú quieres o te puede regalar cualquier tipo de armamento, los gringos pueden hacer eso, incluso Brasil te puede regalar si tú quieres y haces los acuerdos, pero no hay tal préstamo” ratificó.

En la entrevista, Lizárraga, además, ocultando el origen del préstamo, mencionó que se recibió una buena cantidad de agentes químicos, porque según una supuesta información de Inteligencia, podía ocurrir una guerra civil.

“Lo que iban a hacer estos extranjeros, ya les dije, no solo estamos hablando del masismo, estamos hablando de gobiernos como Irán, Siria, Hezbolá, las FARC, estamos hablando de cosas grandes y peligrosas”, sostuvo la exministra, en sintonía con las declaraciones que emitió Arturo Murillo para justificar la masacre de Senkata.

“Cuando se conoce ya del escándalo de corrupción del tema de los gases, que se da en abril, que lo conocemos más o menos por esas fechas, yo creí que habían adquirido los gases para devolver a este país amigo, y realicé la consultas y no devolvimos absolutamente ni un solo gas”, acotó.

En este contexto, Torrico señaló que, si el préstamo de agentes químicos se efectuó por trámite personal y de otros ministros del gobierno de facto, se hizo un uso indebido de influencias y un daño económico al Estado que debe ser investigado.

Finalmente, ratificó que legalmente no existe la figura de un préstamo de agentes químicos. “No se da, no se puede dar, imagínate que vayan y digan présteme, no hay tal, eso es armamento que son de los Estados”, resaltó Torrico.