El 17 de julio de 1980, García Meza encabezó un golpe de Estado que impidió la toma de poder de Hernán Siles Zuazo. Ese día, militares irrumpieron en la Central Obrera Boliviana con la orden de torturar y asesinar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, desde entonces se desconoce el paradero del líder socialista y del dirigente sindical Carlos Flores Bedregal, ambos fueron desaparecidos.

García Meza se mantuvo en el gobierno de facto hasta el 4 de agosto de 1981. En este periodo se produjeron 26 desapariciones forzadas. El 15 de enero de 1981, nueve dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria fueron asesinados cuando se encontraban reunidos en la calle Harrington de la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz, según datos de la Comisión de la Verdad, que este año entregó 11 tomos empastados de investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad acontecidos en Bolivia entre el 4 de noviembre de 1964 y 10 de octubre de 1982, señala un reporte del periódico Ahora El Pueblo.

La masacre de la calle Harrington la dirigió el entonces ministro del Interior Luis Arce Gómez (quien falleció el 30 de marzo de 2020), fue uno de los condenados por las operaciones coordinadas de las dictaduras sudamericanas, en el Plan Cóndor, durante las décadas de 1970 y 1980, al igual que García Meza, fallecido el 29 de abril de 2018.

Arce Gómez fue encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico y en Bolivia fue condenado a 30 años de prisión, la pena máxima, por delitos de alzamiento armado, genocidio y asesinato. Ninguno de los militares reveló el paradero de los restos de Quiroga Santa Cruz, quien es recordado y vive en la memoria de los bolivianos por su labor como parlamentario, fundador del Partido Socialista-1 (PS-1) y luchador incansable en defensa de los recursos naturales.

Como diputado en 1979, presentó al Congreso la demanda de un juicio de responsabilidades contra el dictador Hugo Banzer Suárez (1971-1978) y sus colaboradores por los delitos cometidos contra la economía nacional y popular, la seguridad e integridad territoriales y los derechos humanos. La bancada socialista presentó cerca de treinta proyectos de ley en cumplimiento del programa socialista por el que fue elegido, orientados a resguardar los intereses nacionales y populares, reseña una cronología del Partido Socialista.

La historia de las dictaduras en Bolivia, entre ellas la de García Meza, fueron investigadas por la Comisión de la Verdad —conformada el 21 de agosto de 2017— con la finalidad de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, fundados en motivos políticos e ideológicos. En su trabajo, lograron la desclasificación de 6.000 expedientes de las víctimas de las dictaduras, los que fueron dados a conocer a la Asamblea Legislativa Plurinacional a fines de 2019.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) conformó un frente único para combatir la desinformación en la región. La decisión fue asumida luego de culminar una reunión con presidentes, presidentas y representantes de medios de comunicación.

El secretario ejecutivo de la ALBA-TCP, Sacha Llorenti, indicó que el objetivo es fortalecer la verdad mediante el desmontaje de campañas mediáticas para defender los intereses de los pueblos como en el caso de Cuba.

“No solamente la solidaridad ha sido de Venezuela, de Nicaragua, de los países del ALBA, sino mucho más allá, incluso en los Estados Unidos, en Europa, África y Asia, manifestándose en favor de la Revolución cubana”, dijo, según un reporte de Venezolana de Televisión (VTV).

Según el portal de este canal, expresó que el pueblo cubano ha manifestado durante 60 años su solidaridad, enviando médicos. “Mientras que Cuba enviaba médicos a Nicaragua, el Gobierno de Macri enviaba armas para la dictadura y se consolidara un golpe de Estado en Bolivia”, aseguró.

Los parlamentarios supraestatales rindieron este viernes homenaje a La Paz por el 212 aniversario de la gesta libertaria y su aporte al desarrollo del país.

“Este 16 de julio, queremos rendir nuestro homenaje al departamento de La Paz que, hoy por hoy, es considerado como el departamento pujante, con una economía variada, con sus industrias manufactureras, su extensa agricultura, ganadería, pesca, artesanía, gastronomía y turismo que, a pesar de la pandemia, continuamos llevando adelante el sostenimiento de nuestra economía nacional”, dijo la coordinadora de los parlamentarios supraestatales, Martha Ruiz.

La Paz conmemora este 16 de julio los 212 años de la Revolución de similar fecha de 1809, que tuvo como uno de los protagonistas principales a Pedro Domingo Murillo, uno de los precursores de la Independencia.

Durante esta jornada, se realizaron en La Paz actividades protocolares en el marco de su efeméride.

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, pidió este sábado que la coordinación subterránea de algunos países en apoyo al golpe de Estado de 2019 no quede en la impunidad, para que no vuelva a repetirse en la historia de los pueblos de la región.

“El hecho de que haya habido situaciones no aclaradas o tergiversadas, negadas, gravísimas contradicciones son situaciones que no deben quedar en la impunidad (…), no con el afán de perjudicar a nadie, ni tomar revancha ni tomar venganza de nadie, simplemente para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en nuestros países”, señaló, en el marco de la reunión especial de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento Andino.

Bolivia denunció que los gobiernos del expresidente de Ecuador, Lenin Moreno, y su entonces homólogo de Argentina, Mauricio Macri, proveyeron armamento bélico y antimotín para reprimir al pueblo durante las protestas populares que rechazaron el golpe de Estado suscitado en 2019 para imponer al gobierno de facto de Jeanine Áñez.

El representante diplomático indicó que la cooperación de algunos países conservadores para derrocar a un gobierno legalmente constituido y de corte revolucionario, como el existente en Bolivia en 2019, es un antecedente terrible y nefasto para la lucha por los derechos humanos.

Recalcó que lo sucedido en ese caso puede considerarse como una restitución del denominado “Plan Cóndor”, que fue una campaña de represión política y de terrorismo de Estado respaldada por Estados Unidos en los años 70 del pasado siglo, y que incluía operaciones de inteligencia y asesinatos de opositores a regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

“Mucha de nuestra juventud ya no se acuerda, pero que nosotros, que hemos estudiado los derechos humanos a profundidad, sabemos lo nefasto, lo grave, lo terrible que ha sido”, sostuvo.

El embajador de Bolivia ante la OEA dijo, por último, que planteará la realización de una investigación en ese organismo internacional sobre el caso, que a su juicio tendrá el respaldo de varios países que entienden la gravedad de los hechos.