El diputado cochabambino Héctor Arce (MAS) solicitó este miércoles a las fuerzas del orden desarticular definitivamente algunos grupos paramilitares, como la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que actuó como una fuerza irregular y durante el gobierno de facto.

“¿Qué institución, qué norma le dio esa atribución a este grupo paramilitar, grupo irregular para hacer patrullaje en las calles de Cochabamba?, ¿quién les dio esa atribución?, las únicas instituciones por, Constitución, es la Policía que debe dar seguridad interna del país y las Fuerzas Armadas seguridad externa”, cuestionó.

Advirtió que si no se procede a cortar de raíz el accionar de estos grupos irregulares, las consecuencias pueden ser mayores posteriormente.

“Si nosotros no cortamos de raíz estos grupos irregulares, el día de mañana, como en otros países, Colombia, México y otros, van a empezar a secuestrar a nuestras familias, a nuestros hijos, van a empezar a extorsionar, por tanto, debemos cortar de raíz este tipo de organizaciones irregulares”, ratificó.

Sobre la detención de Milena Soto, miembro del grupo irregular RJC, refirió que, así como fue valiente para perseguir y golpear a gente humilde en Cochabamba, debe defenderse en las instancias judiciales.

“Sabemos muy bien como cochabambinos cuál fue su rol, su participación en estos patrullajes paramilitares que generaron terror, llanto y muerte en Cochabamba, por lo tanto, tiene que responder por sus actos. Así como fue tan valiente para estar en motos con miles de motoqueros, hoy debe ser valiente para asumir su responsabilidad”, subrayó.

El senador Leonardo Loza (MAS) señaló este miércoles que el informe del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que indica que no se encontró “sentencia, declaración o auto constitucional” sobre la presunta sucesión constitucional de Jeanine Áñez, en noviembre de 2019, confirma que se gestó un golpe de Estado en Bolivia.

“Nuevamente, nos confirma que ha habido golpe de Estado, que no han respetado la Constitución Política del Estado, que no han hecho las cosas como correspondía, sino de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional tomaron el Gobierno”, manifestó.

Adelantó que luego de que el Senado reciba el documento oficial, será sometido a un análisis para ver si esta instancia legislativa asume alguna determinación al respecto, toda vez que fue en sus instalaciones en las que Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta. 

“Es un tema que hay que discutir, debatir, nuestro país ha vivido momentos muy difíciles socialmente, teníamos ahí supuestamente una presidenta que andaba alegando que era constitucional, así que amerita mucho debate, mucha discusión, no solo al interior de la Asamblea, sino en muchas esferas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”, apuntó Loza.

Por su parte, el diputado Juanito Angulo afirmó que el informe del TCP se constituye en una prueba documental más de que, en noviembre de 2019, se gestó un golpe de Estado en Bolivia.

“Entonces, este documento público de una instancia fundamental como es el TCP, se constituye como una prueba material más, o prueba documental, donde se establece pruebas de lo que ha sido el golpe de Estado, de lo que se ha incumplido el procedimiento constitucional de la sucesión presidencial. En consecuencia, ha sido golpe, es lo que establece esta nota”, mencionó.

Finalmente, el senador Adolfo Flores indicó que este hecho debe quedar como antecedente para que el TCP no emita comunicados fuera del procedimiento constitucional.

“Para que todos los procedimientos sean constitucionales, no volver a cometer ese error de los tribunales constitucionales, que sacan un comunicado fuera de procedimiento. Tiene que enmarcarse en la Constitución, más allá que las solicitudes y demandas de varios juicios de responsabilidades, tenemos que enmarcarnos en la Constitución y las leyes”, subrayó.

La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) violentó su código de conducta en 2019. Esta revelación se encuentra en el libro El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia (un testimonio), escrito por el exministro de Minería, César Navarro, en el que detalla que los miembros de esa delegación vulneraron la normativa interna que rige el funcionamiento de las misiones de observación y desconocieron la Constitución Política del Estado.

“El Twitter del 20 de octubre, el comunicado del 20 de octubre y el informe preliminar de la misión de observación, que fue presentado el 23 de octubre, prácticamente estas tres acciones continuas públicas, primero violan la normativa interna que rige el funcionamiento de las misiones de observación, que son los principios fundamentales y los códigos de conducta para que cumplan con estas normas lo veedores internacionales”, mencionó Navarro este miércoles en contacto con Bolivia TV.

Las misiones de observación, por norma, primero deben respetar la Constitución Política del Estado del país anfitrión, las leyes y reglamentos que rigen el funcionamiento electoral; pero, además, el código de conducta prohíbe de manera taxativa que los observadores electorales tengan una comunicación directa con la sociedad, a través de los medios de comunicación.

“Lo que hizo la observación electoral fue prácticamente violentar su código de conducta, desconocer nuestra Constitución, porque se puso a proclamar segunda vuelta sin siquiera tener el resultado del cómputo oficial, pero además negando su participación como misión de observación electoral en los conteos oficiales de los nueve tribunales electorales departamentales”, reveló.

“Por eso, haciendo esa revisión, nosotros definimos denominar el fraude de la OEA, porque prácticamente quien hace el fraude en nuestro país el 2019, es la OEA, porque ese informe preliminar y el informe final prácticamente no tienen un nivel que sea mínimamente aceptado por ninguna institución y organismo”, acotó la exautoridad.

El libro también contiene una explicación sistemática y detallada de cómo se fue organizando el golpe de Estado en años anteriores, además de cómo se articula, construye y quiénes son los actores políticos.

El canciller Rogelio Mayta destacó la gestión de vacunas contra el COVID-19 que garantiza la campaña nacional de inmunización gratuita para la población boliviana en época de pandemia.

“Después de estos ocho meses de Gobierno, nuestra evaluación es positiva. Hemos cumplido nuestra misión y la seguimos cumpliendo. Vacunas habrán, están tomadas las previsiones para eso”, aseguró en entrevista con medios estatales.

Desde el 1 de julio, Bolivia vacuna sin restricciones contra el COVID-19 a partir de las personas mayores de 18 años.

La noche del miércoles 30 de junio, el presidente Luis Arce hizo conocer esta nueva etapa de la campaña nacional de inmunización y, además, confirmó la llegada de 8.133.000 vacunas de Sputnik V, Sinopharm y Johnson & Johnson.

El canciller Mayta resaltó que la adquisición de vacunas es el resultado de las buenas relaciones bilaterales que se tiene con países aliados, sobre todo, con China y Rusia.

“Es otra línea estratégica de nuestro accionar en el proceso de fortalecer nuestras relaciones internacionales, eso nos ha permitido tener un alto relacionamiento”, aseveró.

En enero, Bolivia se convirtió en el segundo país en la región en obtener 20.000 vacunas rusas Sputnik V después de Argentina, y uno de los primeros en el mundo. A eso, el Estado sumó la adquisición de los inmunizantes Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson.