El jefe de la bancada de Creemos en la Cámara de Diputados, Erwin Bazán, arremetió este jueves en contra de los cuatro diputados disidentes de su agrupación ante la posibilidad de que puedan habilitar los dos tercios que se requieren en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para aprobar los juicios de responsabilidades contra Jeanine Áñez.

Nuevamente acusó a los diputados disidentes de esa agrupación de “haberse vendido” al Movimiento Al Socialismo (MAS) y de haber recibido beneficios políticos y económicos.    

“Nosotros no negociamos con el MAS y no convivimos con la inmoralidad política de quienes sí fueron elegidos para luchar contra el MAS y después negocian con él”, dijo.

El exvocero del arzobispado cruceño recordó, además, que está en curso el proceso para quitarles el curul parlamentario a los diputados disidentes de Creemos.   

“Presentamos la denuncia ante el TSE, una denuncia que tuvo sus inconvenientes porque el anterior Tribunal presidido por Salvador Romero tuvo una elección subnacional entre medio, que tuvo que resolver; después Salvador Romero renunció. Entiendo que en las últimas semanas el Tribunal Electoral ha tomado conocimiento del caso, ya verá en que tiempos resuelve esto”, señaló.

A principios de año, los diputados de Creemos Sandra Paz, Runny Callaú, Omar Rueda y Tito Caero, decidieron tomar un camino político distinto al de la agrupación de Fernando Camacho, desde entonces son repetidas las arremetidas de su bancada en su contra.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, negó este jueves que exista alguna forma de persecución o chantaje en el juicio de responsabilidades que se iniciará contra Carlos Mesa, cuya proposición acusatoria fue aprobada el miércoles en la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.  

“Aquí no hay una persecución ni hay un chantaje, eso tiene que quedar claro para el pueblo boliviano, esa denuncia se presentó en su momento y como corresponde la Comisión Mixta lo trató”, mencionó. 

Recordó que el caso Quiborax, que involucra al jefe de Comunidad Ciudadana (CC) y por el cual podría ser enjuiciado, data del año 2004 en el que durante su gobierno se anuló las concesiones con la empresa minera chilena Non Metallic Minerals S.A., lo que significó para Bolivia una pérdida de más de $us 42,6 millones. 

“Este caso Quiborax data del 2004, antes de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) llegue al gobierno. Felicitar a la Comisión Mixta que ha reestablecido su trabajo y está cumpliendo como corresponde, aquí no hay persecución ni chantaje, eso tenemos que aclarar al pueblo boliviano”, ratificó. 

Sobre las proposiciones acusatorias contra Jeanine Áñez, dijo que será la misma Comisión Mixta que tratará las solicitudes que recibió el Legislativo para aprobar o no un juicio de responsabilidades. 

“Una vez que se trate, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (David Choquehuanca) convocará a una sesión plenaria para seguir el procedimiento establecido en el reglamento”, complementó.

Por difamación, la diputada Samantha Nogales, de la bancada de Comunidad Ciudadana, será denunciada ante la Comisión de Ética, debido a que hasta la fecha no presentó ni una sola prueba del supuesto soborno del que habría sido objeto por parte de sus pares del oficialismo, informó este jueves el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.    

“Samantha Nogales, diputada de Comunidad Ciudadana, denunció que el MAS estaría intentando sobornarla, hemos revisado y hasta este momento no hay una denuncia escrita presentada ante la presidencia de la Cámara de Diputados, para derivar ante la Comisión de Ética”, señaló.

En este sentido, apuntó que, al no contar con pruebas, se determinó que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentará una denuncia por difamación contra Nogales ante la Comisión de Ética de esa instancia legislativa.

“Nosotros como Gobierno, como autoridades electas, con la responsabilidad ante el pueblo boliviano, no vamos a permitir absolutamente ni un centímetro de avance en temas de corrupción, apenas encontremos vamos a caer con todo el peso de la ley; por eso se ha esperado a la compañera, no solamente es lanzar a los medios de comunicación sin presentar pruebas, ni presentar la denuncia como corresponde”, indicó.

Hace tres días, Nogales denunció que personas del MAS intentaron sobornarla para que apoye el juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta de facto Jeanine Añez, sin presentar ninguna prueba, hecho que posteriormente fue respaldado por la bancada de CC.

“Entonces esta denuncia se convierte en una difamación, como no ha presentado pruebas, ni denuncia contra aquel colega que estaría sobornando, entonces inmediatamente nosotros vamos a iniciar un proceso a esta compañera”, recalcó.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, dio a conocer este jueves que Oruro comenzó a entregar propuestas para la reforma judicial en Bolivia.

“Hoy, iniciamos con la ruta crítica en el departamento de Pantaleón Dalence, el padre de la justicia boliviana. Estamos buscando escucharnos entre bolivianos, construir una reforma en unidad. Recibí una carpeta de propuestas en el departamento. Hay una preocupación y una motivación especial de los administradores de justicia”, aseveró.

El Gobierno dio inicio en Oruro al proceso nacional de socialización de los ejes de la reforma judicial con el compromiso de trabajar por la independencia, transparencia y accesibilidad en la administración de justicia.

“No buscamos estudios técnicos, estudios sofisticados de grupos de abogados, sino entender a nuestro pueblo y qué es lo que quiere de la transformación de la justicia. Estamos abiertos a todas las reuniones, a todas las propuestas y al trabajo de todos”, aseguró en entrevista con Bolivia TV.

La propuesta gubernamental para la reforma de la justicia establece seis ejes temáticos para desarrollar: balanceo del conflicto, sistema de acceso a la justicia, independencia judicial, soluciones TIC, desarrollo normativo y transparencia institucional.

Informó que el martes será el turno de Tarija en la labor de socialización. Explicó que los equipos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, junto a diferentes instituciones, trabajarán de manera simultánea en todo el país.

El Gobierno nacional prevé un trabajo de 90 días dedicados a la socialización del plan y a la recepción de sugerencias; luego, aplicará una segunda fase con acciones de sistematización pública de propuestas y una última etapa para determinar fechas y costos de la reforma.