El presidente del Parlamento Andino, Adolfo Mendoza, sostuvo este viernes que el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el gobernador Fernando Camacho utilizan a indígenas en una movilización a favor de intereses latifundistas.

“Esta forma escandalosa que tiene el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el señor Camacho de utilizar a un componente simbólico de lo indígena beniano es algo que reproduce esta condición de dominación entre dos hermanos departamentos (Beni y Santa Cruz); pero, en realidad, respecto de las propias élites cruceñas que promueven esta asimetría, esta condición subordinada de patio trasero, donde el indígena es visto como el mozo, como el pongo, aquel que se puede comprar para defender los intereses de un latifundista”, sostuvo en entrevista con Bolivia TV.

Desde hace dos semanas, indígenas protagonizan una movilización que se dirige de Beni a Santa Cruz sin un pliego petitorio. Tiene previsto llegar el 24 de septiembre, día de la efeméride cruceña.

“Intentan llegar a Santa Cruz para utilizar la fecha en defensa de intereses, de privilegios, en defensa de los intereses latifundistas. Entonces, ni siquiera allí está detrás solamente la figura del señor Camacho, detrás del señor Camacho están los verdaderos interesados de motivar este tipo de conflictividades artificiales en nuestro país y son aquellos que defienden el latifundio”, aseveró.

Puso el caso de  Branko Marinković, exdirigente cívico y exministro del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, que se benefició en el régimen de titulación de tierras.

“No se trata de un movimiento indígena, se trata de un brazo utilizado por el movimiento cívico para defender intereses latifundistas. Entonces, ya queda clara ahí la diferencia entre movimiento indígena y lo que está sucediendo con estos sectores”, dijo Mendoza.

Se prevé que el gobernador Fernando Camacho, cuyos seguidores exhortaron a la población a “apadrinar” a cada uno de los marchistas, reciba a la movilización.

El miércoles, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, invitó a los miembros de la movilización a presentar su pliego petitorio para recibir la atención del Gobierno. Pidió que no dejen que otros actores politicen y se aprovechen de las demandas.

La embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, dijo este jueves que la veracidad del ataque contra el avión que rescató al expresidente Evo Morales en el aeropuerto de Chimoré (Cochabamba), en noviembre de 2019, no puede ser puesta en duda, porque fue relatado por militares de larga trayectoria y prestigio.

“Dadas las circunstancias que se estaba viviendo no se puede descartar y es algo de lo que no podemos dudar porque, además, quiero mencionar aquí que los que venían a cargo de esta misión son personas con una larga trayectoria (…). O sea, se trató de un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana con muchos años de trayectoria y con mucho prestigio, que no iba a poner en riesgo esa trayectoria”, señaló en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

En el caso de la veracidad del informe oficial, la diplomática explicó que el jefe de la misión organizada para rescatar a Morales es un general con una carrera profesional de más de 45 años y el piloto a cargo del avión es un coronel de la Fuerza Aérea Mexicana con una experiencia superior a los 25 años.

La embajadora recordó que el presidente de México, Manuel López Obrador, ordenó que el mandatario Evo Morales sea rescatado, porque hizo una solicitud urgente de asilo para él y sus colaboradores más cercanos por los hechos de violencia post electoral registrados y posterior golpe de Estado en noviembre de 2019. 

“México tramitó estas solicitudes de asilo con la urgencia que se necesitaba, dadas las condiciones que estaban prevaleciendo en Bolivia”, sostuvo.

La representante diplomática manifestó que el rescate aéreo de Morales fue autorizado por las secretarías de Relaciones Exteriores y la Defensa Nacional de México, puesto que “se consideraba que su vida e integridad física corrían peligro”.

El pleno de La Cámara de Diputados aprobó este jueves, por mayoría absoluta en sus estaciones en grande y detalle, el Proyecto de Ley N° 253/2020-2021, que regula la producción de estadísticas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La iniciativa legal rige para entidades productoras de estadísticas oficiales, informantes y usuarios de estadísticas.

“El Decreto Ley N° 14100 de 1976 tiene una antigüedad de 45 años, por lo que se hace necesario modernizar la normativa estadística, acorde al nuevo ordenamiento jurídico y a la realidad socioeconómica del país”, explicó la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, durante la sesión plenaria.

En su artículo 5, el proyecto establece el “secreto estadístico”, que consiste en la protección de los informantes, de modo que los datos brindados por estos sean publicados de forma anónima. 

“Asimismo, no podrá ser utilizada con propósitos tributarios, judiciales, administrativos o policiales, aunque medie orden administrativa o judicial”, indica el documento. 

La normativa que cuenta con 33 artículos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición abrogatoria y una disposición final única, fue remitida al Senado para su respectiva consideración.

Con la finalidad de verificar las condiciones en las que se encuentran las y los privados de libertad, una comitiva de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados iniciará en Tarija la inspección de centros penitenciarios de todo el país, confirmó este jueves el diputado Hernán Durán, miembro de esa instancia legislativa.

“Se está haciendo un cronograma de visitas a los diferentes departamentos, a los centros penitenciarios, de los cuales vamos a participar todos los que somos parte de la Comisión para verificar que no exista vulneración a los derechos humanos”, mencionó.

Señaló que la iniciativa surgió luego de que la Comisión tuvo conocimiento de varias denuncias por tratos desiguales entre los reclusos de los centros penitenciarios del país.

“De acuerdo al cronograma, en primer lugar, se va a visitar Tarija, después se pasará a Pando, Beni y así sucesivamente. La comitiva estará conformada por dos diputados de la Comisión”, ratificó.

Al concluir la actividad, los legisladores delegados emitirán un informe al pleno de la Comisión, con el fin de verificar el estado de las y los privados de libertad y determinar si existe o no vulneración a los derechos humanos.